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sábado, 22 de agosto de 2009

Subir impuestos para sufragar chapuza y derroche, El Mundo


ATRÁS QUEDARON LOS TIEMPOS en los que bajar los impuestos era una política de izquierdas. El ministro de Fomento, José Blanco, sí utilizó ayer el lenguaje de la izquierda tradicional para pronunciarse a favor de un aumento de los impuestos directos: «Si para ayudar a los que más lo necesitan» tienen que pagar más los que tengan rentas más altas, «habrá que decirlo con claridad a la sociedad». Aunque horas más tarde, Blanco aclaró que eran declaraciones a título personal, no es difícil aventurar que el Gobierno ha soltado esta píldora el 20 de agosto para que nos vayamos haciendo a la idea. Puesto que hace tiempo que conocemos a nuestros clásicos, cuando el Gobierno socialista habla de que paguen más los ricos -argumentación demagógica pero eficaz para ser aplaudida por un sector del electorado- en realidad lo que quiere decir es que la carga impositiva subirá para las personas con renta media o media-alta. Y ello porque gravar el rendimiento personal de los que tienen una nómina es una fórmula de recaudación más rápida y cómoda que buscar otras alternativas para, efectivamente, hacer que los ricos -de verdad- contribuyan de acuerdo con sus ingresos reales.

El incumplimiento de la palabra dada por el presidente del Gobierno ha dejado de ser noticia para convertirse en algo cotidiano. Tras la última subida de los impuestos indirectos -combustibles y tabaco- aprobada cuatro días después de las europeas y sin avisar, Zapatero descartó en sede parlamentaria -a pregunta de Rajoy- nuevos aumentos de la presión fiscal. Sin embargo, él sabía perfectamente que con los 2.300 millones de recaudación adicional no podía hacer frente a sus derroches. Empezando por los 400 euros anunciados en la campaña de las generales -que han supuesto un coste de 6.000 millones para las arcas públicas y que cobraron tanto los parados como los banqueros-, siguiendo por el cheque-bebé -2.500 euros por hijo, también para todas las mujeres independientemente de sus ingresos-, continuando por los 9.000 millones del fondo destinado a salvar las cajas de ahorro y desembocando en el escandaloso acuerdo de financiación autonómica con Cataluña, el Gobierno se ha metido en gastos completamente inasumibles en situación de crisis y con un desplome de la recaudación fiscal.

Teniendo que hacer frente a un gasto social -este sí inevitable- de 20.000 millones debido al espectacular aumento del número de parados, y con un déficit del 9,5%, ya hemos dicho en estas mismas páginas que era irresponsable endeudar más al Estado con medidas puntuales, sin abordar las reformas estructurales imprescindibles para situar a España en la senda de la recuperación ya iniciada en otros países europeos. Lejos del necesario ajuste presupuestario en sus gastos corrientes -el número de funcionarios no cesa de crecer- el Gobierno ha optado por seguir comprometiendo gasto público sin siquiera calcular el coste de sus medidas, como ha sucedido con la ayuda de 420 euros mensuales a los parados sin ingresos. Si, según el compromiso de Zapatero, la prestación se extiende a «los que lo necesiten», las arcas públicas sufrirán un serio quebranto. Blanco subrayó ayer que esta iniciativa del Gobierno español es tan avanzada que no se ha tomado en ningún país europeo. Por algo será, cabría replicar al ministro de Fomento.

La sociedad española podría aceptar una subida de impuestos en otras circunstancias, pero en ningún caso para tapar los agujeros y sufragar las iniciativas -a menudo chapuceras como la última- que se le ocurren sobre la marcha a un Gobierno que carece de política económica.

Editorial El Mundo

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