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domingo, 24 de octubre de 2010

España insostenible: En el país de las maravillas

 

La España autonómica ha desembocado en un quimérico puzle que constituye un lujo administrativo que no nos podemos permitir

 
 
 
Manuel Martín Ferrand
 
«La última vez que yo estuve en Galicia —escribía Julio Camba en 1918—, Galicia era una de las más hermosas regiones españolas. Ahora ha ascendido a la categoría de nación». Y añadía el maestro gallego que se redimió de la acracia en ABC: «Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa. Es cuestión de quince años y un millón de pesetas. Con un millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismísimo Getafe, a dos pasos de Madrid».
El experimento previsto por Camba se inició sesenta años después de su planteamiento, hace poco más de treinta años, y ha costado cifras superiores a los seis mil euros —el millón de pesetas— presupuestados por el genio de la provincia de Pontevedra; pero, en líneas generales, ha certificado la capacidad visionaria del maestro. Han surgido, con mayor o menor descaro, diecisiete naciones y todas ellas definen ya su modelo antropológico dominante, sus rasgos culturales definitivos, lo específico de su Geografía, lo diferencial de su Historia y, en suma, sus rasgos identitarios sobresalientes.
La Transición, el insólito y benemérito salto de la dictadura a la democracia, ha generado muchas y profundas transformaciones en España; pero la mayor de todas ellas es, sin duda, la que podemos agrupar en el Título VIII de la Constitución vigente: la España Autonómica, algo que sustentado en un pragmático afán descentralizador, de signo contrario al centralismo autoritario de Francisco Franco, ha desembocado en un quimérico puzle —una Nación de naciones— que, independientemente de cualquier valoración política, constituye un lujo administrativo que no nos podemos permitir.
Millones de funcionarios
El gasto de las Administraciones territoriales (35,6% las Autonomías y 29,9% los Ayuntamientos) supone el 49,2 por ciento de los gastos totales del Estado que, como se sabe, cursa en varios planos administrativos: el nacional propiamente dicho, el autonómico o regional, las diputaciones en las autonomías pluriprovinciales, los cabildos en los archipiélagos y el municipal. Además, instituciones y organismos, centros y empresas públicas de la más diversa naturaleza y elevado coste.
De los 800.000 funcionarios que, redondeando, atendían las instituciones del Estado en el momento de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, hemos pasado a casi 3,5 millones. Mucho parece lo de cuadruplicar una nómina pública; pero, poco o mucho, la realidad acredita la no sostenibilidad del concepto y de su proporción dentro de una población activa que, por razones coyunturales que empiezan a ser también estructurales, seguirá ofreciendo la más baja productividad con respecto al total poblacional de todos los estados europeos y, lo sospecho aunque no puedo certificarlo, de todos los del mundo.
Hace unos pocos días el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le recordaba al Gobierno que, inexcusablemente, en 2011 «debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6 por ciento del PIB». Cueste lo que cueste, decía el gobernador porque «es la base de la credibilidad del país». Una credibilidad, añado por mi cuenta, que está en veremos. Durante el heptagenario de poder de Zapatero, los Presupuestos han sido, en los ingresos, la expresión de un deseo y, en los gastos, un propósito incumplido. Las agencias de clasificación —Standard & Poor's, Moody's y Fitch— ya lo han significado en la valoración del riesgo financiero del Reino de España.
La TV como síntoma
Puestos a recortar gastos, la más eficaz de las medicinas para el tratamiento de nuestra despilfarradora enfermedad económica nacional, habrá que hacerlo de donde haya, no de las hipótesis platónicas que suelen manejarse. Como decíamos, la Administración central del Estado acapara para sí el 20,9 por ciento del total de los gastos públicos. En las Autonomías hay algunas que, en el último quinquenio, han incrementado la masa salarial de sus funcionarios y empleados en más de un 50 por ciento y, para mayor escándalo, en un tiempo en el que las circunstancias han impuesto un número escaso, prácticamente simbólico, de transferencias. En más de una de las Comunidades, uno de cada tres empleados trabaja con cargo al Presupuesto. ¿Se puede hablar de algo que no sean drásticos recortes?
Las corporaciones locales, los Ayuntamientos, manejaron durante el pasado ejercicio el 13,6 por ciento del total de los gastos públicos, una proporción verdaderamente exigua si se tiene en cuenta que todos los españoles vivimos, realmente, en un municipio, mientras que las ideas autonómicas y nacionales nos resultan más abstractas y distantes. La Seguridad Social, con el 29,5 por ciento del gasto total del Estado, constituye, con la fuerza añadida de sus transferencias, el capítulo más grueso y significativo del de un 100 por cien que, ni en su conjunto ni en sus partes, podemos seguir soportando con los recursos disponibles.
El «plan B» que reclamaba, en previsión de que no funcione el A, Miguel Ángel Fernández Ordóñez es imprescindible. La deuda contraída por las Autonomías supera ya, solo en lo que se observa a primera vista, los 120.000 millones de euros. Una cifra que denuncia, a lo largo del último ejercicio, un incremento del 26 por ciento. La contemplación en el detalle es aún más pavorosa. Por ejemplo, la suma del déficit, sin contar la deuda acumulada, de las televisiones autonómicas alcanza los 1.500 millones de euros, la misma cantidad que el coste total de RTVE en el presente ejercicio. Añádasele al capítulo las televisiones y radios municipales, que existen aunque no están censadas, y tendremos a la vista la elefantiasis de un capítulo que, en el orden lógico de la demanda social, debiera ser menor y casi insignificante.
Educación + Sanidad= 60%
¿Cómo se puede recortar el gasto de los medios audiovisuales de titularidad pública? Seguramente la única solución eficaz para atajar el mal es proceder a su cierre. Algún líder regional especula, a efectos meramente dialécticos, con su «privatización»; pero, ¿cómo se privatiza un bien que, en función de la digitalización, ya no es escaso, en el que la acumulación de las deudas y el déficit es parte esencial de su naturaleza en razón de su ocupación y control sindical?
Lo que debiera haber sido un bien notable a partir de la ordenación territorial que marca el Título VIII, la descentralización y el subsiguiente mayor control de los recursos disponibles se ha quedado en poco menos que nada. El 60 por ciento del total gasto autonómico, por ejemplo, se centra en las partidas de Educación y Sanidad, transferidas en su práctica totalidad a las correspondientes Administraciones autonómicas. No ha supuesto ninguna reducción del gasto con respecto a la centralización anterior, todo lo contrario. Como un efecto mágico del sistema, el gasto se ha convertido en creciente y, como una perversión del principio de igualdad que reclama la Constitución vigente, se ha incrementado también la diferencia entre las prestaciones que están al alcance de los ciudadanos en unos y otros territorios del Estado. Hay, en lo que a la potencialidad del gasto respecta ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Más los inmigrantes que todavía están sin clasificar. Algo de difícil arreglo aún contando con el copago.
La fiesta de los toros, aunque sea un capítulo menor y anecdótico dentro de una contemplación general de la disfuncionalidad que arrastran las Autonomías, es donde mejor se advierten las distancias que han acarreado las transferencias competenciales. Con la evolución normativa que es inherente a cada uno de los Parlamentos del Estado, llegaremos a disponer de 17 reglamentos taurinos distintos y, para empezar, en una autonomía como la catalana ya han sido prohibidas las corridas de toros y novillos, bien sean a pie o a caballo.
Diecisiete mercados En lo que se refiere al mercado, la distribución y venta de productos y servicios ya no obedece a los supuestos de la unidad de mercado que, según los expertos, es un acelerador inestimable de eficacia, calidad y servicio. El mercado nacional se ha fragmentado en 17 mercaditos autonómicos y éstos, a su vez, en unos cuantos millares de minimercaditos locales. A partir de la homogeneidad salarial que, todavía, marcan en España los convenios colectivos se genera el despropósito de lo teóricamente igualitario en el territorio de la demanda y evidentemente fraccionado y diferente en el de la oferta. ¿Es eso algo que le convenga a alguien?
Frente a un mundo globalizado, corto en distancias y mínimo en diferencias, en España nos hemos permitido el retorno a un estadío poco menos que medieval en el que lo folclórico e identitario impone su ley frente a la lógica de un consumo en el que sean aplicables las leyes de los grandes números para el abaratamiento del consumo de las familias y las personas. Dentro de un marco tan complejo, diabólico, no se puede ignorar un capítulo especial y secreto de nuestra economía nacional que cursa con distintos e inescrutables dimensiones en las distintas Autonomías. Según un interesante trabajo que, con la autoría de los profesores Brindusa Anghel y Pablo Vázquez, publica el reciente «Libro marrón» del Círculo de Empresarios —«Implicación de la economía sumergida en España»— el monto de esa actividad encubierta en el periodo 1989-2010 se acerca al 20 por ciento del PIB. Muy poco menos, según las estimaciones, que Grecia e Italia y menos de la mitad que en los EE. UU. El desigual reparto de la «actividad» por el territorio nacional incrementa notoriamente la desigualdad entre unas y otras autonomías y, en cualquier caso, en un efecto que toma razón, además de sus génesis clásicas, de la confusión de mercados y fiscalidades que ofrece el complejo muestrario nacional.
Según los expertos, a pesar de la gravedad del momento, la cantidad escondida en ese complejo y delictivo mundillo andará alrededor de los 200.000 millones e, incrustado en la economía real y fiscalmente correcta, podría aportarle al Estado la cantidad que se deduce de su base cotizable y a la Nación otra cantidad muy parecida por la inducción de actividad y trato comercial que genera la normalidad. Ese capítulo fantasmal de la economía, no es, únicamente, un efecto de la ruptura de la unidad de mercado, ofrece mayores posibilidades a quienes pretenden escaparse de la voracidad pública. Las diferencias interregionales que establece son de orden mayor y, con su potencial fiscalidad, podría cambiar el sentido económico de las Autonomías con mayor prosperidad de comercio y turismo en su tabla productiva.
Sin concurso ni oposición
No es cierto que las Autonomías produzcan entusiasmo en los territorios en los que cunden los nacionalismos, tanto más cuanto más centrífugos sean estos, que en los más sosegadamente españoles. Aparte de lo identitario —mucho ruido y pocas nueces—, las Autonomías en su imprevisto desarrollo presente han significado un modo de vida para cientos de miles de funcionarios y contratados sin concurso ni oposición y un nuevo estatus que satisface a la clase política de todas las circunscripciones. Ni en las Autonomías más españolas y menos ditirámbicas se observan movimientos de contención y, menos, de devolución al Estado de competencias que, quizás con precipitación, les han sido transferidas.
La deuda de las Comunidades —más de 100.000 millones— es, todavía, menor que la del Estado; pero cursa con menor transparencia y ofrece mayores dificultades en su seguimiento. De ella y de su desequilibrio, en los años dorados del ladrillo, surgió el mayor epígrafe de la corrupción que nos empobrece económica y moralmente y que, misteriosamente, no nos indigna en la intensidad que permitiría sospechar la tradicional cólera del español sentido.
Un lujo insostenible
Está latente, flota en el aire, una cuestión de muy difícil respuesta y que sería deseable que todos, aunque solo fuera hacia adentro, respondiéramos con sinceridad. ¿Estamos satisfechos de nuestro vigente modelo de organización territorial del Estado? ¿Era eso lo que esperábamos cuando, en diciembre del 78, refrendamos con nuestros votos el texto constitucional en el que hoy se asienta el modelo español de descentralización y convivencia? Sea cual fuere el sentido de nuestras íntimas respuestas —añado— es un lujo que no nos podemos permitir en su dimensión actual.
Si no queremos precipitarnos en los abismos del pesimismo colectivo, lo que nunca es provechoso ni produce satisfacciones, habrá que celebrar el éxito, aunque menor del previsto por la empresa y demandado por el respetable, de las últimas ocho décadas de la vida española. Algunas cuentas y muchos proyectos nos han salido mal y son evidentes los fracasos en la selección del personal; pero todo tiene arreglo. Lo más difícil aquí y ahora, porque está en juego el pan de una nueva casta política, es echarle más parches a los rotos autonómicos y empezar a pensar, sin prisas, en una revisión constituyente que corrija los excesos de nuestro sarampión democrático y parcelario y, sin impulsar grandes movimientos centrípetos, consiga calmar los centrífugos.
El diseño vigente del Estado es insostenible. El gasto supera a los ingresos y, además y sobre todo, sus muchos ciudadanos —la mayoría de los no separatistas— que ven en el modelo, además de despilfarro y solapamiento de funciones y atribuciones, un atentado contra la idea unitaria del Estado. Duplicamos los gastos y dividimos la eficacia colectiva, un mal negocio. En 1924, y vuelvo con Camba, decía el maestro que «llevamos cincuenta años pasándonos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, para ver si se calman nuestros males, como esos enfermos que, postrados en el lecho, se vuelven ahora de un lado para echarse luego del otro sin encontrar nunca alivio a sus dolores».
De lo que se trata es de curar las heridas del maltrecho cuerpo nacional, echarle un zurcido a los bolsillos colectivos y, en su caso, darle un varetazo en la mano a quien acredite tenerla demasiado larga. España es un país muy difícil y no se precisa la colaboración de todos para alcanzar el circense más difícil todavía. Hoy por hoy, la Administración pública nos cuesta, de promedio, 10.000 euros por ciudadano y año. El problema no es de izquierdas o derechas que, en un Estado de Bienestar, no se distingue suficientemente. Es de trabajo privado y decencia pública.

Las regiones gastan 40 de cada 100 euros

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