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domingo, 22 de agosto de 2010

El Gobierno menguante

Melilla y Cataluña: dos problemas, dos cesiones. La teoría del apaciguamiento elevada a su máxima potencia


SI el régimen de Marruecos propicia un conflicto en Melilla contra los intereses españoles, el Gobierno de España primero niega el conflicto y luego se dedica a aplacar al que lo ha originado. Si el poder autonómico catalán provoca una tensión artificial contra la autoridad constitucional del Estado, el Gobierno que representa esa autoridad se apresura a darle la razón a quienes la cuestionan. Ése es el mensaje que ha recibido esta semana la opinión pública nacional de parte del Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones que oficialmente no ha tomado. Dos crisis, dos problemas, dos cesiones: he ahí la teoría del apaciguamiento elevada a su máxima potencia práctica.
Primer problema: Melilla. Gana Marruecos, que es el que lo ha planteado. El Gobierno español prefiere tildar de desleal a la oposición por preocuparse de los melillenses y hacer lo que tenía que haber hecho algún ministro, que es viajar a interesarse por ellos. Silencio ominoso sobre la vejación a las mujeres policías, una subvención de un millón de euros para proyectos de cooperación y la concertación de dos visitas ministeriales (Interior y Exteriores)… a Rabat. Melilla ni sobrevolarla, no se vaya a enfadar el vecino quisquilloso. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Si durante dos años el presidente ha negado la existencia de una crisis económica mundial, cómo va a reconocerle tal rango al hostigamiento fronterizo de unos aleccionados activistas babucheros.
Segundo problema: Cataluña. Gana la Generalitat en su gimoteo victimista. La primera medida posvacacional del Gabinete consiste en encargar al ministro de Justicia que encuentre el modo de trocear el Poder Judicial para burlar la ya benévola sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Ni una palabra oficial sobre el recurso de la Defensora del Pueblo a la ley autonómica que pretende imponer el catalán a los inmigrantes, entre otros recortes de derechos, y mucho menos sobre la infame acusación de parcialidad política lanzada por Montilla sobre la titular de un cargo institucional de imparcialidad obligada. Silencio asertivo, silencio culpable.
Y si ante este Gobierno menguante ganan siempre los que plantean problemas (salvo que se trate del PP, acusado universal de crearlos), está claro quién pierde. Pierden los intereses del conjunto de la nación, o de lo que va quedando de ella, preteridos en una amilanada política de concesiones y tráfico de favores. Pierde la España global a la que se supone que representa un poder elegido para defenderla. Y pierde, en última instancia, el propio Gobierno, cuyas competencias y autoridad se reducen en un pintoresco proceso de jibarización que propicia quien más perjudicado sale de él. La pregunta que queda en el aire ante esta complacencia autolimitadora es para qué ponen tanto ahínco en conservar el poder si sólo lo ejercen para reducirlo.
ABC

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