Blogoteca: Historia de un abuso, por José Antonio Zarzalejos

sábado, 10 de octubre de 2009

Historia de un abuso, por José Antonio Zarzalejos

El PNV se dispone, ante la debilidad del Gobierno y del PSOE y, seguramente con la confusión del PP, a “blindar” el Concierto Económico vasco a cambio de sus seis votos en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Y si así sucede, se perpetrará un abuso de enorme magnitud. Afirmación ésta compatible con la aceptación sin reserva mental de que el Concierto fue el procedimiento de financiación autonómica que, desarrollado mediante una ley de 1981, prorrogada indefinidamente por otra de mayo de 2002 por el entonces Gobierno de José María Aznar, se asumió constitucional y estatutariamente como sistema tradicional de los territorios vascos a modo de restauración del último vestigio foral que quedó después de la ley de 21 de julio de 1876 que abolió los fueros vascongados elaborada por Cánovas del Castillo tras la última guerra carlista. Ciento treinta y tres años nos contemplan. Hasta el franquismo respetó el Concierto para Álava y el Convenio para Navarra, suprimiéndolo para las “provincias traidoras” de Vizcaya y Guipúzcoa mediante el ominoso Decreto de “castigo” dictado en 1937.

La Unión Europea, gracias, entre otros factores, a la defensa cerrada que el Estado español ha hecho del Concierto, lo ha admitido, aunque no sin reticencias, porque no deja de ser muy peculiar en la UE que tres provincias (la vascas) y una comunidad (Navarra, con su correlativo Convenio) tengan prácticamente las mismas facultades normativas, de gestión, inspección y recaudación de impuestos que las que disponen sus Estados miembros.

Las Juntas Generales de las provincias vascas han cometido algunos abusos de grueso calibre en el desarrollo de las facultades concertadas de que disponen y que han sido anulados por los tribunales nacionales y de la UE. Por ejemplo, el que perpetraron al establecer las llamadas “vacaciones fiscales” en el impuesto de sociedades lo que suponía una competencia desleal en la medida en que deslocalizaban inversiones que en circunstancias fiscales homogéneas se habrían dirigido a comunidades lindantes con el País Vasco: Rioja, Castilla y León o Cantabria. Esas comunidades se han podido defender de esa competencia desleal impugnando las normas forales tributarias ante los tribunales ordinarios porque tienen naturaleza reglamentaria aunque, en el ámbito de cada una de las provincias vascas, dispongan de fuerza de ley material. Y el Tribunal de Luxemburgo, en tres sentencias de 9 de septiembre pasado, las ha declarado también ilegales. Ayer, la Diputación de Vizcaya anunció que recurrirá en casación las sentencias de los jueces comunitarios.

El PNV le ha visto las orejas al lobo: sabe que ya no puede hacer mangas y capirotes con las facultades normativas fiscales de las Juntas Generales y pretende (lo lleva pretendiendo desde hace muchos años, desde 1993) que éstas no sean recurribles más que ante el Tribunal Constitucional, como si se tratasen de leyes formales. Y es lo que le exige al Gobierno que haga el próximo día 13, el martes, en el Congreso: que modifique las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para que estas normas se conviertan de hecho en leyes, como si el Derecho constitucional fuese de plastilina.

El despropósito es total porque si se “blinda” el Concierto como pretende el PNV se llegaría al absurdo de que en el País Vasco existirían cuatro instituciones con capacidad legislativa: el propio Parlamento y las Juntas Generales de cada territorio. Se entraría entonces, no sólo en colisión con las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sino también con la misma Constitución, abriendo una vía de agua de similar importancia cualitativa a la que representan muchos de los preceptos del Estatuto de Cataluña.

Bastante es que el País Vasco disponga de un procedimiento de financiación tan favorable como el Concierto; bastante es que las Juntas Generales se permitan desmarcarse del incremento fiscal que va a presentar el Gobierno (en Vizcaya, Álava y Vizcaya no se suprimirán las bonificaciones de los 400 euros en el IRPF a determinados niveles de renta; el tipo de imposición al ahorro no irá del 19 al 21% como en el resto de España, sino que se será de tipo único, al 20%; las deducciones por creación de puesto de trabajo serán infinitamente superiores a las previstas por el Estado…) bastante es, en fin, semejante singularidad que lo es tanto que no aporta más que un cupo a los servicios comunes pero no al fondo de solidaridad. Bastante es que el único límite que la ley establezca al Concierto es que se “mantenga la presión fiscal efectiva global equivalente a la que existe en el resto del Estado”.

Pero rebasa cualquier ecuanimidad, cualquier criterio de recto entendimiento de la ciudanía, del principio de igualdad y de respeto al sistema de fuentes del derecho, que unas normas reglamentarias forales de ámbito provincial sólo puedan impugnarse ante el Tribunal Constitucional.

El victimismo egoísta del PNV


El PSOE y el Gobierno barajan fórmulas que no impliquen textualmente el blindaje que pide el PNV (un compromiso político, la convalidación por el Parlamento Vasco de las normas forales tributarias mediante el procedimiento de lectura única…), pero los nacionalistas quieren una garantía total. Y es muy posible que los socialistas –los mayores detractores históricamente del Concierto, ya durante la República y luego en democracia—se la presten. ¿Olvidarán en el Grupo Socialista que tanto en 1981 como en 2002 se abstuvieron en la votación de las leyes reguladoras del Concierto Económico? Sería verdaderamente grave que el PP diese cobertura a la pretensión del PNV. Es verdad que los populares vascos están por la labor.

En el País Vasco el único aspecto de la autonomía que une a prácticamente todos los ciudadanos no es ni la bandera, ni el himno, ni las instituciones, ni la propia comunidad autónoma: es el Concierto Económico porque propicia enormes flujos financieros públicos para las infraestructuras de todo tipo (educación, sanidad, transportes…) y, además, deja grandes remanentes para subvenciones y para la nutrición de iniciativas varias y diversas.

Ni socialistas ni populares quieren aparecer, ahora que son ellos los que forman la mayoría parlamentaria en Vitoria, como los que niegan al Concierto esta garantía exorbitante. Sin embargo, aunque López se contraríe y pese a que Basagoiti se enfade, el blindaje que pretende el PNV es un agravio al resto de los ciudadanos españoles, a los demás sistemas autonómicos; es un forzamiento de la Constitución y una ruptura del modelo de Estado, otra más, que haría de España una país todavía más injusto y desigual.

Los nacionalistas han visto la oportunidad de poner en un brete al PSE y al PP, desestabilizando así al Gobierno de López y deteriorando su entendimiento con el PP. Pues aunque el lendakari y Basagoiti pasen por alguna dificultad –por peores han transitado—el Congreso ha dar una negativa a este reclamación abusiva y sin sentido. Si algún partido ha abusado de la democracia española y del conjunto de España ha sido el PNV. En algún momento habrá que poner límite a esa voracidad egoísta que ha tenido un efecto depredador respecto de otras muchas regiones españolas.
El Confidencial

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