Blogoteca: El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año

martes, 9 de noviembre de 2010

El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año


Los excesos de los organismos públicos son cada día “más sangrantes”, advierten los expertos. La red de clientelas surgida alrededor de los Gobiernos regionales es uno de los graves problemas del sistema.


El actual sistema autonómico es cada día más insostenible. “Estamos al borde de la bancarrota”. Así de alarmante describen la situación actual del Estado numerosos catedráticos, economistas y la práctica totalidad de los políticos pero, por el momento, sólo Mariano Rajoy ha prometido abordar una revisión en profundidad del Estado autonómico.
La propuesta, dicen en el Partido Popular, no la desvelarán hasta el programa electoral de 2012, pero ya han avanzado que el objetivo principal será delimitar competencias entre comunidades, ayuntamientos, Estado y diputaciones provinciales para acabar con los excesos del sistema.
Según un estudio realizado por el economista y dirigente de Unión, Progreso y Democracia, Luis de Velasco, las duplicidades actuales del Estado de las autonomías nos cuestan anualmente entre un 0,7% y un 2,3% del PIB nacional. Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros. Esa cifra equivale, por ejemplo, a la deuda pública emitida por España en este año.
El sillón de consejera de Estado que ocupará la recientemente cesada vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega es un ejemplo claro de ese despilfarro del Estado descentralizado español. Prácticamente, todos los Gobiernos regionales han creado sus propios Consejos de Estado, algunos, incluso, tienen hasta dos consejos consultivos, como Cataluña.
Defensores del pueblo, del menor, sindicaturas de cuentas, agencias de protección de datos y un sinfín de observatorios sin competencias pero presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos “poco eficaces y nada eficientes”, explica el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Bañón.
El mismo profesor resume a la perfección las tres vertientes de este elefante administrativo en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías. “Por un lado, está el problema político. Hemos creado un sistema asimétrico en el que unas comunidades autónomas tienen un régimen privativo, es decir, que la seguridad en Madrid o en el País Vasco corre a cargo de la Bescam en un caso y la Ertzaintza en otro. La segunda vertiente es la económica. Un Estado de las Autonomías como el que tenemos montado es un despilfarro. La redundancia de gastos lo hace insostenible y, además, no se controla a dónde va el gasto público. El tercer problema es la descoordinación. Hemos traspasado la educación y la sanidad a las comunidades autónomas y eso supone la ruptura de la caja única y crear un problema de justicia, de vulneración de los derechos por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad”.
Bajo esa maraña de traspasos económicos y competenciales está el verdadero anclaje que impide avanzar al barco. Según Bañón, el problema político y económico se resolvería si los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en hacerlo, pero esto supondría “romper las clientelas creadas por las comunidades”.
Una prueba de esas clientelas a las que se refiere el catedrático de la Universidad Complutense es que la mitad de los funcionarios existentes en toda España dependen de las Administraciones autonómicas, sin embargo, los Gobiernos regionales sólo gestionan el 30% de los presupuestos generales.
El informe elaborado por Luis de Velasco, por su parte, pone también de manifiesto el gasto desproporcionado de los parlamentos autonómicos. Según los datos denunciados en varias ocasiones por el partido de Rosa Díez, cada diputado regional catalán cuesta a las arcas públicas más de 505.000 euros, mientras que un parlamentario nacional supone un gasto de 280.000 euros. Esa desproporción surge de la división entre el número de representantes y el presupuesto de las cámaras. En este caso, el Parlamento catalán tiene una partida de 68 millones de euros y 135 diputados, mientras que el Congreso cuenta con un presupuesto de 98 millones y 350 parlamentarios.
Además de la duplicidad de organismos y ventanillas existente a consecuencia de la descentralización, otro de los problemas a los que se enfrenta el Estado, especialmente en la actual situación de crisis que se está viviendo, es la desproporcionada creación de empresas públicas. Entre esas compañías se encuentran las cajas de ahorros, cuya gestión ha quedado en evidencia y que, de acuerdo a la opinión de los expertos, son “reinos de taifas” contaminados políticamente.
En esta lista de despilfarro por triplicado se encuentran también las subvenciones otorgadas por cada una de las Administraciones que han dado lugar a entidades que viven única y exclusivamente de las ayudas públicas a pesar de su falta de actividad.
Otro de los problemas es la desigualdad entre territorios. Lo que ha dado lugar a un gran malestar entre los ciudadanos que apelan a las distintas clases de votantes, los de primera y los de segunda. En este sentido, lo más peligroso, según advierten los expertos, son las desigualdades relacionadas con la sanidad y la educación, que han provocado que los conocimientos de historia que adquieren los niños extremeños no tengan nada que ver con los gallegos, por ejemplo.
El caso de las embajadas autonómicas supone también, además de un despilfarro autonómico, un problema para la imagen que el país da en el exterior. Vender nuestro producto dividido en 17 piezas es poco operativo y menos competitivo.

Más rémoras

Según el último estudio de Deloitte para UTECA, la asociación que agrupa a las grandes cadenas privadas de televisión, actualmente los canales autonómicos acumulan una deuda de 1.480 millones de euros.
Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión pública y dan trabajo a unos 10.000 trabajadores. Según los datos facilitados por las propias cadenas regionales, cada ciudadano vasco paga unos 140 euros al año por sintonizar en su televisor la EiTB; los madrileños, por su parte, abonan cada uno 15,5 euros por ver Telemadrid. A pesar de que el coste de la televisión de la Comunidad madrileña no es de los más elevados, la primera presidenta autonómica que ha levantado la voz para plantear la posibilidad de privatizar la cadena pública de su región ha sido Esperanza Aguirre.
Últimamente, también la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha sumado a esa petición, pero la propia legislación existente es bastante restrictiva y determina que debe ser el Gobierno central el que debería abordar este asunto en coordinación con los Ejecutivos regionales.
El ejemplo de las cadenas regionales, que con la llegada de la TDT han incrementado el número de sus canales, es uno más dentro de una larguísima lista. Suma y sigue. El Estado pierde dinero por cada agujero de los bolsillos autonómicos mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en intercambiar transferencias a cambio de votos parlamentarios.

Intereconomía

No hay comentarios: