Blogoteca: julio 2010

miércoles, 28 de julio de 2010

El dogma de las Autonomías (II), por Juan Manuel Blanco

A partir de los años 90, la literatura económica y política comienza a analizar los graves problemas que generaba la descentralización territorial y a proponer ciertas normas para intentar paliarlos. Los gobiernos regionales tendían a llevar a cabo políticas contraproducentes para el crecimiento económico, a incidir en un enorme gasto clientelar y a incurrir en una intensa indisciplina presupuestaria. Y la causa estribaba en los perversos incentivos que crea el sistema de financiación regional a través de transferencias del centro, ya que rompe el nexo existente entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales así como el vínculo entre gasto regional y presión fiscal.

Dado que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento en la región, las políticas favorecedoras de este crecimiento se tornan menos atractivas para los políticos locales, que se inclinarían más por el trato de favor a ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral. Se generaría una tendencia hacia la indisciplina presupuestaria ante la perspectiva de que mayor gasto no lleva a la necesidad de tomar una medida impopular como aumentar la presión fiscal en la región: los ingresos dependen, en realidad, de otros criterios, como pudiera ser el poder de negociación con el centro. Por ello, se recomienda establecer un régimen de disciplina fiscal de las regiones, un sistema por el que cada región pueda beneficiarse fiscalmente del crecimiento económico que se genera en su territorio y un centro fuerte capaz de imponer un control del gasto a las regiones.

En contra de lo que se pensaba, el control que ejercen los votantes sobre los gobernantes tiende a ser más imperfecto a nivel regional que nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los votantes atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra. Es fácil que las administraciones autonómicas culpen al gobierno central de unos malos resultados que podrían ser atribuidos a sí mismas. Además, a los gobiernos regionales les resulta más sencillo controlar su parlamento, disfrutar de una relación más cercana con la judicatura o lograr un cierto grado de sometimiento de los medios de comunicación locales (que son más frágiles y pueden depender más de las concesiones o subvenciones de estos gobiernos). Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resulta extraño que los gobiernos regionales o municipales tiendan a ser más corruptos que los nacionales.

Para reducir la incidencia de estos problemas, se recomienda que el sistema de descentralización esté muy bien diseñado e institucionalizado, con unas reglas del juego perfectamente definidas y una asignación de responsabilidades bien clara a cada una de las administraciones. Esto incluiría el traspaso a las regiones solamente de aquellas competencias cuyos servicios puedan prestarse mejor en el ámbito regional que en el nacional.

Tampoco se observaba la necesaria competencia sana entre regiones, prevista por la teoría del federalismo fiscal, ya que muchos gobiernos regionales tendían a entorpecerla estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones, intervenciones administrativas etc., que llegan a poner en peligro la unidad de mercado. Por tanto, la descentralización debe preservar la unidad de mercado y la libre movilidad.

Algunos problemas en el diseño autonómico español

El Estado de las Autonomías español parece adolecer prácticamente de todos los defectos descritos en la literatura internacional sobre la descentralización. A pesar de que se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, lo cierto es que, en la práctica, los ingresos de la mayor parte de la autonomías dependen, en mayor medida de un proceso negociador que de sus logros económicos Esto fomentaría la indisciplina presupuestaria, la enorme expansión del gasto, los comportamientos clientelares y las prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, observadas en buena parte de las autonomías.

Lejos de responder a un diseño meditado, que contemplase las consecuencias a largo plazo y estableciese un claro reparto de competencias entre el centro y las regiones, el proceso autonómico español estuvo caracterizado por la improvisación, la componenda y la falta de visión de futuro. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar y definir bien el sistema, los constituyentes tuvieron la feliz ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de las necesidades e intereses de los gobernantes de cada momento y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Desde entonces, el Estado de las Autonomías parece haber evolucionado respondiendo a los intereses de las clases políticas regionales y de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos.

Los traspasos de competencias no han seguido un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio sino una regla de conveniencia política. Raramente se han beneficiado los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes pero los partidos políticos descubrieron que un traspaso de competencias del Estado a las Autonomías multiplica por 17 los cargos a repartir entre sus miembros. Aunque un partido pierda el gobierno nacional, siempre tendrá puestos para repartir en algunas regiones. Se crea, por tanto, una gran estructura política y burocrática que, ante la gran imperfección de los mecanismos de control locales, tiende a acaparar casi todos los resortes del poder, a politizar cada vez más espacio de la sociedad civil y a favorecer a los grupos de presión locales, como si en buena parte de nuestras autonomías se fuera instalando un sistema de favoritismo, privilegio y sumisión al poder. Y las políticas de los Gobiernos Autonómicos han tenido, en general, un carácter muy intervencionista incluyendo infinidad de regulaciones que, en opinión de muchos autores, ponen en peligro la unidad de mercado.

Es explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos Autonómicos con las competencias que manejan pues la autonomía va creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que viven del presupuesto público, cuyo mantenimiento requiere más gasto, más presupuesto y más competencias. No es sorprendente que el enorme entusiasmo de estos grupos ante las reformas de los estatutos de autonomía contraste con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero la crisis económica ha contribuido a poner sobre la mesa muchos problemas estructurales e ineficiencias que, en otros momentos, pudieron enmascararse fácilmente. Es hora de replantear el  proceso autonómico, sacando el debate de la esfera de las emociones, los impulsos primarios, los tabúes y los dogmas para introducirlo en el de la racionalidad y la argumentación. Y, sobre todo, es momento de proponer las reformas necesarias para que los beneficiados sean los ciudadanos y no solamente los políticos y los grupos de presión aledaños.

Cierto, hay propuestas que parecen imposibles... ¡salvo en épocas de crisis! 

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

El Confidencial

El dogma las Autonomías (I) por Juan Manuel Blanco

A pesar del carácter modélico con el que la propaganda oficial ha venido presentando el proceso autonómico español, algunos de sus aspectos no dejan de resultar, cuando menos, sorprendentes. Se ha acometido un intenso proceso de traspaso de competencias del Estado a las Autonomías sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse más eficientemente en al ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico.
Se han identificado, con frecuencia, los traspasos de competencias con derechos o logros para los habitantes de una región, olvidando que lo que realmente importa a los ciudadanos es la prestación eficaz del servicio, con independencia de cual sea la administración que lo proporcione. La descentralización nunca acaba de cumplir sus objetivos pues cuantas más competencias van asumiendo las Autonomías, mayor insatisfacción se genera en éstas y más reivindicaciones de otras nuevas aparecen.

Se han presentado los traspasos de competencias como una manera de prestar los servicios de manera más eficiente y barata pero, dado que el gasto de las Autonomías ha crecido por encima de la asunción de funciones, podría sospecharse justamente lo contrario.
Se ha argumentado, como justificación de la descentralización, que ésta acerca la administración al ciudadano pero, en contradicción con este argumento, no ha existido una segunda descentralización hacia otros entes menores y, teóricamente, más cercanos al ciudadano, como las diputaciones o los ayuntamientos (descentralización en España, pero centralismo en cada Autonomía).
Y se ha identificado frecuentemente la descentralización con una profundización de la democracia y de la libertad de los individuos pero la creciente imposición de regulaciones, control de la vida ciudadana y establecimiento de barreras a la movilidad y a la competencia en muchas Autonomías, son hechos que invitan a poner en duda este planteamiento.

Desde su inicio, los análisis críticos rigurosos del Estado de las Autonomías español han constituido una rara excepción. En su lugar, hemos escuchado durante muchos años un discurso plagado de lugares comunes, frases hechas, declaraciones altisonantes, supuestos agravios regionales o apasionados llamamientos a defender la dignidad mancillada de un territorio. En definitiva, mucha carga ideológica y política, muchos elementos emocionales y frases huecas pero poco debate racional, como si de un dogma cuasi religioso se tratase.
Y la controversia acerca del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene visos de desarrollarse con la misma pobreza argumental. Por ello, se echa en falta un nuevo enfoque que, lejos de tabúes y autocensuras, proponga una visión crítica serena y objetiva, que ponga de manifiesto los elementos que hay detrás de este proceso autonómico, señale sus ventajas e inconvenientes, explique los fallos y aciertos cometidos e inicie el debate sobre el mejor camino que debe seguirse en el futuro.

La descentralización de un país puede aportar ciertas ventajas si se realiza de forma adecuada pero, si el proceso no está bien diseñado, como ocurre en el caso español, esta descentralización puede acarrear muchos más problemas que ventajas, favoreciendo los intereses de ciertos grupos locales a costa del resto de los ciudadanos.

En los años en que se establece el Estado de las Autonomías en España, la literatura económica y política era claramente favorable a la descentralización pero los malos resultados en muchos países y la investigación posterior han llevado a un serio replanteamiento: ahora los estudiosos son mucho más críticos y cautos con estos procesos.  
Las primeras teorías sobre la descentralización Los líderes de la independencia los Estados Unidos de América consideraron que el esquema de un país unido pero descentralizado (en este caso federal) permitía combinar las ventajas de un país grande (comercio a mayor escala, mejores posibilidades de defensa ante una agresión exterior, facilidad de recaudación de impuestos) con los de un país pequeño (mayor cercanía al ciudadano, que puede controlar mejor a sus representantes) y evitaba la concentración del poder en un solo gobierno, repartiendo éste entre diversos entes territoriales.

Ya en el siglo XX, la literatura económica comenzó a formalizar lo que hoy se conoce como “primera generación de federalismo fiscal” o una teoría sobre las ventajas de la descentralización. Con este esquema, la prestación de ciertos servicios en el ámbito regional lograría adaptar mejor las características de estos servicios a las particularidades locales y, debido a una mayor cercanía, los votantes podrían ejercer un mejor control sobre los gobiernos regionales. Se generaría una sana competencia entre las administraciones regionales por realizar una buena política y gestionar los recursos eficientemente con el fin de atraer ciudadanos de otras regiones que contasen con peores servicios y mayores impuestos. Como corolario, los gobiernos regionales tenderían a reducir su tamaño, contribuyendo así a la consecución de un estado pequeño y eficaz.
Todo este consenso científico, junto con el buen funcionamiento de sistemas federales como los Estados Unidos o la República Federal de Alemania, llevó a la puesta en marcha de procesos de descentralización territorial en algunos países. Sin embargo, ya en los años 90 del siglo XX, los estudios observan que, al contrario de lo que predecía la teoría, los resultados habían sido, en general, bastante decepcionantes.

La descentralización parecía generar más corrupción, una gran ineficiencia, una administración hipertrofiada y crecientemente intervencionista, enorme inestabilidad presupuestaria con tendencia a déficits abusivos, mayor inflación y, en ciertas condiciones, menor crecimiento

¿En que había fallado la teoría? ¿Cómo podía explicarse que la descentralización funcionase bien en algunos países pero generase nefastos efectos en otros? La teoría del federalismo fiscal había fallado por sus erróneos supuestos acerca del comportamiento de la administración y del sistema político:

a) los gobernantes no son meros entes altruistas que buscan el bienestar de los ciudadanos, sino agentes que tienen sus propios intereses y
b) el mecanismo del voto no constituye un control directo sobre los gobiernos sino un control muy indirecto e imperfecto.
Por ello, el tipo de instituciones que se crean en la descentralización van modelando los incentivos de los dirigentes regionales para desarrollar unas políticas u otras, en busca de sus propios beneficios. Se hacía necesario, a la luz de estas nuevas consideraciones, explicar los problemas que crea la descentralización, describir los intereses particulares que pueden impulsarla y definir las condiciones óptimas que debe cumplir. Todo esto se expondrá en la segunda parte del artículo, comparando las condiciones recomendadas con las que han caracterizado el caso español.  

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
El Confidencial

El Cordobés prohibe los toros, por José García Domínguez

No frecuento las plazas de toros, como tampoco los lupanares, los platós de TV3 o, en general, todo establecimiento consagrado a zaherir a seres vivos a cambio de dinero. Sin embargo, de ese mi hábito privado no infiero la exigencia de proscribir la televisión nacionalista, o, por más ejemplo, que se le niegue a José Montilla gozar de su única afición conocida, a saber, la lidia de reses bravas. De distinto parecer, sin embargo, es el propio don José, que, lastres de un bachiller precario, presume en la tauromaquia la quintaesencia de lo español; de ahí el entusiasmo inquisitorial del Tripartito con tal de prohibirla en las treinta y ocho comarcas bajo su soberanía.
Un afán represor, el de la Generalidad, parejo a su complacencia con los llamados correbous, garrulo atavismo consistente en atormentar a algún astado para sádico goce de una turba, por lo común, beoda. Clamorosa asimetría moral, ésa tan suya, que deja al desnudo la tartufesca coartada humanitaria en el acoso al toreo. Por lo demás, y frente a lo que barruntan nuestros pequeños polpotistas, la anulación de las corridas supondrá una prueba, otra, de su suprema españolidad. ¿O acaso existe deporte más genuino de esta pobre península que el de prohibir? Así, contra los toros ya pugnó Jovellanos, que algo de español tenía. Y los prohibió Carlos III. Y Carlos IV ratificaría después el regio repudio a tal práctica.
Y hubo de ser un extranjero, José Bonaparte, aquel gran rey, quien los restituyese a la legalidad. Por poco tiempo. Pues al punto serían de nuevo proscritos en las Cortes de Cádiz. Contra el parecer de los diputados catalanes, procede recordar. Que de tal guisa replicó el clérigo murciano Simón López, ancestro de don José en su fanatismo abolicionista, al ilustrado barcelonés Antonio de Capmany, gran defensor de la lidia: "El rufián, la ramera, el idolatra, el comediante, el lidiador ó torero, el luchador ó espadachín, el alguacil de teatros, el flautero, ó guitarrista, ó lirista, ó baylarin, el sodomita, el libertino y licencioso, el charlatán ó histrión, el encantador y agorero, el que vive como gentil, el que frecuenta los espectáculos teatrales, las venaciones, ó toros, carreras, luchas, etc. ó dexen esto, ó no sean admitidos al bautismo, dice San Clemente". Prohibir, prohibir, prohibir... ¿Acaso cabrá ser más castizo?

Libertad Digital
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

lunes, 26 de julio de 2010

Kosovo, Cataluña... y Zapatero

La decisión de la Corte Internacional de Justicia declarando legal la independencia de Kosovo proclamada unilateralmente en febrero de 2008, pone de nuevo al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en una difícil situación, consecuencia de su alocada trayectoria en todo lo que se refiere al papel de España en la crisis de los Balcanes.
Dejando a un lado lo asombroso de una decisión del Tribunal de la Haya que contradice los usos, tratados y jurisprudencia anteriores en materia de derecho internacional, lo cierto es que el gobierno de Zapatero se encuentra ante un problema de origen exterior que siempre ha gestionado en función de intereses partidistas para consumo interno.

Tras la proclamación unilateral de la independencia de una región, que a mayor abundamiento ni siquiera fue una de las repúblicas integrantes de Yugoslavia, el Gobierno español decidió que nuestras tropas permanecieran en el territorio formando parte de la fuerza conjunta internacional, a pesar de que, expresamente, España no reconoció esa decisión secesionista de un parlamento regional. ¿Para qué permanecieron un año más nuestros soldados allí? No lo sabemos, porque ni Zapatero ni sus ministros dieron una explicación convincente.
Como tampoco aclararon por qué también de forma imprevista, un año más tarde, la ministra Chacón anunció abruptamente que nuestras tropas abandonaban Kosovo sin que hubiera habido ninguna modificación sustancial en el estatus jurídico-político de ese nuevo miniestado al que la Corte Internacional ha otorgado ahora una estrambótica carta de naturaleza.
Que la gestión de la OTAN y la UE en los Balcanes no cumplió ninguno de los objetivos previstos en cuanto a la estabilización de la zona es ya un hecho compartido por todos los países serios. Se trató únicamente de contener las matanzas étnicas castigando a los serbios de forma brutal mientras se contemporizaba con el surgimiento de nuevas entidades políticas de corte étnico, cuyas represalias contra la población civil no tuvieron nada que envidiar a los sufrimientos padecidos bajo la bota del desaparecido Milosevic.

Siendo esto último cierto, no lo es menos que el papel de un país que se respete a sí mismo debe ser siempre apostar por la defensa de los mismos principios que mantiene en su propio territorio que, como en el caso de España, no está ayuno de intentonas secesionistas en algunas de sus regiones.
Si cuando surge una rebelión institucional fuera de nuestras fronteras el gobierno actúa de forma tan insustancial como lo ha hecho el ejecutivo de Zapatero en el caso de Kosovo, es fácil suponer cuál puede ser su reacción si alguno de sus socios políticos decide seguir el ejemplo de los dirigentes de ese narcoestado de corte étnico dentro de nuestras fronteras. ¿Preguntamos a la ministra Chacón?

Editorial de Libertad Digital

sábado, 24 de julio de 2010

Viaje a ninguna parte, Francesc de Carreras (La Vanguardia)

Viaje a ninguna parte, Francesc de Carreras (La Vanguardia)
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en el recurso interpuesto a instancias del PP pone fin a una aventura que ha acaparado durante muchos años la atención de la vida política en Catalunya y en el resto de España. El severo varapalo que anunciamos al conocerse el fallo hace un par de semanas es de mucha mayor envergadura de lo que en aquel momento podía suponerse.

Todo empezó cuando los socialistas catalanes, dirigidos por Pasqual Maragall, decidieron intentar atraerse a ERC con el fin de alcanzar un pacto en un futuro gobierno de la Generalitat y así desalojar del poder a CiU. Esto sucedía en febrero del año 2000: para una legítima finalidad partidista se utilizaba el Estatut, un instrumento que, por su naturaleza, debe estar siempre por encima de la lucha política diaria. Lo que en aquellos momentos se planteó como una reforma parcial acabó en una reforma total, en un nuevo Estatut que, desde el principio, ya se vio que, entre otros notorios defectos, tenía serias dificultades de encaje constitucional. Con la sentencia hecha pública en su totalidad el pasado 9 de julio acaba un periodo de incertidumbre sobre el porvenir del modelo de Estado autonómico y de la subsistencia misma de la Constitución como norma suprema.

Todavía faltan por aprobar las sentencias correspondientes de los otros seis procedimientos de inconstitucionalidad, el del Defensor del Pueblo y el de cinco comunidades autónomas. El recurso del Defensor era muy similar, en cuanto al número de preceptos impugnados, al del PP, ya sustanciado; los de las comunidades versaban sobre cuestiones muy comcretas en materias que afectaban a sus competencias. Creo que ninguna de estas sentencias aportará grandes novedades a lo ya conocido.
Cabe felicitar, en primer lugar, a quienes han interpuesto estos recursos. Gracias a ellos, y naturalmente a la labor del Tribunal, se ha logrado mantener la Constitución en su integridad y no debe olvidarse que una constitución democrática es siempre la pieza angular de la convivencia en un país. Si no se hubieran activado estos recursos, y los preceptos inconstitucionales hubieran seguido vigentes, el ordenamiento habría entrado en una deriva de gran inseguridad jurídica en la que el imperio de la arbitrariedad iría deteriorando progresivamente la libertad individual y la vida social.

En una sociedad democrática, el derecho es siempre la gran arma de los débiles frente a los poderosos, es aquel instrumento, como decía Rousseau, que nos convierte a todos en iguales ante la ley. Como sucede con cualquier rama del conocimiento, tras un lenguaje técnico y muchas veces incomprensible para los legos en la materia, el derecho asegura que, dado que no se pueden impedir ciertas desigualdades entre las personas, por lo menos todos seamos iguales en el ámbito de las libertades públicas, tanto frente a los poderes políticos como, en aquello que sea posible, también frente a los privados. La labor de los tribunales en la garantía de estos derechos resulta decisiva aunque a veces estos ciudadanos no alcancen a ver con claridad la trascendencia de sus resoluciones, así como tampoco las personas alcanzamos a entender cabalmente los diagnósticos y tratamientos médicos aunque confiemos en ellos.

Se hace difícil, si no imposible, un balance en profundidad de una sentencia tan extensa, tan compleja y de publicación tan inmediata. Sin embargo, tras una primera y apresurada lectura de sus fundamentos jurídicos, se desprende con facilidad que, como decíamos al principio, el varapalo que anunciábamos hace un par de semanas es mucho mayor de lo que podía presuponerse. Efectivamente, en el fallo se declaran 14 preceptos nulos y 27 conformes a la Constitución sólo en el caso que sean interpretados de acuerdo con el significado que les da el Tribunal en la sentencia. Pues bien, en muchos de estos últimos supuestos el significado que les atribuye el Tribunal es frontalmente contrario al que pretendían los autores del Estatut y, por tanto, de hecho, equivalen a otras tantas nulidades.

Pero hay más. La interpretación que el Tribunal hace de otros preceptos no recogidos en el fallo también vacía de contenido su significado primigenio y, por consiguiente, quedan tan desvirtuados como aquellos. Sin arriesgarme a precisar con exactitud, en total pueden ser tachados de inconstitucionalidad, total o parcial, entre ochenta y cien preceptos. Por tanto, es tal la magnitud de lo declarado inconstitucional bajo una u otra forma que más que de un severo varapalo se trata de una desnaturalización en toda regla del Estatut aprobado en el 2006.

En realidad, tras la sentencia, lo que queda válido y vigente no es en sustancia muy distinto de aquello que ya regulaba el buen Estatut de 1979 que nunca debió intentarse reformar.
Así pues, una operación fallida tras diez años perdidos que han ocasionado desgastes institucionales graves, tensiones en la sociedad y fuerte deterioro de la confianza en los políticos. Debido todo ello a una aventura irresponsable instrumentada a través unas inconsistentes técnicas jurídicas. En definitiva, un viaje a ninguna parte.

martes, 20 de julio de 2010

Absurdos de los nacionalismos periféricos, por Pío Moa

Dice Artur Mas que si España quiere ser una sola nación tendrá muchos problemas. Y si quiere ser "varias naciones", un oxímoron, tendrá muchos más. La nación es la base de la soberanía, es decir, del Estado, y el nacionalismo la doctrina que mantiene esa tesis frente a la soberanía personificada en el monarca del antiguo régimen. Por eso los nacionalistas catalanes reclaman sin tregua el título de nación, que, contra la absurda palabrería del Tribunal Anticonstitucional, sí tiene efectos de todas clases, jurídicos y políticos. Si se admiten varias naciones, una de ellas debe quedar en retórica, y no es difícil ver cuál lo es, quizá no en la intención del tribunal, pero sí en una dinámica secesionista que lleva mucho tiempo conculcando leyes y compromisos.

Así, de ser Cataluña una nación, se sentirá naturalmente oprimida al carecer de su propia soberanía y Estado. Lo mismo vale para Vascongadas, Galicia, Andalucía, Canarias o cualquiera nación que vaya surgiendo. Pero en la realidad histórica la nación española existe políticamente desde Leovigildo, y jamás han existidos esas otras naciones pretendidas por diversas castas de políticos ambiciosos y en general corruptos. Cierto que podrían llegar a existir, en caso de que la nación española entrase en tal decadencia que permitiese su disgregación a manos de tales castas políticas. Pues bastantes naciones han sido creadas por los nacionalismos, en lugar de la inversa.

Los nacionalistas periféricos no parten, pues, de la existencia histórica de las respectivas naciones, sino que aspiran a crearlas. Para ello tratan de crear opinión pública y arrastrar a la población mediante una literatura mezcla de victimismo, narcisismo y odio al supuesto opresor. La masiva propaganda desplegada sobre esas bases enfermizas, durante largos años, en rigor desde la quiebra de 1898, asombra por lo falsaria, injuriosa, sentimentalista y cargada de mala fe. Algo de ella he estudiado en Una historia chocante y en Nueva historia de España, pero sigue siendo básicamente desconocida para el gran público, por insuficiente atención política.

Hay cierta diferencia entre el nacionalismo vasco y el catalán, los dos más típicos. El vasco nace sobre un racismo exaltado y aspira a la separación total de la "inferior" España; el catalán, también de fondo racista, vacila entre tres opciones: la secesión radical de Cataluña, la permanencia en un "Estado español" como nación hegemónica, y la orientación hacia unos països catalans también hegemonizados por Barcelona, como ya indica el nombre.
Pese a su extremo narcisismo, estos nacionalismos entrañan un desprecio radical hacia los respectivos pueblos. Pues afirman que estos no solo han soportado siglos de opresión vergonzosa, sino que la han ayudado abyectamente al sentirse y considerarse españoles durante esos mismos siglos. Sentimiento que por lo demás expresa el hecho evidente de que siempre han formado parte, y voluntariamente, de España.

Esos movimientos suelen proclamarse demócratas, pero han traído convulsiones y ayudado a derrumbar los regímenes de liberalismo o democracia en España. Y después de haber contribuido así a traer dos dictaduras, perdieron en ellas toda su agresividad. Han sido una verdadera plaga para España, y en primer lugar para sus regiones.

Estos nacionalismos han disfrutado durante demasiados años de bula para propagar sus distorsiones históricas y políticas, y no cabe duda de que han creado un considerable ambiente antiespañol en varias regiones, a menudo en combinación directa o indirecta con el terrorismo. Pero han llegado a límites peligrosos, que hacen precisa una contraofensiva muy amplia y sin mayor pérdida de tiempo.

Libertad Digital

La farsa del Estatuto, por José Luíz González Quirós

La democracia se inició en España cuando Adolfo Suárez se propuso, con el apoyo de todos, hacer políticamente normal lo que en la calle era normal. Pronto comenzaron los políticos a olvidarse de un propósito tan sensato y, en consecuencia, hay de nuevo dos Españas, la de la calle y la de los políticos.
El caso más obvio es el de la política territorial. Las autonomías no han evolucionado como la gente deseaba, para acercar el poder a los ciudadanos, para evitar el centralismo y la burocracia; su desarrollo ha supuesto exactamente lo contrario, más burocracia, nuevos centralismos y mayores dificultades para la vida común, para gestiones y negocios.

La actualidad política debería estar centrada en los esfuerzos de todos para superar una gravísima crisis que afecta a nuestro modo de vivir, a nuestras expectativas, pero, gracias al estupefaciente caso del Estatuto catalán, estamos todos en otra cosa.

Son muchas las razones del desencuentro entre los intereses de los políticos y las inquietudes de la gente, pero la raíz de todas ellas está en que los políticos se olviden de quienes representan, y se dediquen exclusivamente a manejar en su propio beneficio los resortes del poder que les conferimos. El caso del Estatuto es ejemplar. El Estatuto no ha nacido, como se empeñan en repetir, de un mayor deseo de autonomía de los catalanes.

Los catalanes de verdad no habían manifestado nunca el más ligero descontento con el Estatuto vigente desde 1979. Su modificación fue una ocurrencia de ZP para desmarcarse del PP y romper las reglas del juego que habían permitido las dos victorias electorales de Aznar en 1996 y 2000. Para algunos socialistas, si la democracia permite el triunfo de la derecha es que algo está mal, y Zapatero se propuso arreglar ese algo, “cuestelo que cueste”, como dice ahora. Naturalmente, los políticos catalanistas vieron el cielo abierto y no acababan de creer el regalo que llovía del cielo: un presidente, español y socialista, dispuesto a pasarles por la derecha en su nacionalismo, y pensaron, naturalmente, que quien ríe el último ríe mejor.

Una vez instalados en este escenario surrealista, las anomalías no han dejado de multiplicarse. Muchos barones regionales de ambos partidos decidieron sumarse al festín y se lanzaron a promover absurdos estatutos de segunda generación, justamente cuando la mayoría de los españoles ya estaban pensando que, de ser necesaria una reforma, habría de ser en el sentido de dotar al Estado de mayores medios de control y de coordinación en infinidad de materias en las que el ámbito territorial adecuado era el nacional, y no el de los nuevos territorios regidos por señoritos deseosos de blindaje, boato y embajada.

Leyes de nueva planta

La farsa del Estatuto bien puede terminar en tragedia porque nunca acaban bien los intentos de los políticos por ir más allá de lo que razonable. Una vez que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales varios aspectos esenciales de un Estatuto antiliberal, megalómano e innecesario, los disparates han alcanzado el delirio. Montilla, que pretende engañar a no se sabe quién tratando de ser más catalán que la butifarra, se pone al frente de una manifestación contra la sentencia, es decir contra la ley.

Zapatero que, al parecer ama a Cataluña sobre todas las cosas, promete corregir la sentencia, que ya es suficientemente chapucera debido a las impúdicas presiones de su gobierno, por la vía de hecho y se une al preámbulo inconstitucional del estatuto al proclamar que Cataluña es una nación política, un nuevo concepto surgido de su inagotable verborrea.
Hay que reconocerle que está a punto de lograr un milagro: ahora que no tiene dinero para comprar a los insaciables, ha conseguido ofrecerles leyes de nueva planta a medida de sus intereses. Todo esto es absurdo, y también desastroso.
Es normal que muchos políticos parezcan no inmutarse mientras haya garantías de que puedan seguir en su puesto; lo que no es normal es que les sigan votando los que son preteridos a mayor honra, por ejemplo, de los políticos catalanes y vascos.
Lo realmente anómalo, lo verdaderamente misterioso, es que los votantes no tomen nota de lo que están haciendo en su nombre, que siga habiendo andaluces, extremeños y cántabros, por no agotar la enumeración, que vuelvan a depositar su voto en un personaje entregado a los intereses de los nacionalistas, de quienes están haciendo de la democracia una caricatura, a quienes han instaurado una nueva religión civil que incluye mandatos tales como impedir que los niños de un albergue puedan ver la final del campeonato del mundo ¡porque juega la selección española! Pues bien, quienes votan a Zapatero votan también a quienes más odian a los españoles, a quienes nos desprecian, a quienes cobran el sueldo a nuestra costa para levantar murallas de incomprensión y desigualdad, algo que no interesa lo más mínimo a los ciudadanos de Cataluña, ni, desde luego, al resto de los españoles.  

El Confidencial
José Luis González Quirós es analista político.

lunes, 19 de julio de 2010

"Si no fuera por la intervención de España los turcos hubieran podido crear un ‘Imperio Romano’ musulmán"

Fernando Martínez Laínez presenta “La guerra del turco”

 Miguel Pato. Periodista Digital.

Fue la contienda más prolongada que España jamás hubo librado. Durante casi 200 años la armada española "se sacrificó para contener el rodillo turco" que avanzaba por Europa y por el Mediterráneo. Este episodio del choque de dos modos de concebir el mundo, hasta ahora, se ha recogido de "forma dispersa" en los libros de Historia. Por ese motivo, el periodista e historiador Fernando Martínez Láinez compila en su nuevo libro una visión conjunta sobre aquellos hechos.
La guerra del turco (Ed. Edaf) se centra en acontecimientos entre lo siglos XVI y XVII cuando dos potencias en su cenit, el Imperio Otomano y el Imperio Español, lucharon hasta la extenuación por el dominio del Viejo Continente. Martínez Laínez cuenta en esta entrevista con Periodista Digital que
"Fue una batalla de desgaste. No hubo un vencedor claro. Lo que si hubo fue una gran potencia en expansión (Imperio Otomano) que se ve detenida por el empeño español de que no lleguen a conquistar el centro y el sur de Europa y el Mediterráneo."
AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA CON MARTÍNEZ LÁINEZ
De aquella guerra, el pasaje más célebre es la Batalla de Lepanto en la que los españoles aniquilaron a la armada turca . Un enfrentamiento decisivo desde el punto de vista estratégico pero sin una repercusión inmediata.
"Hay batallas que sin tener una repercusión decisiva en el momento, los años posteriores admiten que supusiera un punto de inflexión. Esto ocurrió en Lepanto. El valor real de la pérdida que sufrieron los otomanos no fue decisivo inmediatamente. Reconstruyeron su flota por completo. Pero después de esa batalla se inicia una decadencia marítima musulmana irreversible."
Sin una victoria clara, para la historia quedará cómo los españoles fueron capaces de frenar el voraz avance de los turcos que habían llegado, incluso, a las puertas de Viena. Fernando Martínez Laínez nos deja con su relato un buena ficha de lo que fue aquel hecho histórico que se conoce como la guerra del turco.

sábado, 17 de julio de 2010

Estatut, entre la prevaricación y el fraude de ley, por Pablo Molina

Supongamos que un concejal de urbanismo tiene la brillante idea de colocar un vertedero justo al lado de un colegio público. Es una barbaridad, claro, pero resulta que los dueños de esa empresa de tratamientos de basuras mandan mucho en el partido del concejal, y de su apoyo depende que en la próxima legislatura siga apareciendo en las listas electorales. El expediente para la construcción se inicia, los padres de los alumnos acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a un centro de enseñanza en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Los padres de los niños correrían al concejal a gorrazos por las calles del pueblo, el tipo no volvería a presentarse a las elecciones y aquí acabaría la historia.
Acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un concejal y un juzgado ordinario se trate de Zapatero y el Tribunal Constitucional, en cuyo caso se procede a cambiar la legislación todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada inicialmente ilegal, aunque la consecuencia sea la indefensión de todos los afectados.
La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles. Se trata, ni más ni menos, de que el presidente del Gobierno está dispuesto a cometer un enorme fraude de ley, por más que el juego de las mayorías parlamentarias avale el despropósito.
El deterioro de la imagen de España en el exterior no puede ser muy profundo porque ya está suficientemente dañada en todos los órdenes, pero es evidente que muy pocos inversores van a confiar su dinero a un país cuyo principal mandatario vulnera los principios constitucionales que ha jurado cumplir y hacer cumplir. Sin seguridad jurídica no hay confianza y sin ésta, pocas posibilidades de contar con dinero de fuera. A ver cómo consigue Zapatero, después de consumar su operación del Estatut, que nos llegue un solo euro a un precio no demasiado astronómico.

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Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

viernes, 16 de julio de 2010

Guerra Civil: Una fecha crucial en la historia de España, por Pío Moa

La noche del 12 al 13 de julio de 1936, Calvo Sotelo, entonces el líder más notorio de la oposición, fue asesinado por el Frente Popular (fuerza pública y milicianos socialistas). Esta es una de las fechas que marcan un antes y un después en la historia de España, porque resultó la gota que colmó el vaso de la indignación y convenció a muchos vacilantes, como el propio Franco, de que sublevarse contra aquel régimen era justo e indispensable. El asesinato constituía una declaración de guerra, y así lo vio la mayoría. Tal declaración continuó en días siguientes, cuando el PSOE encubrió a los asesinos, el gobierno reprimió a tiros manifestaciones de protesta, haciendo muertos y heridos, y la policía se dedicó a hacer razzias contra la derecha, en lugar de perseguir a los criminales (como solía hacer con motivo de cada asesinato anterior).

Fueron una auténtica confesión las palabras de Prieto equiparando el asesinato del dirigente político con el del teniente Castillo, realizado unas horas antes, por terroristas de derecha. Confesión porque demostraba que las fuerzas de orden público y las milicias de izquierda eran y actuaban como grupos terroristas. Por cierto, la misma equiparación hacen hoy los políticos e historiadores de izquierdas, demostrando así qué entienden por democracia.

El dislate de Prieto ponía además en el mismo nivel dos actos de magnitud política absolutamente distinta, lo que ayuda a entender asimismo su implicación en el magnicidio, como ya expliqué en El derrumbe de la república. Muy preocupado por la conspiración militar que el gobierno creía controlada como la de Sanjurjo, Prieto tenía el mayor interés en reventar la conjura antes de que esta madurase, y nada mejor para ello que una provocación brutal: ante ella, o los conspiradores saltaban de una vez o demostrarían no constituir ningún peligro serio. Además, las izquierdas deseaban una guerra civil, en sus propias palabras, seguros de que, disponiendo del poder, aplastarían pronto y definitivamente a sus enemigos.

El asesinato fue una empresa socialista: tanto los asesinos directos como el jefe de la operación, el capitán, Condés, de la Guardia Civil, eran hombres de Prieto, como probablemente lo era Castillo, instructor de las milicias del PSOE en tácticas que solo pueden calificarse de terroristas. Y Condés fue enseguida a dar parte de la acción a su jefe político. Lo explica este, aunque, como de costumbre, desfigura los hechos al pretender que Condés estaba arrepentido y quería suicidarse, versión simplemente grotesca. Lo que buscaba Condés era protección, encubrimiento, y Prieto, desde luego, se las dio. Con toda probabilidad, Prieto y los suyos habían quedado previamente en explotar cualquiera de los atentados derechistas de la época, muy escasos por comparación con los izquierdistas, para dar una réplica al más alto nivel, pues también fueron a por Gil-Robles, que estaba ausente. Otros datos significativos abundan en señalar a Prieto como autor intelectual del crimen.
Lo históricamente decisivo, repito, fue que el crimen obró como declaración de guerra, convenciendo de la necesidad de rebelarse a muchos indecisos. Y, por cierto, las esperanzas de la izquierda estuvieron muy cerca de cumplirse, porque el golpe, organizado por Mola, fracasó en tres días, y de no haber sido por Franco y sus tropas de Marruecos, el Frente Popular habría destrozado definitivamente a los sublevados.

Quienes siguen defendiendo como legítimo, democrático y republicano a aquel gobierno y a sus turbas izquierdistas, debieran reflexionar sobre tres puntos:
  1. El Frente Popular ganó, en febrero, en unas elecciones de extrema violencia y enfrentamiento, muchos de cuyos recuentos se hicieron sin autoridades, amén de otras irregularidades reconocidas por Azaña; y cuyas votaciones no se publicaron oficialmente. Si consideran democráticas elecciones semejantes, es bueno que todos lo sepamos.
  2.  El programa del Frente Popular hablaba de "republicanizar el Estado", siendo lo contrario de la república del 14 de abril. El gobierno trataba de implantar un régimen similar al del PRI mejicano, reduciendo la oposición a la impotencia; y sus partidos principales querían una revolución de tipo soviético. Se trataba, por tanto, de acabar con cuanto tenía de democrática la II República. Considerar republicano a aquel intento de nuevo régimen ha sido, sigue siendo, uno de los mayores fraudes de la historia reciente de España.
  3. Por tanto, el Frente Popular carece de legitimidad de origen. Y a continuación encendió un proceso revolucionario abierto, sangriento y en gran medida caótico. Su ilegitimidad volvió a exhibirse con la negativa del gobierno a cumplir y hacer cumplir la ley republicana, amparando en cambio la revolución, pese a la insistencia de la derecha en que cumpliera su obligación legal. Insistencia que valió a los derechistas amenazas de muerte en las mismas Cortes, cumplidas en Calvo Sotelo. Quien quiera una democracia así, o se sienta sentimental e ideológicamente heredero de ella, como el Gobierno actual, queda a su vez definido.

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    jueves, 15 de julio de 2010

    ¿Por qué ganó Franco la guerra? por Pío Moa

    Stanley Payne es sin duda el mejor especialista extranjero en nuestra historia reciente, y con diferencia, aun si otros le aventajan en proyección mediática. Su último libro, ¿Por qué la República perdió la guerra? (Espasa Forum),es una excelente síntesis no solo de la contienda, también del proceso que condujo a ella, y de la situación general europea, que en la mayoría de las historias españolas queda excesivamente difuminada o reducida a dos o tres clichés sin el menor valor analítico. 
    Los estudios de Payne se caracterizan por su atención concienzuda a muy diversos factores; no cae en el simplismo, generalmente inducido por la ideología, que se ha hecho tan común. También deja claro que la Segunda dejó de serlo para convertirse en una especie de Tercera República nunca plenamente institucionalizada –porque perdió la guerra– pero que llevaba a una democracia popular bajo dominio de los stalinistas, como proclamaron a menudo los interesados, convertidos en el sector hegemónico del Frente Popular, aunque actualmente ellos y sus corifeos, tipo Viñas o Preston, pretenden lo contrario: siempre fue la "república democrática" del 14 de abril.

    En mi opinión actual, la república del 14 de abril no feneció el 18 de julio, al desatarse la revolución, como pensaba hace unos años, sino ya en las elecciones de febrero de 1936. Elecciones algo más que anómalas, no democráticas, y planteadas por la izquierda, bajo la consigna sarcástica de "republicanización del estado", como paso para la construcción de un régimen al estilo del PRI mejicano, en unos casos, y como prólogo inmediato a una revolución obrerista, en otros. Los líderes frentepopulistas adelantaron que no admitirían los resultados de las urnas si ganaba la derecha, como no habían aceptado los de 1933. Aquellos comicios pusieron fin a la legalidad republicana, sustituyéndola por un régimen que, por su mencionada falta de consolidación, prefiero por mi parte llamar, simplemente, "de Frente Popular".

    Como explica Payne, las izquierdas no desdeñaban una guerra civil; es más, muchas de ellas la querían ya desde 1934, dando por hecho que sería corta y terminaría con su triunfo aplastante y definitivo. De ahí la constante y sangrienta provocación a las derechas y a los militares conservadores ya desde las mismas elecciones de febrero del 36, culminada en el asesinato del líder opositor Calvo Sotelo. Este crimen constituyó por sí solo la definitiva declaración de guerra, ante la cual las derechas debían elegir entre contestar en sus propios términos, o resignarse mansamente a la aniquilación. Como todo el mundo sabe, optó por lo primero. Su golpe inicial, planeado por Mola, fracasó, lo que dio origen a una contienda larga que perdieron quienes estaban seguros de ganarla.

    ¿Cómo pudo ocurrir, habida cuenta de que en un principio el Frente Popular ganó las principales ciudades y comunicaciones, todas las reservas financieras, casi toda la industria bélica y no bélica, la mitad del ejército de tierra, más de la mitad de las fuerzas de seguridad –mejor entrenadas que las tropas de reemplazo– y mucho más de la mitad de la aviación y la marina?

    Muchos de los vencidos, anarquistas, republicanos de izquierda, comunistas y socialistas, han especulado abundantemente sobre las causas de una derrota tan inesperada y tan completa. Payne recoge tales explicaciones, casi todas parcialmente válidas, que básicamente se reducen a una unidad del Frente Popular puramente negativa, es decir, contra el enemigo común, pero lastrada internamente por conflictos entre partidos y regiones. Sin duda, esta fue una causa esencial del fracaso, pero, aun con ello, las izquierdas supieron organizar un ejército temible, que movilizó bastantes más tropas que los nacionales, logró frenar a éstos en ocasiones y, en otras, tomó la iniciativa. Tales éxitos fueron obra, ante todo, de los comunistas, en pugna con las tendencias anárquicas y derrotistas de sus aliados-rivales del Frente Popular. No ofrece duda la resolución del PCE y sus mentores extranjeros para adueñarse del ejército y la policía, a fin de determinar la evolución política tras la eventual victoria. Plan que estuvieron muy cerca de cumplir.

    Así, los fracasos bélicos estuvieron influidos por las peleas entre las izquierdas, que derivaron en dos pequeñas pero sangrientas guerras civiles entre ellas; pero fundamentalmente obedecieron a errores estratégicos y tácticos: las grandes ofensivas del Frente Popular fueron transformadas por Franco en contraofensivas, generalmente victoriosas. En cuanto a la aviación y la marina, las izquierdas las emplearon por lo común de forma defectuosa, dispersa o apenas operativa (en el caso naval).
    Se trató de una guerra atípica, porque los dos bandos no solo debieron dirigir las operaciones bélicas, sino al mismo tiempo construir un estado y un ejército y asegurar la unidad política interna. Y también en estos tres aspectos Franco superó a sus enemigos.

    Hay, sin embargo, un aspecto que casi nunca examinan los estudiosos, manifiesto en el hecho de que todas las acciones realmente heroicas correspondieron a los nacionales, como he indicado recientemente. Es decir, el bando nacional estaba mucho más motivado que el contrario, como demuestra también el débil esfuerzo productivo de los trabajadores del Frente Popular en pro de la victoria de los (teóricamente) suyos.

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    El experto en política Roland Sturn, advierte de que el modelo autonómico español es propenso al endeudamiento

    Día 12/07/2010
    Tras la publicación de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, el debate acerca del modelo autonómico español vuelve a calentarse. En el campus de verano de FAES en Navacerrada, Roland Sturm, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Erlangen-Nürnberg y ex asesor de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Bertelsmann en la fase preparatoria de la reforma federal en Alemania, compartió con ABC sus puntos de vista sobre el sistema de autonomías español.
    —El modelo autonómico cuesta a España entre 0,7 y 2,3% de su PIB. ¿Cuánto le cuesta a Alemania?
    —Nosotros no tenemos una administración central, sino administraciones regionales. La administración es responsabilidad de los «länder» -los estados federados- y es financiada por ellos, el gobierno federal casi no tiene administraciones públicas, excepto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Relaciones Exteriores, pero la salud o la educación son responsabilidad de los «länder», ellos tienen que movilizar los recursos de sus propios presupuestos. Así no hay duplicación de gastos.
    —Las regiones españolas tienen una autonomía financiera de casi el 70% y el Gobierno central baraja incrementarla a un 90%, ¿cree que sea una buena decisión?
    —Depende de qué tipo de Estado se quiera. Lo más importante es que el contribuyente sepa en qué se gastan sus impuestos y eso va asociado a la transparencia. Si hay alguien que decide la política tributaria y otro decide sobre el gasto público, entonces no hay transparencia y es más fácil caer en el endeudamiento.
    —¿Cree que es España sea una federación encubierta?
    —En muchos aspectos España ya es una federación, mucho más que Alemania. Tienen más de un sistema impositivo y las competencias que el Gobierno central descentralizó y cedió a las comunidades autónomas son más importantes que las que se atribuyeron a los «länder» alemanes. Sin embargo, este «federalismo» español es asimétrico porque las autonomías tienen competencias o poderes diferentes entre sí y eso atenta contra la estabilidad del sistema. Lo cierto es que hay una tendencia a que si se cede a las demandas regionales, esas demandas nunca terminan, siempre habrá más y eso ocurre en todos los países. De hecho, en Canadá, por ejemplo, el Estado se ha descentralizado tanto que ya no le quedan competencias por ceder a sus regiones.
    —¿Las comunidades autónomas deben tener relaciones bilaterales con otros Estados?
    —El Gobierno federal alemán es muy generoso en este sentido. Nuestra Constitución permite relaciones intergubernamentales entre las regiones y otros países, sobre todo con fines económicos. En materia de política económica no hay roces entre el Gobierno central y los «länder», son complementarios porque en definitiva se beneficia Alemania como país si sus regiones consiguen inversores en el extranjero. En otros aspectos, las relaciones exteriores son área exclusiva del Gobierno central, como es en el caso del diálogo con la UE.
    —¿Existe en Alemania algún «länder» que reclame ser nación?
    —No, siempre existió el rumor de Baviera. Pero luego cuando les preguntan si quieren tener un sistema de salud propio, se horrorizan y nadie vota que sí. En las democracias tenemos derechos individuales defendidos por la Constitución, pero si luego creas derechos nacionales o colectivos, entonces seguramente entrarán en conflicto unos y otros. Algo así puede estar ocurriendo en España.

    lunes, 12 de julio de 2010

    Lo que hay y lo que falta, por Pío Moa

    Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral, conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez "rojo" y causante de la guerra civil.

    Generalmente, la democracia tiene formas de contrarrestar las tendencias mafiosas presentes siempre en los partidos. Una es la independencia judicial, otra la libertad de expresión y otra la existencia de una oposición que frene al poder. Pero tanto la independencia judicial como la libertad de expresión han sido muy corroídas y se hallan muy acosadas; y la oposición ha dejado de existir desde el momento en que el PP ha caído bajo el poder de Rajoy y su camarilla, cuya política viene a ser casi la misma del PSOE. La última fechoría –por ahora– de estos políticos ha sido el estatuto catalán de estado asociado, que no de autonomía, fabricado por todos los enemigos de la Constitución y de España en obsequio a la ETA. Añadamos la crisis económica y una población en gran parte embrutecida por la telebasura, el botellón y el embuste sistemático sobre su propia historia, y tendremos "lo que hay".     

    ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo resume Federico afirmando que "España no puede ser un régimen liberal y democrático enfeudado a una Cataluña despótica". Claro está. Ni a unas Vascongadas, Galicia o Valencia, Andalucía, Castilla la Mancha, etc., que por su propia cuenta siguen la misma vía del despotismo y la corrupción. Máxime cuando, como también observa Federico, la cuestión "catalana" es ante todo la cuestión de una clase política española desnortada o algo peor. Al final, de España no quedaría nada.

    De todos los problemas que ha tenido España desde el "desastre del 98", el separatismo o balcanización es hoy el principal, después de haberlo sido durante mucho tiempo el revolucionario. Resolviéndolo se resolverían gran parte de los demás, tan agravados por el actual gobierno delincuente. Pero, como dice Vidal-Quadras y con otras palabras también Federico, los separatistas tienen un plan, saben lo que quieren, mientras que frente a ellos no existe plan alguno ni se sabe hacia dónde reman los partidos que se llaman "nacionales" y son, precisamente, antinacionales. Durante años, muchas personas, Federico de forma destacada, hemos defendido al PP como alternativa, aun si floja y llena de defectos. Hoy, se necesitaría una dosis demasiado alta de ingenuidad o tontería para ver en el PP esa alternativa. Existe un descontento extendido, bien manifiesto en las enormes manifestaciones de hace unos años, ahogadas precisamente por el PP, pero no surge el partido que pueda recogerlo y encauzarlo con un programa claro, democrático y español. Y esto es justamente lo que falta, a pesar de que las condiciones para crearlo son en general muy buenas. Si no surge ese partido, deberemos resignarnos a un proceso de descomposición, con probables violencias y "alternativas" estrafalarias o dictatoriales, en una dinámica tan conocida por los regímenes latinoamericanos.

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    sábado, 10 de julio de 2010

    ¿Irá María Emilia a la manifa de Montilla?, por Pablo Molina

    El texto final de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, lejos de aclarar las ambigüedades que contenía el auto preliminar, incide en ellas de forma asombrosa hasta convertirlo en un engendro ininteligible, cuya única finalidad es actuar como atenuante de las ilegalidades que el documento estatutario consagra de manera palmaria. La deposición del TC sobre el estatuto de Cataluña es exactamente igual que esas otras sentencias que periódicamente producen algunos jueces, rebajando la sanción a un agresor sexual por el hecho de que la víctima del acoso suele ir muy descocada. Sí, el nuevo estatuto es inconstitucional, pero es que la constitución española viste como una golfa y es normal que una región se sobrepase con ella en un momento de calentura jurídico-política.
    Que estamos ante un enjuague político de muy bajo nivel disfrazado de acto jurídico es evidente para cualquiera que lea la sentencia y la compare con la constitución, en cuyo espíritu tiene el alto tribunal el deber de interpretar cualquier norma legal sujeta a discrepancia. El estatuto de Cataluña dinamita los principios básicos del orden constitucional otorgando carta de naturaleza a la existencia de una nueva nación, que actuará en plano de igualdad con la única que la carta magna reconoce expresamente en su artículo segundo. Esa evidencia hace innecesaria cualquier otra consideración sobre la nulidad del texto sometido a examen, pero lejos de actuar con lealtad a la función que tiene encomendada, los miembros del TC han preferido acomodarse a las necesidades políticas del presidente del gobierno, cuyo puesto en La Moncloa depende directamente del voto de los partidos impulsores del estatuto.
    Si la presidenta del Tribunal Constitucional pretendía con este mejunje hacerse merecedora del agradecimiento eterno del nacionalismo nororiental, ya está viendo que los sentimientos de sus dirigentes van en sentido contrario, heridos por la incomprensión de la esposa de un jurista que, a diferencia de ella, sí es partidario "de la fuerza normativa de los hechos".
    Puesto que la popularidad de María Emilia Casas entre el resto de los españoles no va a recuperarse jamás después de esta tropelía, la única opción que le queda para acabar airosa su mandato es redimirse este sábado, participando en la manifestación convocada por el Francesc Maciá de Iznájar en contra de la tibieza del tribunal que preside. Que le ayude a portar la pancarta. Prometemos no extraer de esa imagen ninguna "eficacia jurídica interpretativa".

    Libertad Digital

    sábado, 3 de julio de 2010

    Estatut. Con Carter se complica la independencia, por Pablo Molina

    En Estados Unidos existe la opinión prácticamente unánime de que Jimmy Carter ha sido el peor presidente en toda la historia del país. De hecho, cada vez más analistas intentan discernir si Obama tiene capacidad para destronar a Carter, aunque todavía es pronto para dar un veredicto definitivo. Como presidente, Carter llevó la imagen exterior de su país a las cotas más bajas nunca vistas con episodios como su contribución a la caída del Sha de Persia y la consiguiente subida al poder de los ayatolás, pero lo asombroso es que no existe ninguna duda de que el vendedor de cacahuetes es el peor ex presidente del Gobierno que jamás han producido los Estados Unidos de América.

    Las actuaciones de Carter a lo largo y ancho del planeta han tenido como eje común oponerse diametralmente a los intereses norteamericanos, sea cual fuera el signo político del ocupante de la Casa Blanca, pero en lo que respecta a España y Cataluña, el peligro más evidente de las intromisiones de Carter es que las causas que defiende con su fundación acaban siendo un desastre en la mayoría de los casos.
    Y es un motivo serio para preocuparnos, porque con Jimmy apoyando la secesión de Cataluña, es más que probable que la independencia de esa comunidad autónoma se retrase otro siglo más.
    Carter se ha deshecho en alabanzas hacia los dirigentes catalanes, no antes de trincar los cien mil dólares correspondientes al premio que le ha entregado Montilla, pero el hecho de que el ex presidente norteamericano hable bien de un dirigente político no es precisamente un mérito que convenga incluir en el currículum. No hay ni un solo tirano contemporáneo que no haya recibido los halagos de Carter ensalzando su preocupación por los derechos civiles y su talla de estadista, desde Caucescu a Kim Jong II pasando por Fidel Castro. Sobre el dictador rumano, sin ir más lejos, dijo "compartir plenamente sus objetivos enpolítica, economía y derechos humanos" y todos sabemos cómo acabaron él y su esposa.

    Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos. A ver si le dan otro premio mejor dotado económicamente en el otro extremo del globo y se queda por allí unos añitos junto con el staff de su fundación. Con lo cerca que estamos de la secesión, sería una pena que todo se fuera al traste por culpa de un productor de cacahuetes.

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    jueves, 1 de julio de 2010

    Estatut. Importancia de la nación, por Pío Moa

    ¿Por qué muestran los separatistas tan obstinado empeño en adjudicar a ciertas regiones el término "nación"? No por un tonto capricho de prestigio, sino porque ahí está la base de todo su programa. Desde el final del Antiguo Régimen se considera que la soberanía la ostenta la nación, o sea el pueblo, que en este sentido son términos sinónimos. Si consideramos que la nación es España, como prueba la historia, entonces Cataluña, Vascongadas, Galicia, Andalucía, Canarias, etc., son regiones, y todas ellas independientes y soberanas en tanto que partes de España, es decir, que comparten la independencia y soberanía españolas. Pero si las consideramos naciones, entonces no son independientes, sino que se hallan sometidas, de mejor o peor grado, a un yugo externo. A partir de ahí, todas las reivindicaciones son posibles, dentro de un ataque general y persistente contra la unidad de España, cuya historia se presenta de forma absolutamente negativa. En tal caso la nación española tiende a diluirse o limitarse a algunas regiones particulares.

    Hace unos días, al discutir en VEO7 el fallo (¡y tan fallo!) del Tribunal dizque Constitucional, llamé la atención sobre este punto absolutamente clave, porque todo lo que está sucediendo no es sino consecuencia de la invención de una nación catalana por parte de unos políticos cuya calificación más precisa es la de corruptos, y con el apoyo de otros no menos corruptos en el resto de España, empezando por los políticos, que no jueces, del Tribunal mencionado. Y subrayé el alcance político y jurídico del término para evitar que la discusión girase en torno a divagaciones e interpretaciones de leguleyos. El Tribunal, anticonstitucional y antiespañol, se retrató al negar valor jurídico al término "nación" que figura en el preámbulo del estatuto, cuando se trata del núcleo y el espíritu de todo el estatuto, que no es ya de autonomía, sino de estado libre asociado. El preámbulo no es asunto secundario, pues marca la orientación general y el espíritu de los artículos concretos, totalmente impregnados inequívoca y a menudo textualmente, de ese espíritu "nacional", es decir, antiespañol. Evidentemente, cuando vemos a políticos y leguleyos diciendo que el término "nación" es lo de menos, que carece de importancia práctica, o son verdaderos cretinos o están haciendo el juego conscientemente al separatismo.

    En realidad, los secesionistas, aunque tenaces y constantes, son pocos y se enfrentan a la inercia histórica y al sentimiento que sigue siendo mayoritario en Cataluña y demás regiones, como vemos por el fracaso de sus parodias de referendos secesionistas o en el del propio estatuto, votado afirmativamente por poco más del 35% de los catalanes. Fracasan, pero consiguen otro objetivo: desafiar impunemente la ley y la Constitución y demostrar que allí son ellos los que mandan, guste o no guste a la gente, porque carecen de oposición mínimamente articulada.
    El problema de España, hoy, no es otro que el de la ausencia de una verdadera oposición, una alternativa clara y convincente que dé cauce al profundo descontento de millones de personas con una clase política corrompida hasta el tuétano, una verdadera chusma. Porque argumentos y hechos para defender la nación española frente a los falsarios y balcanizantes sobran y son conocidos, aunque ningún líder ni partido político los utilice hoy por hoy.

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