Blogoteca: septiembre 2011

jueves, 29 de septiembre de 2011

En evidencia la camelancia de las empresas públicas

Luis María ANSON
El lector de El Imparcial ha asistido a la denuncia que en los últimos años vengo haciendo de las empresas públicas. La inmensa mayoría son innecesarias. Se han creado para que los políticos coloquen en ellas a sus parientes, amiguetes y paniaguados. Constituyen una muestra sangrante del despilfarro público. Con el dinero de los contribuyentes se crea una empresa artificial y, a través de ella, se pagan sueldos a los enchufados de los partidos políticos. Cerca de 4.000 empresas públicas existen en España, fabricadas por la Administración central, por la Administración autonómica, por la Administración provincial, por la Administración municipal. Tal vez no pasen de 400 las empresas públicas que tengan sentido. Las demás son una pura camelancia.

José Ramón Bauzá, nuevo presidente de Baleares, ha cerrado de un plumazo 92 de las 168 empresas públicas que devoraban el presupuesto de las islas. Es el reconocimiento a lo que vengo diciendo desde hace muchos años. Ahora solo cabe señalar responsabilidades. ¿Quiénes han creado en Baleares las empresas que no servían para nada? La opinión pública tiene derecho a conocer los nombres de los responsables del atropello y también los de aquellas personas que se han beneficiado, a costa del dinero de los contribuyentes. Hay que desenredar las trapisonderías de los políticos y proceder judicialmente contra los que hayan podido delinquir en la mala utilización de los fondos públicos.
Aplauso, pues, para el presidente Bauzá. Y el aliento para que las cosas no se queden ahí, para que se proceda contra los manirrotos y los corruptos. La opinión pública permanece atónita a la espera de que se clarifique todo lo que ahora está oscuro o enmascarado.

Luis María ANSON
de la Real Academia Española

Todos los artículos de este autor

El pánico socialista al ridículo, por Cristina Losada

Un estudio de la Fundación Alternativas, que no es precisamente madriguera neocon, indica que el partido Socialista ha perdido el apoyo tradicional que los votantes no ideológicos prestan a quien sea que ocupe y hasta okupe el Gobierno. Los analistas de esa Fundación, en cuyo patronato figura Zapatero, sugieren que la fuerte carga ideológica del Ejecutivo del finado, ha conseguido asustar a esa cuarta parte del censo que no está abonada ni a la derecha ni a la izquierda. Se trata de entre seis y siete millones de votantes. Un buen bocado. La curiosidad es que dichos electores son siempre los últimos en abandonar a un Gobierno. Es gente fiel al que manda, manque pierda y no se la arrastra, así como así, a novedades. Ya no. Empezaron a desertar y ahora de su fidelidad no quedan ni las raspas. Se han pasado masivamente a la oposición. Y el estudio insiste en que no es la crisis la causa última del insólito cambio de tendencia. 

Los socialistas, sin embargo, han decidido que la vía segura para no perforar su suelo electoral es asustar aún más a los votantes. Así, han sacado la motosierra y la guadaña, nobles instrumentos que figurarán en los recuerdos rurales del portavoz, pero que hoy remiten a crímenes y espantos, a fin de que el respetable visualice a los de Rajoy como psicópatas que disfrutan con el descuartizamiento. El del famoso Estado del Bienestar, naturalmente. Ya tiene dicho Rubalcaba que ahí reside la diferencia crucial: ellos disfrutan, nosotros no. Porque los socialistas, cuando recortan, echan la lagrimita. 

Pocas cosas reflejan mejor en qué ha venido a condensarse la traída y llevada ideología: en la exhibición del sentimiento. Y conste que el PP ha hecho sus intentos por competir en ese terreno resbaladizo.
Los cerebros de Ferraz han pergeñado, además, un bonito mapa que ofrece la posibilidad de "conocer en tiempo real la magnitud de los recortes" aplicados por las comunidades del PP. Tiempo real, no el otro. Y la nota bélica se subraya con unas dianas. No quiero extenderme sobre qué se dijo de otro mapa con dianas, aquel de Sarah Palin. Pero, en fin, como no se les debe suponer ignorantes de las filigranas analíticas de sus estudiosos, la campaña de terror significa que el PSOE tiene miedo de perder incluso a sus más leales e ideológicos votantes. Hasta fantaseará con robarle de nuevo sus cuatro votos a la pobre Izquierda Unida. Tanto teme que se le borre del mapa.

Libertad Digital

Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.es.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

El acuerdo Tarradellas-Cavero, de Eugenio Nasarre en El Mundo


El autor tilda de coactiva y excluyente la imposición del catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. Arremete contra la política lingüística del PSOE y critica a Rubalcaba por su actitud entreguista frente al nacionalismo.


Si un español vive en Roma, París, Londres o Lisboa, puede llevar a sus hijos a un centro escolar en el que reciban las enseñanzas en castellano. Si vive en Barcelona, no puede hacerlo. El «modelo lingüístico» de la Generalitat se lo impide. Si ese ciudadano que vive en Barcelona desea que sus hijos reciban una educación bilingüe en catalán y castellano, también lo tiene prohibido. Si la enseñanza bilingüe es en catalán e inglés, en catalán y francés o en catalán y alemán, sí puede hacerlo. La Ley de Educación catalana de 2009, en efecto, permite que se desarrollen «proyectos lingüísticos» bilingües (o plurilingües), en los que se puedan impartir asignaturas en lenguas distintas al catalán, con tal de que sean «lenguas extranjeras». Así lo dispone, aunque produzca asombro leerlo, el artículo 12 de la citada normativa.

En varias ocasiones he tenido que explicar este «modelo lingüístico» a algunos extranjeros interesados en conocer las cosas de España. Según mi experiencia, la rección ha sido siempre una educada incredulidad por su parte. Tenía que hacer acopio de toda la legislación para demostrar la veracidad de mis afirmaciones. «Pero, ¿no es el castellano la lengua oficial del Estado en toda España?; pero, ¿la mitad de los catalanes no son de lengua materna castellana?», me preguntaban atónitos. No resulta nada fácil responder a tales preguntas. Lo cierto es, les contestaba, que en las escuelas públicas de Cataluña, el castellano queda relegado a dos horas a la semana, menos que el horario fijado para el inglés, y no puede ser utilizado para enseñar cualquier materia.

La verdad es que este «modelo lingüístico» se aleja mucho del que fue diseñado en los tiempos de la Transición, cuando hubo voluntad de resolver los problemas de convivencia de los españoles bajo el signo de la concordia. Recuerdo que, en mi condición de jefe de gabinete del entonces ministro de Educación, acompañé a Íñigo Cavero a la entrevista que mantuvo en el año 1978 en el Palau de la Generalitat con el presidente Tarradellas. El ministro Cavero tenía el firme propósito de llegar a un acuerdo satisfactorio que resolviera la cuestión lingüística, ya que nos resultaba evidente que el modelo imperante lesionaba gravemente los derechos de la población catalanoparlante.

Hoy parecerá mentira, pero en una sola reunión, Tarradellas y Cavero se pusieron plenamente de acuerdo. Creo que el mérito fue de ambos. Porque lo que planteó Tarradellas pareció muy razonable. Consistía en a) impulsar los estudios universitarios de Filología catalana en las Facultades de Letras; b) crear las cátedras de lengua catalana en las enseñanzas medias; c) establecer para el profesorado las condiciones de aptitud para la enseñanza del catalán; y d) implantar la enseñanza del catalán como materia obligatoria para los alumnos, salvo dispensas perfectamente tasadas. La idea no era otra que trasladar a la escuela la realidad lingüística de Cataluña, una sociedad caracterizada por un encomiable bilingüismo, en el que convivían una y otra lengua, llamadas -la elaboración de la Constitución estaba ya en marcha- a ser declaradas cooficiales en Cataluña.

Algunos podrán pensar que las pretensiones de Tarradellas en aquel momento eran meramente tácticas y de mínimos. En realidad, iban más allá del modelo que estableció la República. Creo que a Cavero, y al equipo de sus colaboradores, les parecieron sinceras y razonables. Todos pensábamos que las lenguas catalana y castellana tenían que convivir en Cataluña, como tenían que convivir sus habitantes, fuera cual fuera su procedencia, sin sacrificar los derechos y las libertades de unos y de otros. Y pensábamos también que, por la misma fuerza de la razón y de la realidad, de una razón que tiene en cuenta la realidad, eso sería posible. ¿Fue una actitud ingenua? Admitirlo sería tanto como reconocer que Tarradellas actuó con mala fe. Sinceramente, me niego a creerlo.
La Ley de Normalización Lingüística de 1983 -obra ya de Jordi Pujol- emprendió, sin embargo, un camino en el que, paso a paso y con una férrea voluntad política digna de mejor causa, ha conducido a la situación en la que nos encontramos, muy distante de la que acabo de evocar. En realidad, la Ley de 1983, elaborada con una hábil y calculada ambigüedad, no expulsaba al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Lo que establecía era un «progresivo» uso del catalán, pero sin poner en cuestión que ambas lenguas cooficiales pudieran ser usadas para la enseñanza de las diferentes materias. Una aplicación prudente y equilibrada de la ley podría haber conducido a una situación de satisfactorio compromiso.

Pero su aplicación no fue así: la voluntad de arrinconar al castellano del mundo escolar fue quedando patente en sucesivas reglamentaciones. Además de las dos horas semanales en amplias zonas de Cataluña, al castellano le quedaba, al menos, el ser la lengua del recreo.
El último paso de este proceso fue el Estatut de Zapatero-Mas con Montilla de convidado de piedra. El Estatut consagra al catalán como «la» lengua vehicular de la enseñanza. El «la» es definitorio: es que no hay otra. Naturalmente, el Tribunal Constitucional declaró el «la» contrario a la Constitución. No podía actuar de otra manera. Lo hizo de la manera más cortés que pudo (tomo este término prestado del inteligente comentario de Óscar Alzaga a la sentencia del Alto Tribunal): utilizando de manera alambicada y tormentosa la técnica de la «interpretación conforme». No expulsó directamente el «la» del texto estatutario, pero ordenó con nitidez que se tuviera como no puesto. ¿Era una manera de invitar a los actores políticos a encontrar una solución concordada y razonable dentro de los parámetros constitucionales?

El reciente auto del Tribunal Superior de Cataluña no ha hecho otra cosa sino aplicar escrupulosamente la doctrina del Tribunal Constitucional. Y, si se lee sine ira et studio, hay que reconocer que su texto tiene la misma actitud cortés que el Alto Tribunal. Lo único que señala es que el castellano no puede ser expulsado como lengua vehicular de la enseñanza. E invita al legislador a encontrar fórmulas de encaje, que ni siquiera tienen necesariamente que responder a un trato igual de las dos lenguas cooficiales.
La reacción del nacionalismo catalán no ha presentado ninguna novedad. Ha alzado la voz, como siempre, con improperios, con acusaciones gruesas de anticatalanismo, con descalificaciones viscerales, y, en este caso, promoviendo la insumisión.
La verdad es que, hasta ahora, este proceder le ha funcionado. Pero el nacionalismo catalán sabe que tiene un problema, porque su «modelo lingüístico» sólo cabe imponerse mediante una fuerte coacción, ya que vulnera derechos de quienes legítimamente tengan la pretensión de que sus hijos reciban algunas enseñanzas también en castellano, sencillamente porque es su lengua materna y es la lengua común, con la que nos entendemos todos los españoles.

Sacrificar derechos siempre exige una alta dosis de coacción. Las reacciones airadas e inflamadas, que hasta ahora les han resultado eficaces, tienen para los defensores del «modelo lingüístico» una doble virtud. Por una parte, hacen imposible el diálogo y el debate razonado, porque son conscientes de que sus argumentos son muy endebles. Por otra, exhiben músculo para su imposición, porque, claro está, se presume que pocos padres querrán hacer a sus hijos unos héroes. Saben que cualquier actitud condescendiente abriría una espita que crecería como una bola de nieve.

En esta penosa historia, la actitud de los socialistas merece alguna atención. Han acabado abrazando las tesis nacionalistas con el fervor de los neófitos, arrojando por la borda una larga tradición en la historia del socialismo. En la II República, Prieto y Largo Caballero, entre otros muchos socialistas, defendieron «el uso del castellano como instrumento de enseñanza en todos los centros docentes». Y el socialista catalán Fabra Ribas justificaba esta defensa «so pena de faltar a uno de los más sagrados deberes, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores». Esta posición está en las antípodas de la que acaba de proclamar el candidato socialista, quien pretende ser futuro presidente del Gobierno. Lamentablemente, es un síntoma más de la pavorosa crisis de identidad que azota al Partido Socialista y que, a mi juicio, le incapacita para dirigir los destinos de la nación.
En todo caso, la situación ha llegado a un punto insostenible. Por dos razones: la primera es que la insumisión supone un gravísimo peligro para nuestro Estado de Derecho. La segunda, porque este «modelo lingüístico» seguirá irremediablemente generando tensiones, aunque se incremente la coacción para imponerlo y acallar a quienes legítimamente reclaman los derechos conculcados.

Evocar aquel acuerdo Tarradellas-Cavero de 1978 debería provocarnos una reflexión: que el único camino transitable es el del compromiso. Irónicamente, ahora las posiciones están invertidas. Ya no es el uso del catalán el que está en situación de inferioridad, sino todo lo contrario. Un compromiso exige cesiones y el respeto al ordenamiento constitucional.
Eugenio Nasarre es diputado del PP y ex secretario general de Educación.

Azaña: La hiprocresía, por Pío Moa


En un programa de Carlos Cuesta de VEO7, Roberto Santamaría citó esta frase de Azaña: "Aunque hubiesen sido ciertos todos los males que se cargaban a la República no hacía falta la guerra. Era inútil para remediar aquellos males. Los agravaba todos, añadiéndoles los que resultan de tanto destrozo". La falta de tiempo me impidió aclarar un poco la desvergüenza azañista, y voy a hacerlo aquí.
Los escritos de Azaña sobre la república y la guerra son a la vez un ejercicio de lucidez sobre el personal republicano, y de ceguera autojustificativa sobre sí mismo, en la que escala cumbres de hipocresía y demagogia.

Azaña empezó su carrera republicana preparando, en el Pacto de San Sebastián, un golpe militar para liquidar la monarquía. Poco antes se había mofado en el Ateneo de la posibilidad de graves violencias: "Si agitan el fantasma del caos social, me río", "No seré yo quien siembre desde esta tribuna la moderación". Intentó, pues, el golpe militar y la violencia social para lograr sus fines, consistentes en una peligrosa y demagógica "vasta empresa de demoliciones". Demoler, concretamente, las tradiciones españolas y católicas. Casi nada.

Ya en la república, al perder las elecciones promovió dos golpes de estado, el primero una intriga por arriba, el segundo un ataque desde abajo apoyándose en los socialistas y los nacionalistas catalanes, como he documentado en Los orígenes de la guerra civil. Pese a sus falsas excusas, estuvo complicado en la insurrección de octubre del 34, planteada textualmente como guerra, y posteriormente la justificó: cualquier medio le parecía bien para derrocar a las derechas votadas democráticamente, como antes a la monarquía.

Azaña realiza un ejercicio de ilusionismo al equiparar la república, que él quiso asaltar en tres ocasiones, con el Frente Popular, obra de él en gran parte y que acabó de destruir la legalidad republicana. Destrucción en la que él participó de modo activo, con manejos ilegales como la revisión de actas, la destitución de Alcalá-Zamora (pese a que esta tuvo mucho de justicia poética) o la liquidación de la independencia judicial; y pasiva por su consentimiento, colaboración de hecho, al sangriento proceso revolucionario en marcha. Estos son hechos indiscutibles y el propio Azaña los deja traslucir bastante bien en sus escritos.

Bajo su brillantez literaria, el pensamiento político azañista es primario y retórico. Por eso identifica al Frente Popular con la república, y habla de esta como de una exclusiva propiedad de la izquierda. Tampoco entiende que en una sociedad compleja la ley y la limitación del poder son claves para mantener la paz social. Él fue uno de los principales responsables de la rotura de todos los frenos y de que "nada nos fuese común a los españoles"... para después, cuando le iba mal la contienda, quejarse de que esta "agravaba los males". La guerra no agravó ningún mal: permitió cortar el proceso revolucionario y mantener la unidad nacional, aunque el coste fuera alto por la resistencia de quienes habían provocado el conflicto. Bajo frases tan hipócritas solo hay una idea: la violencia es mala si perjudica a la izquierda, recomendable en caso contrario.

La misma doblez resalta en su llamamiento a la "paz, piedad, perdón"... cuando su derrota era segura. No se le había ocurrido cuando las izquierdas parecían ganar y masacraban con saña a los "fascistas" o llevaban a cabo aquella "empresa de demoliciones" mediante un verdadero genocidio. Los hagiógrafos de Azaña revelan ignorancia o comparten su hipocresía.

Libertad Digital

España ¿Qué hacer con las autonomías?, por José García Domínguez


Igual que las camisas a cuadros, las recurrentes proclamas sobre el "definitivo cierre" del estado autonómico constituyen otro clásico de la moda que también vuelve, más o menos, cada cuatro años, en su caso coincidiendo con los periodos de celo electoral. Así, como ordena la costumbre, asistimos estos días al preceptivo revival. Un déjà vu que tratándose del Partido Popular remite a un par de propósitos programáticos, a cual más vago. Por un lado, y tal como acaba de enunciar Cospedal, se postula una muy imprecisa reforma del Senado. Más brumosa aún, la incierta "reestructuración" de las competencias regionales sazona los desahogos mitineros de los principales dirigentes conservadores.

Algo que, en el fondo, responde a la necesidad de dar satisfacción retórica a una fantasía ingenua. A saber, la quimera según la cual un Estado recentralizado hubiese logrado evitar la efervescencia secesionista en Cataluña y el País Vasco. Como si fuera factible viajar en el tiempo hasta las vísperas de 1898 y reescribir la historia sentimental de España, extirpando el influjo disolvente de los micronacionalismos decimonónicos. Y es que, se acepte o no, con esa lacra apenas cabe la conllevancia, el orteguiano paliar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica para la que no existe terapia conocida. Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.

A fin de cuentas, desde Almirall y Prat de la Riba hasta Artur Mas, si alguna constante los ha retratado es el repudio del federalismo. Y con poderosas razones, conviene conceder. Al cabo, nada hay más ajeno a su afán particularista que el irrenunciable propósito igualitario que inspira las estructuras federales. Cierre efectivo del modelo, ese broche federal, para el que habría resultar determinante la cacareada reforma del Senado. Una reforma que ambicionara convertirlo en verdadero órgano de representación territorial. A imagen y semejanza del Bundesrat, transformándolo en un foro integrado de modo exclusivo por presidentes y consejeros autonómicos. Mutación que socavaría el siempre alicorto particularismo de la provincia, haciendo corresponsables de los intereses comunes de la nación a los poderes territoriales. ¿Algo que ver acaso con el proyecto de Génova?

José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.
 

lunes, 26 de septiembre de 2011

Peculiaridades de España, por Pío Moa

Recordarán muchos aquel lema turístico "España es diferente", publicitariamente bueno pero que despertaba las iras del mundillo progre. La verdad es que las fuertes diferencias entre las culturas nacionales constituye un rasgo típico de la civilización europea, por lo cual no sobraba destacar las peculiaridades hispanas. Muchas de ellas se conservan, o se han acentuado otras negativas. No está de más recordar unos cuantos aspectos en que España es normal o bastante homologable en Europa: corrupción, degradación de los medios de masas, pacifismo contra la paz, auge de la prostitución, feminismo cutre, políticos responsables de la crisis e intocables, violencia doméstica, desplazamiento de la cultura y el idioma nacionales por el inglés, hedonismo pedestre, aborto, y un largo etc.
En otros campos destacamos bastante sobre la media: desempleo, población penal, número de policías y guardias, expansión de la droga, degradación del poder judicial, fracaso escolar y otros semejantes. Bueno, también en varios deportes.

 Libertad Digital
Hay algunos aspectos en los que, sin embargo, somos especiales:

a) España es el único país europeo que soporta una colonia extranjera en su territorio.

b) Es el único país europeo con un vecino que amenaza su integridad nacional.

c) Único país europeo cuyo gobierno colabora activa y servilmente con el país colonialista y con el que amenaza su integridad, sin hacer el menor movimiento efectivo para frenar tales hechos: alentándolos, más bien.

d) Único país cuya Constitución afirma la unidad nacional y al mismo tiempo permite vaciarla progresivamente de contenido.

e) Único país con un movimiento terrorista que ha gozado de complicidades y apoyos intensos y variados, izquierdistas, separatistas, eclesiásticos e internacionales, como he vuelto a recordar en La Transición de cristal.

f) Único país en que un gobierno ha colaborado y colabora activamente con una banda terrorista, impunemente y sin que la oposición denuncie el clamoroso delito.

g) Único país más o menos democrático con presos políticos: el gobierno ha declarado así, implícita pero indudablemente, a los terroristas al afirmar para ellos una "solución política" en pro de "la paz".
h) Único país europeo cuyos políticos apoyan y alientan los procesos separatistas.

i) Único país sin oposición real. La única estrategia de la que dice serlo ha consistido en aguardar a que la crisis económica desaloje al gobierno actual. Y ha tenido la suerte –que podría convertirse en desgracia—de que la crisis haya caído con el PSOE en el poder.

j) Creo que también es el único país en que los políticos desafían las resoluciones judiciales, las incumplen y no les pasa nada. Al revés, se refuerzan.

Hay más peculiaridades, pero estas bastan para dar idea de por dónde vamos.

martes, 20 de septiembre de 2011

El fin del sindicalismo subsidiado, por Antonio Alemany


  • Los sindicatos constituyen unas entidades constitucionalmente amparadas, junto a las asociaciones empresariales, con especial intensidad y por ello su reconocimiento e importancia merecen figurar en mismo frontispicio de la Constitución (artículo 7). Hay, sin embargo, una distonía entre su importante reconocimiento constitucional y su actual realidad social y sociológica, distonía probablemente debido al momento y clima del periodo constituyente y con el recuerdo de un sindicalismo inexistente, por prohibido, durante el franquismo. En Baleares, todavía estaba entonces presente el famoso Proceso 1001 que provocó un sonado y valiente editorial de Diario de Mallorca en defensa de unas libertades sindicales que regían en todos los países democráticos de nuestro entorno.
  • Sin embargo, y a medida que se iba consolidando la joven democracia española, nuestros sindicatos corrieron la misma suerte que el resto de los sindicatos europeos, sometidos a unas realidades económicas y sociológicas que fueron socavando su tradicional poderío y la progresiva desafección de los trabajadores. El “obrero” como, en la versión y terminología marxista, el “proletario”, estaba dando paso, de forma acelerada, a unas nuevas clases medias que absorbían buena parte de lo que antes integraba las clases obreras. El triunfo del demoliberalismo sobre el socialismo se hizo patente de forma emblemática en este debiltamiento de unos sindicatos que, sencillamente, se estaban instalando en la obsolescencia por la propia dinámica de la sociedad y de la economía. Hoy, de hecho, ha casi desaparecido el “sindicalismo de empresas” y el “sindicalismo industrial”: sólo queda, de forma residual y testimonial, el sindicato de funcionarios por estrictas razones privilegiadas de status y corporativismo. Nada que ver con el tradicional “sindicato de clase”, entre otras razones porque el concepto de “clase social” tan omnipresente en la sociología marxista ha desaparecido, pese a los esfuerzos casi románticos de la sociología de izquierdas
  • Ha actuado correctamente el Govern al suprimir los “liberados” y no sólo por razones de la crisis económica y de la austeridad, sino porque la existencia de estos sindicalistas liberados constituían un anacronismo y una vergonzosa forma de sindicalismo subsidiado, al igual que constituía otra forma vergonzante el que las Administraciones Públicas subsidiaran a las asociaciones empresariales. Para ejercer el sindicalismo reivindicativo y representativo- lo que quede de él- no hacen falta subsidios que, además, ponen en berlina la independencia sindical: basta que los sindicalistas ejerzan de sindicalistas y punto.
  • Hay, a mayor abundamiento, otras circunstancias que obligan al cuestionamiento de los Sindicatos. A la institución sindical cabe aplicarle, por analogía, la famosa ley de bronce de los partidos políticos formulada por Michels: se han convertido los sindicatos en unos aparatos tecnocráticos, con una férrea clase dirigente sindical que integra y dirige esta tecnoestructura. Uno de los síntomas evidentes de esta esclerotización del sistema sindical es la escasa o casi nula permeabilidad y movilidad en las estructuras dirigentes, convertidos sus eternos líderes en parte del establishment de nuestra sociedad y de las élites del poder. La decisión del Govern, no sólo es justa, sino necesaria en la medida que se adecua a una realidad sindical que, de sindical, sólo tiene a veces sólo el nombre.
Libertad Balear

sábado, 10 de septiembre de 2011

Casta política: Llamazares y demás especuladores, por Pablo Molina

Las declaraciones patrimoniales de los diputados y senadores del reino de España coinciden aproximadamente con lo que cabría esperar de unos señores con sueldos que, en su mayor parte, rondan los diez mil euros mensuales.

Con algunas excepciones, como el Hípico Hacendoso y la Alpinista Aburguesada, dos hormiguitas que ahorrando en el café mañanero se han hecho con un emporio y Fostiatus (C. Vidal dixit), un manirroto sin solución, la inmensa mayoría de nuestros representantes ha acumulado un capital muy apañadito para pasar los rigores de esta crisis y tirar todavía unos años más con cierto confort en el caso de que el próximo veinte de noviembre vengan mal dadas.
Lo que llama la atención de este desnudo patrimonial protagonizado a la fuerza por nuestros diputados y senadores, además de que se fían lo justito del sistema estatal de previsión social, razón por la cual prefieren contratar un plan de pensiones privado, es el destino que han dado al "exceso de tesorería" que su actividad política les reporta.

Sólo hay que dar un repaso a las declaraciones patrimoniales de diputados y senadores para comprobar la querencia de sus señorías por la inversión inmobiliaria y la especulación financiera, precisamente los dos pecados más graves que, a juicio de la casta política, puede cometer un ciudadano. El que más y el que menos dispone de varias viviendas, locales, plazas de garaje y terrenos rústicos, a pesar de que, desde hace años, todos sin excepción, vienen achacando los males que ahora nos aquejan a la "burbuja del ladrillo". Pero es que el dinero que les sobra de pagar la hipoteca de la cuarta residencia lo destinan a la inversión especulativa, directamente en bolsa o a través de fondos de inversión, de forma que esas tremendas diatribas contra los mercados financieros, al parecer van destinadas únicamente al resto de los mortales, para crearles mala conciencia en caso de que decidan rentabilizar el escaso ahorro de que disponen en la misma medida que ellos.
El caso de Llamazares es espectacular. El gran enemigo de la dictadura de los mercados tiene a fecha de hoy 286.000 euros, es decir, casi cincuenta millones de pesetas, invertidos precisamente en estos productos financieros a cuyos gestores acusa de provocar los grandes males de la economía entre el aplauso de los escasos fieles que todavía le quedan a Izquierda Unida.

En lugar de montar una empresa de "Comercio Justo" para aliviar la condición de los agricultores y artesanos del tercer mundo, creando de paso puestos de trabajo para algún camarada menesteroso, el portavoz de la izquierda anticapitalista prefiere invertir el dinero que nos saca del bolsillo mensualmente en productos financieros de lo más variado. Si, como dicen los comunistas, el capitalismo se basa en la avaricia y la explotación, ahí tienen a su portavoz parlamentario dando ejemplo de cómo organiza un marxista sus finanzas en cuanto tiene ocasión.
En su defensa, Llamazares sostiene que un político de izquierdas no tiene por qué vestir con un mono y vivir debajo de un puente. Al contrario, eso es precisamente lo que deberían hacer todos los políticos de izquierdas. Al menos hasta que sus víctimas, ese millón largo de familias que han perdido su vivienda y su trabajo, vuelvan a recuperar el estatus que tenían antes de que toda esta tropa llegara al poder.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Zapatero costó a España medio billón de euros

 
 Si el presidente no hubiese disparado el gasto público entre 2003 y 2007, España gozaría hoy de un superávit del 1,3% del PIB.
 
 
Libre mercado 61 

Algunas comparaciones son odiosas. Éste es el caso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su mandato concluirá el próximo mes de noviembre tras casi dos legislaturas en el poder. Es tiempo, pues, de hacer balance, y en materia económica el resultado no es, precisamente, positivo si se equipara, por ejemplo, al efectuado por Alemania, principal locomotora de Europa.
Zapatero ha tratado de capear la crisis incurriendo en uno de los mayores deterioros presupuestarios de los países desarrollados (OCDE). Así, el Gobierno decidió echar mano de los 20.066 millones de euros de superávit público registrados en 2007 para, posteriormente, incurrir en un déficit de 45.189 millones en 2008, 117.306 millones en 2009, 98.227 millones en 2010 y algo más de 60.000 millones en 2011 (si cumple sus previsiones).

En total, un coste fiscal de casi 341.000 millones de euros durate la crisis, dejando así, de forma directa, una factura media de 24.000 euros a cada contribuyente neto. No en vano, cuando Zapatero abandone el poder la deuda pública de España casi se habrá duplicado, desde el 36% del PIB en 2007 hasta rozar el 70% en 2011.
Sin embargo, el cómputo total de su balance no acaba aquí. En este sentido, cabría preguntarse qué habría pasado si Zapatero hubiera gestionado las cuentas públicas de otra forma. Y es que, aunque resulta casi imposible calcular exactamente la riqueza que ha destruido el presidente desde su llegada a la Moncloa, hay dos elementos cuyas pérdidas son cuantificables: el incremento del gasto público y el coste de la legislación laboral. Juan Ramón Rallo ha evaluado ambas variables y el resultado habla por sí solo.


El gasto crece un 50%

Desde 2003 a 2010, el gasto público español se disparó desde los 300.000 millones de euros anuales hasta los 477.000, un aumento superior al 50%. Lo más sorprendente es que el grueso de dicho incremento no se produjo durante la crisis sino en plena burbuja crediticia, en la primera legislatura de Zapatero. En concreto, el gasto público anual creció en 112.000 millones de euros desde 2003 a 2007, casi un 40% más, mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo en 65.000 millones, un 15%.
¿Qué pasó, por el contrario, en Alemania? Desde 2003 a 2010, Berlín apenas aumentó el gasto público desde los 1,05 billones de euros hasta los 1,16 billones, casi un 10%. En concreto, desde 2003 a 2007, el gasto anual sólo se expandió en 10.000 millones (menos de un 1%) y entre 2007 y 2010 lo hizo en más de 100.000 millones, alrededor del 10%.
De este modo, si Zapatero hubiese seguido los pasos de Alemania, congelando el gasto público entre 2003 y 2007, España contaría hoy con un superávit de 14.000 millones de euros (el 1,3% del PIB), "aun cuando se hubiese prestado la misma protección social que se ha prestado durante la crisis".


El coste de la no reforma laboral

Pero a ello se suma, además, el coste de no haber efectuado la reforma laboral precisa para generar empleo, tal y como vienen demandando desde hace años la mayoría de organismos internacionales y numerosos economistas.
Entre 2007 y 2010, Alemania no ha crecido mucho más que España -un 2,7% frente a un 1%, respectivamente-, pero mientras que la tasa de paro germana ha bajado del 8,3% al 6,8% la española se ha disparado desde el 8,2% hasta el 20%.

De hecho, el resultado es similar si se compara con los países europeos rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal): la economía helena creció un 1,3% entre 2007 y 2010 y su tasa de paro aumentó del 8,3% al 12,5%; Irlanda sufrió una caída del PIB del 20% y su desempleo se incrementó del 4,5% al 13,6%; Portugal se expandió un 2,3% y su paro subió del 8,1% al 11%.
Es decir, el peor de los países intervenidos, Irlanda, goza de una tasa de paro 6,5 puntos inferior a la de España, pese a que su PIB se desplomó un 20%. La clave del problema radica en una "legislación laboral controlada por los sindicatos que bloquea la creación de cualquier puesto de trabajo", alerta Rallo.
Si Zapatero hubiese flexibilizado el mercado de trabajo en 2007, el paro no debería ser hoy muy superior al de Irlanda. "Siete puntos menos de paro se habrían traducido en muchos menos subsidios de desempleo, en concreto, unos 12.000 millones de euros menos al año".


Resultado: medio billón de euros

La suma de las dos variables citadas arroja el siguiente resultado: entre 2007 y 2011, España ha gastado cada año unos 112.000 millones de euros más de lo necesario debido al sustancial aumento de gasto público de la primera legislatura; y otros 12.000 millones de euros extra al año en subsidios de desempleo gracias a la actual legislación laboral. "En total, medio billón de euros que Zapatero, y unas autonomías y sindicatos a los que se no atrevió a poner coto, han tirado por el desagüe en apenas una legislatura. La mitad del PIB de España", concluye.

Los saharauis y la nacionalidad española




Por Eduardo Fungairiño Bringas, fiscal del Tribunal Supremo y colaborador de la Liga Española Pro Derechos Humanos (EL MUNDO, 17/07/11).

Los saharauis, pueblo casi olvidado por España, tienen entre sus muchos problemas la difícil adquisición de la nacionalidad española. España es aún formalmente la potencia administradora de su anterior colonia, la llamada Provincia 53, aunque haya abdicado de sus deberes en favor de Marruecos, potencia ocupante.
Los saharauis que desde antes de 1975 ostentaban la nacionalidad española han intentado hacerla valer después ante nuestras autoridades con dispar resultado. Desde luego, poco solucionó el problema el Real Decreto 2258/1976 que se refería a la adquisición de la nacionalidad española por los saharauis en un plazo perentorio.
Quizá sea la ocasión de homogeneizar la aplicación del art. 22.1 del Código Civil en el sentido de incluir a los saharauis entre los que pueden adquirir la nacionalidad española mediante un plazo privilegiado de residencia que comprenda a todos los que han tenido una relación especialmente intensa con España por motivos de lengua, cultura, o convivencia histórica. La redacción originaria del art. 22 establecía la nacionalidad española para los que «hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía», sin establecer plazo. Esa indefinición fue remediada por un decreto de 1931 que sólo exigía dos años de residencia si se trataba de «nacionalizados en las repúblicas hispanoamericanas, Portugal y Brasil, o de naturalizados de la Zona marroquí sometida al Protectorado español». En el preámbulo del Decreto no se hace referencia explícita a la comunidad de pueblos hispanos ni a ninguna vinculación cultural o lingüística ni, en el caso de la Zona del Protectorado, a los lazos con el mundo árabe, o a la cercanía geográfica, o a la conveniencia de extender los beneficios de la españolidad a los pueblos objeto del Protectorado, es decir, rifeños o bereberes, árabes y yebalíes. Se aludía a «las solicitudes de extranjeros residentes en España que desean disfrutar del beneficio de nuestra nacionalidad en el régimen republicano». Téngase en cuenta que en aquellas fechas el Cabo Juby ya estaba ocupado por España y formaba parte del Protectorado, si bien era denominado Zona Sur para distinguirlo del Protectorado más conocido por todos, o Zona Norte, que comprendía las regiones de la Yebala, el Lucus, la Gomara, el Rif y Kert, y cuya capital era Tetuán. Como el territorio de Cabo Juby estaba habitado mayoritariamente por saharauis de las tribus Izarguien y Ait bu Amarani, inconscientemente se reconocía a los saharauis de Cabo Juby el derecho a adquirir la nacionalidad española por residencia de dos años. No cabe olvidar que Cabo Juby formaba parte del Protectorado español y no del África Occidental Española -Sequia el Hamra y Río de Oro, lo que luego constituiría la colonia y más tarde la Provincia de Sáhara-, y que al desaparecer el Protectorado y establecerse Marruecos como Estado independiente, el territorio fue cedido a Rabat en 1958, si bien, en puridad, Cabo Juby nunca había sido marroquí sino saharaui. La Zona Norte o el Protectorado por antonomasia fue declarada independiente formando parte de Marruecos en 1956.
La posibilidad de adquirir la nacionalidad española por residencia fue ampliada en 1947 a los «indígenas extranjeros de raza de color de nuestros Territorios del Golfo de Guinea». Se exigía un plazo de vecindad de cinco años, y se justificaba en arbitrar un medio que satisfaga los anhelos, reiteradamente expuestos, de muchos indígenas, lo que aconsejaba la adaptación a nuestros territorios de Guinea de los decretos de 6 de noviembre de 1916 y 29 de abril de 1931.
La citada redacción originaria del CC no se modificó de forma sustancial hasta la Ley de 15/7/1954, que exigió un plazo de residencia de dos años a los nacionales por origen de países iberoamericanos o de Filipinas. El propósito fue rendir tributo a la honda realidad social derivada de la peculiar condición de la persona por pertenecer a la comunidad de los pueblos iberoamericanos y filipino. La Ley 51/1982 de modificación de los artículos 17 al 26 del CC mantiene el mismo plazo de dos años de residencia cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. La Ley no contiene exposición de motivos, pero es claro que el añadido de andorranos, portugueses, ecuatoguineanos y sefardíes a la vía privilegiada del acceso a la nacionalidad por residencia obedece a la comunidad de los pueblos hispanos antes citados.
Si el criterio del legislador ha sido privilegiar la residencia de los integrantes de los pueblos que en una época u otra formaron una comunidad con España, ¿por qué no se incluye a los saharauis, cuya condición de españoles era predicable incluso hasta 1975? No son ni fueron marroquíes, como dice el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 1975. El Sáhara era una provincia española con representación en las Cortes de la Dictadura y los saharauis tenían DNI español. Los lazos lingüísticos persisten y el uso del español es un timbre de orgullo para los ciudadanos saharauis, vivan en los territorios ocupados, en los liberados o en los campamentos de Tinduf, en Argelia. No se comprende por qué los saharauis deben ser de peor condición que los ecuatoguineanos o que los naturalizados en el Protectorado en Marruecos, en una de cuyas zonas vivieron y viven.
Como ha escrito Carlos Ruiz Miguel, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el Real Decreto 2258/1976, que daba a los saharauis la posibilidad de optar por la nacionalidad española en el plazo de un año, compareciendo ante el juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia española, sin mencionar la posibilidad de acudir a los registros consulares, supuso desposeer de la nacionalidad española a quienes la tenían de origen, obligándoles indirectamente a adoptar la nacionalidad de otro país -se pretendía que adoptaran la marroquí o la mauritana-, pues de lo contrario quedarían en situación de apátridas o bien tendrían que comparecer ante un juez español.
La acreditación de la condición de saharaui no tiene por qué plantear más problemas que la de sefardí, para lo cual se cuenta con libros del Registro Civil correspondientes al antiguo territorio español del Sáhara que se conservan en la Dirección General de los Registros y del Notariado, con el censo elaborado por España y que debe estar a disposición de la Minurso, si se cuenta con todos los datos que pueden proporcionar las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática sobre los campamentos de Tinduf, sobre los territorios liberados, sobre los saharauis exiliados en Mauritania y aun sobre los que habitan en los territorios ocupados.
Sin embargo, la Dirección General de los Registros y del Notariado no reconoce la validez de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui Democrática, pues sostiene que no sirven de título para la inscripción, siendo un Registro que no puede considerarse regular ni auténtico, ni ofrece las garantías necesarias. Y ello a pesar de que dicha RASD está internacionalmente reconocida por más de 80 estados africanos, americanos, asiáticos y europeos y que dispone de representaciones cuasidiplomáticas ante la Unión Africana, ante la UE y ante la ONU. Es decir, que España no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, dotada de territorio y población -casi 350.000 habitantes- pero sí mantiene embajador ante la Soberana Orden de Malta, entidad de Derecho Internacional sin territorio salvo su sede en Roma.
En fin. Se me ocurre que la solución sería tan sencilla como sustituir la actual redacción del artículo 22.1 del Código Civil por esta otra: «Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado 10 años. Serán suficientes cinco años para los que haya obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, de sefardíes o de saharauis». Esto sería lo justo.

El Banco de España estudia asumir las pérdidas de la CAM para poder venderla



Cuatro grupos no han logrado cumplir con las exigencias del Banco de España y necesitarán más tiempo para completar su fusión.

LIBRE MERCADO9
El tiempo se agota. El 30 de septiembre se cumple el plazo para que la reestructuración del sector financiero haya finalizado. Por el momento, sólo CaixaBank, Bankia y Banca Cívica han conseguido llevar a cabo su conversión,aunque Caja España-Duero y Unicaja aprobaron ayer un proyecto de unión que dará lugar al tercer banco español (por tamaño).
El resto de entidades no han logrado hasta ahora cumplir con las exigencias del Banco de España y todo apunta a que necesitarán más tiempo para recapitalizarse. El organismo que dirige Miguel Ángel Ordóñez (MAFO), consciente de la situación, ha puesto en revisión la necesidad de capital de las cinco cajas que presentan déficit de capital, según informa el diario el Economista. El análisis se llevará a cabo antes de examinar los planes de recapitalización y será un punto determinante a la hora de aprobarlos.
El Banco de España ha sido el primer interesado en facilitar esta revisión, ya que sus resultados van a repercutir directamente en los presupuestos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si las cajas no logran alcanzar los requisitos de capital que se les exige, sería el FROB el encargado de inyectar la liquidez necesaria para financiar las operaciones y todo apunta a que este desembolso está siendo mayor de lo esperado inicialmente.
Por ahora, solo CatalunyaCaixa ha acudido a los organismos públicos para cumplir con sus requisitos de solvencia (el FROB tendrá que desembolsar 1.700 millones). Unnim tampoco ha conseguido completar el proceso y baraja tanto la posibilidad de acudir al FROB como la de presentar, antes del domingo, una prórroga para evitar la intervención.
Novacaixagalicia ya ha tomado una decisión. Ayer sus directivos acudieron a la sede del Banco de España para explicarles su proyecto e intentar convencerle de las ventajas de un aplazamiento. La entidad ha recibido el interés de una docena de fondos de inversión y de fortunas gallegas para participar en la creación de su banco NGC, aunque su entrada está condicionada por la valoración final que efectúe regulador y por la delicada situación de los mercados.
BMN seguirá los pasos de la gallega, y este jueves acudirá también a la sede para pedir más tiempo.Liberbank, que se encuentra en una situación similar, también tiene previsto reclamar una prórroga antes del domingo.
Conceder más tiempo a las cajas podría desprestigiar el plan de recapitalización del Banco de España, pero de no hacerlo el Estado se encontraría con un agujero de casi 6.000 millones de euros (al sumar las necesidades de las cinco anteriores), un motivo más que suficiente para que se apruebe la nueva prórroga.
Esta situación, unida a que el rescate de la CAM le ha costado al Estado hasta ahora 4.000 millonesy de que colocarla en manos privadas está siendo más difícil de lo esperado, pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Ayer el diario The Wall Street Journal (WSJ) perfilaba al Santander, BBVA y Caixabank como los potenciales compradores de activos de la entidad. Según el diario Expansión para que se hiciese efectiva la operación, los posibles compradores exigirían al organismo supervisor un esquema de protección de activos (EPA) en el contrato. El EPA establece que el comprador adquiere los activos que pueden tener unas perdidas hasta un determinado umbral, pasado ese margen el resto de las perdidas serían asumidas por el Estado.
Esa es la condición que estaría estudiando el Banco de España, dar garantías de sus propios fondos al comprador de la CAM para deshacerse de ella, una opción que es muy probable que acepte.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Montilla. Por narices, por José García Domínguez


&quote&quoteToda su vida ha encarnado el hombre un arquetipo más trágico que cómico, el del charnego agradecido, esa figura tan patética, si bien en el fondo enternecedora. 
 

A semejanza de esos vodeviles chuscos y de libreto previsible que al final se salvan por el buen oficio de los secundarios, en la comedia de la inmersión lingüística, un clásico de cada temporada llegadas estas fechas, solo brilla un figurante, en apariencia marginal: el pobre José Montilla. El resto del cuadro de actores, desde el airado Artur Mas hasta los nietos putativos del Cid, apenas representa otro cansino déjà vu, mera rutina escénica sin mayor interés. Así, al modo de la liturgia circense propia de la lucha libre americana, cuanto más se increpan y desafían los furibundos contendientes, más evidente se revela la ficción y el tongo.

El español, que lleva treinta años proscrito en todas las aulas catalanas, por supuesto, continuará prohibido en la plaza después del 20-N, cuando Madrit vuelva a mirar hacia otro lado igual que siempre ha hecho. Pero, mientras tanto, procede mantener entretenido al respetable público con autos, sentencias, muy compungidas proclamas patrióticas y no menos sentidas promesas gramáticas. Ya se sabe, exigencias del guión. Aunque únicamente don José, decía, consigue darle alguna brizna de interés a la función. Montilla. Toda su vida ha encarnado el hombre un arquetipo más trágico que cómico, el del charnego agradecido, esa figura tan patética, si bien en el fondo enternecedora. Un personaje ridículo y conmovedor al tiempo que asienta su fundamento psicológico en el definitivo autodesprecio.

Coherente con ese cuadro clínico y a imagen de aquellos capataces meridionales que jamás dejaban de sacarse la gorra en presencia de sus señoritos, el líder del PSC ha aplaudido la insubordinación de la Generalidad al mandato de los tribunales. Sin duda, le angustia la mera posibilidad de no poder perseguirse a sí mismo. Cómo entender, por lo demás, que el tío Tom fuera inmortalizado en una novela y, en cambio, Montilla aún a día de hoy sea un personaje en busca de autor. Lluís Aracil, el filólogo que inspiró la inmersión antes de pasarse él mismo a la disidencia, ha augurado que pronto llegará el hastío frente a la religión catalanista. Pero cuando ese instante arribe, asegura, la acción subliminal sobre el inconsciente de toda una generación habrá supuesto una devastación irreparable, al haber interiorizado sus víctimas el lazo sagrado entre lengua, terruño e identidad. Por narices.

José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.
Libertad Digital