Blogoteca: marzo 2011

lunes, 28 de marzo de 2011

La España de las autonomías es una sangría que ha acabado con España


Las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado



El despelote autonómico lastra a España y arruina a los españoles

A la hora de la verdad, hay fronteras interiores, no marcadas pero reconocibles

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Redacción, 27 de marzo de 2011 a las 12:24
Un niño español puede venir al mundo con pan bajo el brazo o sin él. La diferencia radica en la Comunidad autónoma en la que resida.
Unas dan ayudas directas por tener un hijo; otras no. Varias las conceden según nivel de renta; otras sea cuales sean los ingresos del hogar. Las hay que conceden ayudas extra por parto múltiple, pero no todas por igual, porque algunas, por ejemplo, solo las dan a partir de trillizos.
Un médico de atención primaria del servicio andaluz de salud cobra por una guardia continuada de 24 horas 424 euros. La misma prestación laboral en Murcia le supone al facultativo una retribución de 648 euros.
Y eso, aunque le choque casi tanto como ver a nuestros políticos usar pinganillos en el Senado para entenderse, no tiene nada que ver ni con la Macarena ni con la Virgen de la Fuensanta y, menos aún, con la bulería o el arroz en caldero del Mar Menor. Tiene que ver con el despelote autonómico español.
Un despelote que alimenta la creación de'fronteras interiores', marcadas no solo por la diferencia de peso político entre unas autonomías y otras sino por la capacidad legislativa que, en materia fiscal y económica, disfrutan algunas regiones. Específicamente el País Vasco y Navarra.
La Rioja cuantifica el coste que le suponeese «efecto frontera» entre 17 y 19 millones de euros anuales.
Es una simple consecuencia de la foralidad, que permite a las tres diputaciones vascas y Navarra hacer 'competencia desleal' a sus vecinos, interveniendo autónomamente en la política fiscal y en los incentivos de las empresas asentadas en su zona.
UN ESTADO DESCOMPENSADO
Al mismo tiempo que España ha ido generando altos niveles de riqueza y bienestar para la gran mayoría de la sociedad -al menos, hasta la actual crisis-, las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado, con fronteras interiores, no marcadas en el mapa, pero reconocibles en múltiples áreas.
Aparte de la hipertrofia legislativa y el gasto que originan diecisiete parlamentos y gobiernos, las desigualdades en el tratamiento a la familia, en la financiación de servicios públicos básicos (como sanidad o enseñanza) convierten la diversidad autonómica en fuente de agravios.
UNA ESPAÑA, 17 ESPAÑOLES
El sistema autonómico, previsto en la Constitución como un modelo de transferencia de competencias estatales con destino a unos entes políticos de ámbito regional, ha servido de coartada para crear «microclimas» sociales, políticos, normativos, educativos y culturales, que acaban debilitando los lazos imprescindibles para que exista una única ciudadanía.
El ejemplo de la ayuda pública a las familias es paradigmático de esas desigualdades que comienzan en la cuna misma del español que nace en uno u otro lugar.
Ayudas que, para la misma familia, son de cero euros en Aragón o de 2.898 al año en Cataluña.
Ser español no tiene el mismo significado en toda España. La nuestra y nos duele decirlo, no es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones.

España injusta, segregada, desigual: No todos los españoles somos iguales

Las diputaciones vascas y Navarra disfrutan de un régimen foral que genera conflictos con regiones vecinas




En España sigue habiendo fronteras interiores marcadas no solo por la diferencia de peso político entre unas autonomías y otras sino por la capacidad legislativa que, en materia fiscal y económica, disfrutan específicamente el País Vasco y Navarra. Es fruto de una histórica foralidad que se rescató en la Transición para esas dos comunidades, pero de la que se quejan las regiones vecinas. Especialmente La Rioja, que ha llegado a cuantificar el coste de ese «efecto frontera» entre 17 y 19 millones de euros anuales.
En síntesis, la foralidad supone que las tres diputaciones vascas y Navarra disfrutan de un régimen que les permite intervenir autónomamente en la política fiscal y en los incentivos que acaban repercutiendo en quienes pagan los impuestos. En la práctica, supone que las diputaciones vascas y Navarra disponen de una herramienta específica con la que no cuentan las regiones vecinas y que estas consideran un agravio, una «competencia desleal». Y es que una empresa —y se han dado casos a lo largo de los años—, a la hora de decidir dónde se instala, puede optar por hacerlo en un punto en el que pague menos impuesto de sociedades. Y en vez de seguir en La Rioja se va a Álava, porque le dan más ayudas o paga menos impuestos. Casos se han dado a lo largo de los años.
La Rioja ha liderado, y lo sigue haciendo, la batalla contra ese «efecto frontera». Lo hace por dos vías. De un lado, exigiendo al Estado que ponga fin a ese agravio. De otro, reclamando que, mientras se siga dando, se compense a La Rioja por lo que pierde cada año, por el dinero que tiene que dedicar para evitar que las empresas se «fuguen» a la comunidad vecina.
A lo largo de los años, han sido decenas los recursos judiciales planteados por La Rioja y una veintena de pronunciamientos que le han dado la razón. Sobre todo, ha acudido a los juzgados en contra de normas económicas aprobadas por las diputaciones vascas, como fijar un impuesto de sociedades inferior al que rige para el resto de España.
Fuentes del Gobierno riojano se quejan de que «el Concierto Económico Vasco —ese trato privilegiado entre el Estado y el País Vasco sustentado en la foralidad— ha sido aprovechado sistemáticamente por las diputaciones vascas para legislar en materias de tributación y de incentivos económicos, entrando en conflicto con las regiones vecinas». La Rioja incluso lo ha denunciado ante la UE.
Ante el Constitucional
El problema se ha agravado desde 2009, cuando Zapatero pactó con el País Vasco el «blindaje» del Concierto Económico, fruto del «trueque» entre las fuerzas políticas vascas y el Gobierno central del PSOE. Ese «blindaje» elimina la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción ordinaria las normas que puedan atentar contra la unidad de mercado, como hasta ahora había venido haciendo La Rioja. «Es el colmo que, además de existir esos privilegios que perjudican a las comunidades vecinas, no se pueda acudir a los tribunales españoles para defender nuestros derechos», subrayan desde el Gobierno riojano que preside el popular Pedro Sanz. Él, personalmente, presentó en abril de 2010 ante el Tribunal Constitucional el recurso en contra de ese «blindaje» del Concierto Económico Vasco.
De momento, desde que se aprobó esa sobreprotección de la fiscalidad foral vasca, las diputaciones no han aprobado normas que entran en conflicto con los intereses de las comunidades vecinas. Pero, ¿y si se aprueba alguna norma de ese tipo antes de que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional? Pues que el Gobierno riojano, para defender sus derechos, no podría acudir a los juzgados españoles. La única opción será presentar la correspondiente denuncia ante la Comisión Europea. Para evitar este dislate, el Gobierno riojano insiste en que urge que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentó contra el «blindaje» del Concierto Económico Vasco.
Entretanto, el Ejecutivo de La Rioja exige al Gobierno central que le pague para compensar a esta región por el «efecto frontera». Y Sanz se queja de que Zapatero tampoco acepta abonar esa compensación, que sí le llegó en 2003. El Gobierno de Aznar reconoció que se debía pagar a La Rioja por ese «efecto frontera» y le abonó 21 millones de euros por los años 2002 y 2003, un dinero con el que se construyó el Palacio de Congresos de La Rioja. Desde entonces, el Estado ya no ha pagado ni un euro, lamenta el Ejecutivo de Sanz, que insiste en exigirlo.
El presidente riojano recuerda que, para hacer frente a las también llamadas «vacaciones fiscales vascas», su Comunidad tuvo que poner en marcha una política de incentivos para empresas. Lo hace a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Y detalla que, por ejemplo, solo en el año 2004 eso le supuso a su Comunidad unos costes directos de 35 millones de euros, el montante dedicado a incentivos con los que evitar que las ventajas que ofrece el País Vasco le quiten empresas a La Rioja. El Gobierno de Pedro Sanz destaca que de ese dinero que su región dedica a la política de incentivos empresariales más de la mitad los recupera el Gobierno central vía IVA e Impuesto de Sociedades. «Paradójicamente, la Administración central es la gran beneficiada de todas estas medidas planteadas desde el Gobierno riojano», afirma Sanz. Por eso, exige que el Estado costee al menos la mitad de lo que anualmente dedica La Rioja a paliar la competencia que ejercen las ventajas fiscales de los territorios vascos.
Así, el coste del «efecto frontera» que La Rioja reclama al Gobierno central supera ya ampliamente los 100 millones de euros de deuda acumulada: 17,5 millones de euros en 2004, 20,83 millones en 2005, 18 millones de euros en 2006, otros tantos en 2007, 19 millones en 2008... Y suma y sigue.

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