Blogoteca: La Ley catalana de educación debe ir a Estrasburgo, por Rosa Díez

lunes, 6 de julio de 2009

La Ley catalana de educación debe ir a Estrasburgo, por Rosa Díez


La buena noticia de la semana es la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre Batasuna. Es una gran noticia que en Europa haya quedado demostrado jurídicamente que Batasuna es una organización terrorista, enemiga por tanto de la democracia española, y que ésta tiene no sólo el derecho, sino la obligación de utilizar todos los instrumentos a su alcance para defender los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. «Necesidad social imperiosa de disolver Batasuna»; éstas han sido las palabras exactas del más alto tribunal europeo que dictamina sobre derechos humanos. No puedo sentirme más reconfortada por ellas, y más reivindicada, por qué negarlo.

Éramos muy pocos los que en su día defendíamos la necesidad de una ley que protegiera nuestros derechos, que protegiera la democracia contra los que querían liquidarla. Éramos muy pocos los que no teníamos miedo al posible victimismo de los batasunos; muy pocos los que decíamos públicamente que les preferíamos víctimas que verdugos. Pues aquí está la sentencia que nos da la razón también en lo legal; porque lo político estaba claro para todos nosotros. Incluso estaba claro para algunos de los que, aduciendo dudas legales, se negaban a poner en marcha la Ley de Partidos precisamente porque, en el fondo, preferían una ETA con la que poder negociar políticamente. Bien está lo que bien acaba. Y bienvenidos sean todos los padres sobrevenidos de la ley. Dice Iñaki Gabilondo que Aznar tenía razón; qué manía la de estos tipos de la progresía oficial de dar la razón a los príncipes pero negársela a los obreros... Aznar tenía razón, sí; y todos aquellos a los que negaron la voz y la posibilidad de firmar en el Grupo Prisa, también tenían razón.

La mala noticia de la semana (también tiene que ver con derechos humanos) es la ley que se acaba de perpetrar en Cataluña contra la libertad de elección lingüística. Es un escándalo de dimensiones que aún no se nos alcanzan a ver. Es un escándalo mayúsculo que un Gobierno elegido democráticamente, en pleno siglo XXI, cercene derechos de los ciudadanos que habitan en su territorio; es una vergüenza que lo hagan con el único objetivo de imponer el monolingüismo oficial, la lengua del poder. Es una abominación que el Gobierno de Cataluña, presidido por un socialista, apoyado por antiguos comunistas, nacionalistas independentistas y nacionalistas herederos de la burguesía catalana, mutile derechos de los ciudadanos utilizando la lengua como arma para discriminar y para establecer dos tipos de ciudadanos: los buenos y los malos. Los que se integran (que han de hablar catalán), que son los ciudadanos de primera; y los que no quieren someterse a la imposición, que son aquellos que el Gobierno considera no integrados y son, por tanto, calificados y tratados como ciudadanos de segunda.

Yo creo que tenemos que librar una gran batalla contra este atropello. Una batalla política, pedagógica, ideológica y jurídica. Porque es muy grave lo que está ocurriendo, pero lo es más aún que suceda ante el silencio, complicidad y aquiescencia del Gobierno de la Nación. Y ante la pasividad complaciente de una cierta clase mediática totalmente entregada al poder. No podemos esperar 30 años hasta que el Gabilondo de turno nos diga que, también en esto, éramos nosotros quienes teníamos razón. Porque en ese tiempo habremos perdido dos o tres generaciones y se habrán atropellado con impunidad los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Y la mancha democrática impuesta en Cataluña se extenderá por el resto de España. Y entonces no habrá quien lo pare por las buenas.

Fíjense que ya ha empezado a extenderse el mal sin que haya adquirido apenas categoría de anécdota. Recuerden el espectáculo de la pasada semana en el Senado: había traductores a cinco lenguas españolas cooficiales para que sus señorías pudieran entender las palabras del vicepresidente del Gobierno. ¿Puede haber mayor ataque a la Constitución que el reconocimiento institucional de que es posible que haya un representante nacional electo sentado en el Senado de España que no entienda y hable la lengua común, el idioma del Estado? Éste no es un tema menor. Anuncia el diagnóstico de un país sin estima por sí mismo, en el que se banalizan las cosas importantes, en el que todo vale.

Aún hay quien se rasga las vestiduras cuando decimos que, si se rompe la cohesión, se rompe la España democrática. Hay que empezar a repetirlo. No hemos de tener complejos y hemos de insistir en que la única España que nos interesa es la de la de los ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y esa España se construye y refuerza propugnando normas comunes de convivencia entre españoles; actitudes de respeto a las leyes y derechos que éstas proclaman; leyes que reconozcan derechos por igual y para todos, que cohesionen el país, que no levanten fronteras entre los ciudadanos. Esa España constitucional y democrática, unida para garantizar la igualdad de todos los españoles, nos exige que seamos capaces de combatir aquellas leyes y gobernantes que trabajan para mutilar nuestros derechos, romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley y negarnos nuestra libertad.

Ya es hora de decir que el bilingüismo significa que los poderes públicos de las comunidades en las que existen dos lenguas oficiales tienen la obligación de ofrecer a sus ciudadanos el instrumento para conocer y aprender a expresarse en ambas lenguas. Pero que no pueden obligar a nadie a hacerlo. Hay que recordar a todos que la Constitución establece, en su artículo 3.1, que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». El deber y el derecho. Ni siquiera para la lengua común existe la obligación de usarla. Pero si está amparado el deber de hacerlo, ¿cómo consentir que en Cataluña se obligue a conocer y hablar la otra lengua española que es allí cooficial, el catalán, y se niegue el derecho a educar a los niños en la lengua común de los españoles?

No vamos a callar ante este atropello. Ni vamos a dejar de denunciar la complicidad del Gobierno de España en la gestación y extensión de leyes discriminatorias. Que el presidente Zapatero diga, como respuesta a la ley catalana, que en Cataluña hay paz lingüística es un insulto. Como si el protagonista de la afrenta fuera la lengua y no el político que la utiliza para conculcar derechos a unos ciudadanos frente a otros. Parece como si Zapatero tuviera nostalgia de aquellas campañas con las que se pretendía ocultar la falta de libertad presumiendo de años de paz... Pues yo he aprendido, viviendo 57 años en el País Vasco, que la paz sin libertad no merece la pena. Por eso anuncio que libraremos esta batalla hasta el final.

El Mundo y web de UPD

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