Blogoteca: 2009

lunes, 28 de diciembre de 2009

Dos genios catalanes: Maciá y Montilla, por Juan Carlos Girauta, ABC


 
OJEANDO las crónicas parlamentarias de Pla comprende uno lo atinado de esas muy sentidas palabras que acaba de dedicarle José Montilla a su igual, el coronel Francesc Macià. Y es que, según acaba de confesar don José, el tripartito «se siente continuador de la obra de Macià». Ante nosotros, pues, los auténticos, genuinos herederos de un lunático que, primero, trató de invadir Cataluña al mando de un ejército de opereta; después, proclamó el «Estat Català» por su cuenta y riesgo en un brote de pura demencia; y luego acabaría presidiendo el primer alarde fascista habido en España (aquel marcial desfile de los camisas verdes en Montjuic). En fin, todo un paradigma de sentido de la responsabilidad, respeto por los compromisos, afán de concordia, inteligencia política y equilibrio emocional, como es sabido.
Se entienden esos dislates contemporáneos leyendo al joven Pla, decía, porque, tan pronto como en 1931, el de Palafrugell ya descubrió la clave de bóveda que desde entonces rige la cosa pública en este rincón del Mediterráneo. «Nuestra política va entrando en el terreno de la magia pura, así el más insignificante de los adjetivos usados para referirse a los hombres es genial», observaba entonces el maestro. Y, acto seguido, pasaba a referir el almuerzo entre un Mister Baldwin, Primer Ministro de Inglaterra por más señas, y cierta «gran personalidad» de la política catalana, de la que no ofrecería más pistas; aunque, por el contenido de lo que pronto se ha de revelar, igual podría haberse apellidado Macià o Companys que Montilla o Carod.
El resultado de aquél encuentro no pudo ser más descorazonador para nuestro gran hombre doméstico, adelanta Pla. Al punto de que el prócer le haría saber que Mister Baldwin parecía un simple, poco menos que un tonto de baba. Así, el mister se empecinó en amargarle la comida al otro, llevando el diálogo hacia cuestiones baladís, prosaicas vulgaridades impropias de caballeros de tan alta condición. Que si refiérame usted cuál es el estado del utillaje de los puertos en Cataluña. Que si explíqueme qué planes tienen pensados ustedes para mejorar los sistemas de transporte. Que si hábleme del estado general de la red de carreteras. Que si tendría algún inconveniente en exponerme cuál es el grado de racionalidad y de coherencia de esos elementos tomados en su conjunto...
No había forma de que el inglés saliera de tamañas nimiedades. Se comprende que, una vez concluido el encuentro, nuestro nacionalista respondiera sobre la impresión que le había causado aquel mister Baldwin tal que así: «¿Qué quiere que le diga? No me ha parecido genial en ningún momento...». Sirva ese aciago recuerdo para imaginar cuán orgulloso se sentiría hoy Macià, contemplando las genialidades del tripartito. Quizá hasta lloraría de emoción viendo a la Cataluña de los barracones escolares y las colas de medio año en la Seguridad Social, montar, alegre, referendos de chiste y asonadas de colegio. Oh, el genio inmortal del país.
ABC

domingo, 27 de diciembre de 2009

Zapatero tiene un plan, los españoles otro, por Ciiudadanos enla Red



Aunque resulte increíble, el presidente del gobierno de españa (todo en minúsculas) tiene un plan, y si no les gusta, tiene otro, u otro más si no les parece bien. Zapatero es un hombre de grandes planes y pocas ideas. Cuando la historia de este país le juzgue, directamente se olvidará de él, para agradecerle lo que logró en dos legislaturas: remover los cimientos de la sociedad civil española.

Cierto es que su presidencia ocurrió en pleno estallido de la era de las comunicaciones, pero no menos cierto es que todas sus barbaridades juntas soliviantaron a un importante sector de la población española, contribuyendo a la creación de una opinión política colectiva inexistente hasta entonces en España. También hay que reconocerle a Mariano Rajoy, a los nacionalistas, a Rosa Díez y a IU, su aportación imprescindible a la atención persistente por la política de los ciudadanos de este país.

Con Zapatero la política española ha alcanzado el mayor grado de visibilidad en la historia nacional. Se puede decir que la miseria de la gestión pública ha salido del armario, y nunca con tanta claridad se ha contemplado que la política española es un antro de corrupción y miseria, de mezquindad e insidia. Sin alguien tan soberanamente corto como el hombre de las cejas altivas y los hombros encogidos, que mueve las manos como un espantapájaros cuando habla, al igual que si fuera un guardia de tráfico urbano en un atasco, los españoles hubiéramos tardado décadas en salir de nuestra inocencia bondadosa.

Con Zapatero hemos comprobado que los sindicatos son sectas corruptas dispuestas a distorsionar la economía de los españoles con tal de conseguir más liberados y que no se haga nada. Hemos visto a los colectivos de la izquierda tradicional, desaforados, como hordas tomando las calles y apoderándose de las imágenes de los medios de comunicación. La cultura española jamás ha sido tan decadente, tan impropia, tan estúpida, y tan inusitadamente zafia.

Gracias al presidente del gobierno de España hemos observado como indigentes intelectuales pueden ser ministros gracias a su historia política, aunque no tengan ni puñetera idea de la materia de la que trata su ministerio. Pero también hemos visto los cálculos de los nacionalistas, y los socialistas más paletos, el montaje teatral de ETA, las astracanadas del nacionalismo catalán, el odio contra la diferencia de todos los sectarios de la izquierda nacionalista y no nacionalista.

Y de paso hemos visto que la oposición al régimen poco tiene que decir con ese Mariano Rajoy indescriptible en su divina ausencia, reunido con todos los herederos del despropósito que le acompañan y que tampoco tienen idea, ni por activa, ni por pasiva, de cómo reaccionar ante la mendacidad suprema.

Tras tres años de seguimiento y acción continuada de provocación a la conciencia de los españoles sobre lo que estaba ocurriendo, puedo decirles queridos amigos que Zapatero, la corte de la ceja, los aplaudidores y los no aplaudidores están en plena decadencia: ya no engañan a nadie que no quiera ser engañado. Porque hoy hay miles de críticos cuando hace tan solo tres años –se puede constatar consultando la hemeroteca o la historia de este u otros blogs-, la inmensa mayoría de los españoles estaba mirando a la luna de Valencia y la red social española estaba dominada exclusivamente por los propagandistas a sueldo de los diferentes partidos.

Pero las cosas han cambiado, todavía no se sabe muy bien que ocurrirá en este par de años que quedan de legislatura, posiblemente se producirá un cambio de actitud en el PSOE, que no sería de extrañar que ante la debacle que se le avecina cambiara de cartel. Los nacionalistas presionarán más, y directamente serán enviados a la carbonera de la política española, que es el lugar que les corresponde. Los conservadores del PP tratarán de tomar el timón, pero tampoco serán admitidos. Y los minúsculos como IU y Rosa Díez, se quedarán nuevamente en posiciones ridículas.

Algo ha cambiado en España gracias a Rodríguez Zapatero y el elenco que le acompaña en la representación pública, y es algo muy importante, extraordinariamente imprescindible para encauzar el futuro de este país: la credulidad de los ciudadanos españoles en sus representantes políticos atraviesa sus horas más bajas. Esto tiene que traer un cambio revulsivo, posiblemente el próximo presidente del Gobierno de España todavía no haya dicho ni esta boca es mía, y seguramente no será de ninguno de los partidos conocidos hasta ahora.

Quedan un par de años hasta las próximas elecciones generales y en ese tiempo van a pasar muchas cosas en España, pero la más importante es que la representación política va a dar un vuelco que no va a reconocerla ni la madre que la parió. Suele ocurrir, cuando se toca fondo, la historia rebota, por eso he titulado este artículo Zapatero tiene un plan, los españoles otro, porque es así, Zapatero ya no representa los intereses de los españoles, representa otros intereses: los de su partido, los de los sindicatos CCOO y UGT, los de los colectivos sectarios que le apoyan, es decir, los de su familia política, pero no representa los intereses de los españoles. Rajoy y los nacionalistas tampoco, por supuesto.

Posiblemente, a partir de ahora, los intereses de los españoles sean representados por los españoles, porque cada español se puede representar a sí mismo y no necesita de pastores que guíen el rebaño desde el adoctrinamiento; eso tenemos que agradecerle al adefesio cejado, y no es poco para comenzar un nuevo año.

Enrique Suárez Retuerta
Un ciudadano español que no renuncia a su soberanía.

lunes, 21 de diciembre de 2009

El socialismo mata Por Carlos Alberto Montaner

Swaminathan Aybar es un notable economista hindú que ha sacado una cuenta muy incómoda. Se le ocurrió medir el enorme precio que pagó la India por no haber hecho antes la reforma económica que hoy le lleva a crecer más del 7% anual, reducir vertiginosamente el porcentaje de pobres y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los más necesitados.
Los números de Aybar son impresionantes: no haber hecho la reforma con antelación provocó la muerte de 14,5 millones de niños, mantuvo a 261 millones en el analfabetismo y a otros 109 por debajo de los límites de la pobreza. El estudio lo acaba de publicar el Cato Institute de Washington y se titula "El socialismo mata".

Los latinoamericanos deberían aprender de esta experiencia. No hacerlo, además de un crimen, es una estupidez casi perfecta.

El ejemplo es muy claro: en la India ha habido dos grandes modelos de desarrollo. Entre 1947 y 1981 se ensayó la fórmula de la economía estatizada, dirigida por una enorme burocracia gubernamental, intensamente proteccionista, hostil a la empresa privada y a las inversiones extranjeras, convencida de las ventajas del desarrollo hacia dentro. El resultado de esa etapa socialista fue un crecimiento anual promedio del 3,5%, que, cuando se descontaba el aumento de la población, quedaba reducido al 1,49.

Mientras los indios seguían esa senda socialista, tan parecida a los ensayos latinoamericanos, desde el peronismo hasta el chavismo, otros pueblos asiáticos –primero Taiwán, Corea del Sur, Hong-Kong, Singapur, luego Tailandia, Malasia e Indonesia– tomaron el camino contrario: abrieron sus economías, alejaron al gobierno del aparato productivo y fomentaron la iniciativa privada. En otras palabras, liberalizaron decididamente sus economías. Al cabo de apenas una generación, los resultados que exhibían eran pasmosos: disminución drástica de la miseria y la ignorancia, mejora en todos los índices de desarrollo humano y surgimiento de unos robustos sectores sociales medios.

Presionados por esa inocultable realidad, los indios hicieron su reforma y abandonaron las fallidas supersticiones del socialismo, primero tibiamente y luego, comenzada la década de 1990, con mayor ímpetu. Ahora se han convertido en un actor de primer rango internacional que compite en precio y calidad con la China, a la que comienza a disputar la condición de gran fábrica del mundo. (No olvido la sorpresa de unos amigos que necesitaban contratar un servicio de ventas telefónicas en América Latina y acabaron pactando con la sucursal de una compañía india radicada en Cochabamba, Bolivia).

Es importante que los economistas latinoamericanos saquen la cuenta de cuánto nos cuestan los experimentos socialistas en sangre, sudor y lágrimas. Cuánto han pagado y pagan los argentinos por los tercos experimentos del peronismo. Cuál fue la inmensa factura pagada por la sociedad peruana durante la locura de Velasco Alvarado, la nicaragüense con el sandinismo o la cubana con su medio siglo de estalinismo.

La medición podría hacerse a partir de la experiencia chilena: ¿qué hubiera pasado en toda América Latina si los pueblos de nuestra cultura hubieran hecho una reforma económica como la llevada a cabo por los chilenos, iniciada durante la dictadura de Pinochet pero sabiamente mantenida por los gobiernos de la democracia? En 1959, por ejemplo, Cuba tenía un tercio más de ingreso per cápita que Chile y más o menos la misma población. Hoy, Chile triplica el ingreso de los cubanos, su población es un treinta por ciento mayor y el país sudamericano se ha convertido en la secreta meta y destino de miles de cubanos que han conseguido instalarse allí, incluidos unos cuantos hijos de la clase dirigente convencidos de que el barco de los hermanos Castro se va a pique a corto o medio plazo.

¿Somos capaces los latinoamericanos de aprender en cabeza ajena? Con algunas dificultades, parece que sí. Perú, por ejemplo, es hoy el país que más crece en el continente, y eso se debe a que, de manera creciente, los últimos tres gobiernos peruanos han tenido el sentido común de inspirarse en el vecino Chile y abandonar paulatinamente las viejas prácticas del socialismo estatista. Eso significa menos pobreza y mejores estándares de vida para la inmensa mayoría de la sociedad. Sin embargo, lamentablemente, la racionalidad sigue siendo un bien escaso en nuestro mundo. Mientras los peruanos, como los chilenos, se mueven en la dirección que dicta la experiencia, Hugo Chávez y sus cómplices del socialismo del siglo XXI reinciden en el disparate. Insisten en hacer daño a sus conciudadanos, convencidos de que los guían hacia la gloria. No se han enterado de que el socialismo mata.

Cataluña. Cleptocracia, por José García Domínguez, LD


En Mi siglo, soberbio libro de memorias del poeta polaco Aleksander Wat, sostiene el autor que muchas miserias de nuestra civilización son el resultado de no leer en voz alta. A su juicio, una porción notable de la literatura occidental no habría visto nunca la luz si sus artífices hubiesen accedido a recitar las obras antes de editarlas. Simplemente, les hubiera dado vergüenza oír sus propias necedades, concluye Wat con clarividente lucidez. Un hábito higiénico, ése que ahí sugiere, que, una vez convertido el Boletín Oficial del Estado en el principal canal de difusión de la literatura fantástica, convendría extender también a las cámaras legislativas, barrunta uno.
Así, por mucho cemento armado que blinde el rostro de, pongamos por caso Joan Saura, quizá padeciera un acceso de aluminosis facial tras declamar en público ciertas gansadas. Por ejemplo, ese artículo del Estatut que ampara el derecho inalienable de los catalanes –y las catalanas– "a gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad". Proclama que quizá resulte una solemne idiotez, aunque no una solemne idiotez gratuita. Al contrario, el precio visado y tasado de esa gran conquista revolucionaria asciende a justo 43.000 euros más IVA. Que tal ha sido la suma abonada por la consejería de Saura a un equipo de expertos en vistas, entornos y panorámicas con tal de estudiar las "percepciones y vivencias" de los catalanes –y las catalanas– en relación al paisaje doméstico.
Fruto de esa exhaustiva pericia, el Joan ha acusado recibo de que al pueblo soberano le placen más los bosques con ríos, arbolitos y pajaritos que los tendidos de alta tensión y las obras del alcantarillado, según acredita el dossier oficial. Una información que, sin duda, podría poseer un valor estratégico incalculable con tal de optimizar la eficacia operativa de la policía autonómica, la competencia que corresponde a Saura en el Gobierno de la Generalidad. En fin, a setecientos mil euros sube la última partida presupuestaria asignada a tales menesteres, acaba de anunciar, indiferente, el diario principal de la provincia, parte indisociable él mismo de idéntico paisaje moral. El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

domingo, 20 de diciembre de 2009

Un Trías Fargas mesiánico y la peligrosa demagogia de las balanzas fiscales

Más allá de toda duda las balanzas fiscales han entrado en la agenda política del momento. Reclamadas por Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura, con la finalidad de que sus saldos entren en el juego de la negociación de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, el Presidente del Gobierno se apresuró a conceder su publicación como un documento oficial. Se daba así satisfacción a una reivindicación histórica del nacionalismo catalán que, desde los años sesenta, había visto en ellas un soporte fundamental para el sostenimiento de sus aspiraciones financieras y, sobre todo, para alimentar el populismo que, durante mucho tiempo, ha sido el fundamento de su hegemonía política. Y no sólo era una reivindicación del nacionalismo moderado, sino también del más radical —pues es evidente que esa bandera fue ondeada con machacona insistencia por ERC durante la anterior legislatura— y, lo que es más relevante, por los socialistas del PSC —que, en esto, cuentan con una larga tradición que se remonta a las corrientes catalanistas que se integraron en él durante el proceso de integración de las diferentes tendencias del socialismo regional que dio lugar a la fundación del partido en los albores del actual sistema democrático—.
Así pues, parece que con entusiasmo desbordante las principales fuerzas políticas de Cataluña, más allá de diferencias ideológicas, se han adscrito a la idea de que las balanzas fiscales son fundamentales para sustentar su actuación política. Sorprende esta unanimidad que nos obliga a evocar la vieja observación de Keynes quien, en las páginas finales de su Teoría general, anotó: «las ideas de los economistas…, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree». E inmediatamente añadió que «los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto»; para después aludir a los políticos «que oyen voces en el aire, (y) destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás».

No es difícil encontrar, en este caso, al economista difunto, al mal escritor académico cuyas ideas erróneas han alcanzado un poder inusitado. Su nombre no es otro que el de Ramón Trias Fargas, Catedrático de la Universidad de Barcelona estrechamente vinculado, a través del servicio de estudios del Banco Urquijo, con la promoción en España de la economía regional —antes, naturalmente, de engrosar las filas de Esquerra Democrática de Catalunya, partido que se integraría en la Convergencia de Jordi Pujol—. Fue, en efecto Trias Fargas quien, en 1972, publicó una Introducció a l’economia de Catalunya que se tradujo dos años más tarde al español y tuvo una indudable difusión entre los economistas y políticos de la época.

En su obra, el profesor Trias Fargas, partiendo de algunos trabajos anteriores sobre la balanza de pagos de Cataluña, realizados dentro del ámbito académico de la Universidad Central de Barcelona, sostuvo que el ahorro generado en la región superaba a la inversión y que tal situación perjudicaba el desarrollo económico catalán. En vez de razonar el los términos de una economía abierta —y, en consecuencia, constatar que ese desequilibrio se tenía que compensar necesariamente con un superávit comercial—, prefirió hacer caso omiso de la relación externa de la región con los demás territorios de España; es decir, ignoró el verdadero motor de los negocios catalanes que estaba en la base del superior nivel de desarrollo de Cataluña: la venta de las mercaderías manufacturadas en la que ya entonces era la «fábrica de España» en un mercado interior protegido de la competencia internacional.

Trias Fragas parecía más bien imbuido de una idea autárquica. Y, por ello, sostuvo que, para impulsar el crecimiento catalán, era necesario «ahorrar más y procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña». Cómo lograrlo era, en su singular análisis económico, muy sencillo: bastaba disminuir al máximo el déficit fiscal regional que, con dudoso rigor contable, estimaba en el 48 por 100 de los ingresos obtenidos por la hacienda del Estado. O sea, se trataba de que los impuestos pagados por los catalanes se gastaran exclusivamente en Cataluña y no se transfirieran al resto de España. Note el lector que esta propuesta —que ha pasado sin variación alguna al pensamiento político común de las diversas variantes del nacionalismo catalán— lleva implícita una idea falsa pero muy atractiva para las personas ignorantes de las florituras del análisis económico: la promesa de hacer ricos a los catalanes sin que éstos tuvieran que hacer nada.

Y, sobre esa base, Trias pretendió asentar un «nuevo regionalismo» de carácter populista en el que confluirían los intereses de «la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres», pues «cuando decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario… y decimos algo que igualmente conviene al asalariado». Ni que decir tiene que el profesor barcelonés, como todos los demagogos de esta especie, eludió el incómodo problema de la distribución de la riqueza diciendo que «una vez incrementada la renta regional, (ya) veremos cómo la repartimos». Y proclamó, con euforia irrefrenable, que «el catalanismo como exclusiva de la burguesía ha terminado». Dicho de otra manera, es obvio que, en las ensoñaciones de este intelectual, la lucha de clases, el conflicto de intereses entre capitalistas y asalariados, se desvanecía en la armonía universal de la nación reencontrada, de la etnia aislada y libre de las ataduras que, de momento, la mantenían unida a una España concebida como poder opresor ajeno a la tradición catalana.

La propuesta del profesor Trias Fargas tuvo un indudable impacto entre las minorías políticas catalanas que, en aquellos años, se afanaban en la lucha contra el franquismo; y dado que esa propuesta impregnó tanto a la derecha como a la izquierda catalanista, no sería sorprendente que, en el imaginario nacionalista, la eliminación del déficit fiscal se identificara con el derrocamiento de la dictadura. Se expandió así un sentimiento victimista, una idea de expolio, el delirio de haber sufrido un despojo legendario, como si el resto de los españoles se hubieran aprovechado siempre de la laboriosidad de los catalanes. Quien con mayor claridad ha expresado esta idea es el también distinguido economista académico Xavier Sala i Martin, para el que «un argumento importante que se tendría que utilizar para valorar los costes y beneficios de la independencia —se refiere a la de Cataluña— es el déficit de la balanza fiscal… El beneficio principal, según dicen, es la “solidaridad interregional”. Pero una cosa es la solidaridad y otra que te roben la cartera».

Pues bien, a partir de estas ideas simples y demagógicas, la cuestión de la balanza fiscal se convirtió en uno de los tópicos más relevantes en los que confluyeron los programas políticos de la derecha y la izquierda catalanista, incluyendo más tardíamente al socialismo. Y, puesto que, a partir de ellas, lo que se pretende argumentar es el saqueo de Cataluña, no sorprende que, como ha destacado el profesor Ángel de la Fuente, «exista la tentación de utilizar las balanzas fiscales de manera demagógica, manipulándolas para excitar la indignación ciudadana ante agravios reales o supuestos con la esperanza de obtener rendimientos electorales».

Llegados a este punto, conviene avisar al lector que, aún cuando en apariencia la discusión sobre las balanzas fiscales sólo versa acerca de la oportunidad de su publicación o de su limitada utilización al no tener en cuenta los flujos reales interregionales de bienes y servicios, las cosas se complican mucho más. Ello es así debido a las dificultades metodológicas que encierra el concepto de balanza fiscal. Éste se presenta muchas veces como un instrumento contable de carácter imparcial u objetivo. Sin embargo, debe aclararse que tal objetividad es también una ilusión, pues los economistas están aún muy lejos de haber establecido un consenso sobre el asunto, una metodología estandarizada para determinar cuál es la contribución de los ciudadanos residentes en cada región a los ingresos de las Administraciones Públicas, y los beneficios que esos mismos ciudadanos obtienen a partir de los gastos que realizan esas Administraciones.

En efecto, sin ninguna pretensión de exhaustividad, se puede señalar que los gastos de las Administraciones públicas se pueden imputar a un territorio teniendo en cuenta cuál es la localización geográfica de su realización o bien considerando dónde viven sus beneficiarios. Por poner sólo un ejemplo, según el primero de esos criterios el coste de la base naval de Cartagena se atribuiría a Murcia, pero de acuerdo con el segundo habría que repartirlo entre todas las Comunidades Autónomas debido a que la actividad de ese establecimiento militar proporciona un servicio de defensa a todos los españoles. Pero las complicaciones no acaban ahí, pues, además, para cada partida de gasto hay que tener en cuenta un criterio de reparto regional; y muchas veces son varias las posibilidades entre las que elegir. Y con los ingresos ocurre lo mismo, pues una cosa es dónde se declaran los impuestos y otra muy distinta quién los paga.

Todo ello hace que los resultados del cálculo puedan ser divergentes según sea el criterio de imputación empleado. Así, tomando en consideración el caso de Cataluña como ejemplo indicativo, el profesor Ramón Barberán demostró que el saldo fiscal de esta región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 por cien del PIB a otra negativa del 7,9 por cien de este agregado macroeconómico. Por tanto, para determinar cuál es el saldo fiscal de una región, son varias las orientaciones metodológicas que pueden seguirse y, paralelamente, varios los resultados que pueden obtenerse. Además, las metodologías se adscriben, en ocasiones, a las simpatías políticas de quien las adopta. Citemos a este respecto al profesor López Casasnovas, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, quien, con toda claridad, señala en uno de sus trabajos su interés en establecer, para el cálculo del saldo catalán, un «escenario soberanista… (con) derechos de recaudación y de participación en beneficios por parte de los diferentes territorios».

En definitiva, en el actual estado de la investigación económica sobre este asunto, no es prudente lanzarse a la publicación oficial de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, toda vez que aún queda un amplio margen de discusión sobre su metodología contable. Más que realizar precipitadamente esas balanzas, el Ministerio de Economía debería nombrar un comité de expertos para tratar de llegar, en un plazo razonable, a las convenciones necesarias que hagan de esas balanzas un documento aceptable. Y, en ese mismo sentido, debería integrar las balanzas fiscales en un sistema completo de cuentas económicas que refleje la totalidad de los flujos económicos, reales y financieros, entre las diferentes regiones de España.

Pero no nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego, en este momento, con la discusión sobre las balanzas fiscales, es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional. Para entender esto, basta con tomar en consideración el hecho de que, como destacó en su día el profesor De la Fuente, tres cuartas partes de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles exclusivamente a la redistribución personal de la renta —en virtud de la cual hay más equidad y se amortiguan las diferencias entre los ricos y los pobres que se derivan del mero funcionamiento del mercado, lo que, a su vez, legitima el sistema político y amplia el tamaño del mercado—; otro ocho por cien financia la creación de bienes públicos de carácter nacional y la regulación de la economía —haciendo que ésta corrija sus fallos de mercado—; y sólo queda una sexta parte para los gastos en los que cabe la aplicación de criterios discrecionales de reparto territorial.

En consecuencia, en la práctica, el margen de actuación para aliviar supuestos agravios regionales —salvo que se quiera hacer más desigual la distribución personal— es demasiado estrecho como para satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Si éstas, apoyadas en una visión simplista de los saldos fiscales, acabaran triunfando en el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica y se limitaran los flujos interregionales de ingresos y gastos públicos, ese margen puede verse sobrepasado. Entonces, el potencial de desarrollo económico de España, y de todas sus regiones, se estrechará; y, con él, las rentas de los ciudadanos y su nivel de vida. No sería sorprendente, entonces, que se levantaran voces contra el sistema que hubiera propiciado ese cambio, afectando así a la legitimidad de la democracia. Por ello, sería oportuno que quienes ahora nos gobiernan corrigieran el tortuoso rumbo que han emprendido y que nos puede conducir al desastre.

Educados para matar, editorial La Gaceta


Entrevistada esta misma semana por Radio Intercontinental, Arantxa Quiroga señalaba que el principio del fin del miedo y la violencia en el País Vasco no llegará hasta que no se actúe sobre una raíz: las ikastolas.
Si ETA nació en los seminarios, se ha nutrido luego en la red educativa tejida por el PNV y en el entorno de crianza y desarrollo de los jóvenes (familia, amigos, lugares de ocio). La cantera del abertzalismo estaba siempre asegurada. Eso explica que durante las últimas tres décadas la hidra de las siete cabezas se regenerara, cada vez que el Estado de derecho cercenaba o acorralaba a la banda terrorista.
El acuerdo de bases PP-PSE contempla tomar cartas en el asunto de las ikastolas, vivero del nacionalismo que ha alumbrado una generación abertzalizada y, en muchos casos, potencialmente reclutable por ETA.
Un informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo describe cómo se cría la siniestra camada. En una primera fase, el entorno etarra capta y adoctrina a niños de entre 8 y 14 años, aprovechando el clima de impunidad ambiente de la calle, donde carteles y manifestaciones elevan a los asesinos a la categoría de héroes. Entre los 14 y los 18, se les requiere para que se comprometan con la causa, a través de grupos de montaña o ecologistas, incluso catequesis. Y, a partir de los 18, se les integra en la acción directa, la kale borroka, y se les plantea el compromiso más radical: matar.
El odio que se refuerza en esa suerte de juventudes hitlerianas que son los clubes de ocio, se nutre sobre todo en la familia y los amigos.
La estrategia se extiende a Navarra, el espacio vital de ETA, donde cuenta con el caldo de cultivo de las ikastolas, cuyos libros de texto preparan a las cabezas para el fanatismo. Ejemplo: en una fiesta  a favor del euskera, los escolares jugaron con retratos de asesinos.
Una vez metidos en la espiral del odio, no hay quien los saque ni, casi, quien los coja. Las organizaciones juveniles se metamorfosean, como ha ocurrido con Segi, la gran cantera de ETA desarticulada por el juez Grande-Marlaska. Se transformó en Gazte Independentistak, nombre sin personalidad jurídica imposible de perseguir.
Cierto que en estos últimos meses se han visto escenas alentadoras en el País Vasco: el PNV desalojado del poder y su red clientelar dañada, la unidad de PSE y PP, o un lehendakari presidiendo un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Vitoria. Al tiempo que la banda se encuentra más debilitada que nunca, gracias a la tenaza policial y judicial.
Pero éste es sólo un primer paso de una tarea compleja. Política, claro, pero también social y educativa. De poco servirán las iniciativas de los gobernantes o el cerco policial, si los cachorros siguen mamando el resentimiento, si los escolares creen que Euskalherria ya existía en tiempos de Babilonia (¡cuarenta siglos de nada!) o si los cadetes abertzales piensan que hacerse etarra e ir reventando nucas es tan excitante  como ser hincha del Athletic, según el testimonio de un preso etarra recogido por el catedrático Fernando Reinares.
La clave es la juventud, carne de cañón de una pandilla de delincuentes que le lavan el cerebro con delirios nacionalistas. Y en ese terreno queda mucho por hacer. Basta con reparar en el dato de que el 15% de los jóvenes vascos no rechazan la violencia, según un informe del Defensor del Pueblo.

1934-1936, dos rebeliones y una sola guerra, por Pío Moa

En 1934 y en 1936 se produjeron en España dos rebeliones que dieron lugar a sendos episodios bélicos, el primero muy corto, dos semanas, y el segundo más largo, cerca de tres años



La primera rebelión fue organizada por los principales partidos de izquierda con apoyo de casi todos los demás; la segunda, por una parte de los militares, respaldados enseguida por casi toda la derecha. Dos revueltas, por tanto, de carácter político opuesto, con ciertas semejanzas, como su disposición –lógica– a emplear al principio la máxima violencia a fin de paralizar al adversario, o la rapidez con que fracasaron ambas: en los primeros tres o cuatro días. Pero las diferencias son mucho más significativas. La del 34 fue concebida desde el principio como una guerra civil, mientras que la segunda lo fue como un golpe rápido y decisivo; la primera fracasó porque las masas no siguieron en casi ningún sitio los llamamientos de los dirigentes y porque la mayoría de los numerosos militares comprometidos se inhibieron a la hora de la verdad; la segunda, porque las principales ciudades e industrias, la mayor parte del ejército y la policía quedaron del lado del Frente Popular, dejando a los rebeldes en posición prácticamente desesperada. La izquierdista del 34 sólo se mantuvo, muy localizada, durante diez días más; la segunda consiguió sostenerse más tiempo y finalmente triunfar.

Una historiografía superficial suele presentar como antirrepublicanas las dos rebeliones, y así viene a sugerirlo Madariaga con su célebre y muy repetida frase sobre la falta de autoridad moral de una izquierda sublevada en 1934 para condenar a los sublevados de 1936. Sin embargo, la diferencia crucial entre una y otra consiste en que la primera sí fue radicalmente antirrepublicana, mientras que la segunda se produjo cuando y porque la legalidad republicana había sido arrasada. En efecto, los socialistas, guiados por su doctrina marxista, habían considerado a la república burguesa ya desde el primer momento, como un simple paso para llegar a un sistema socialista bajo la dictadura del PSOE (los documentos son bien claros al respecto); y el caos creado por el gobierno y los anarquistas en los dos primeros años convenció a la mayoría del partido de que se habían creado las condiciones necesarias para pasar revolucionariamente al socialismo, máxime cuando en 1933 ganaron las elecciones las derechas, por gran mayoría, después de la dura experiencia de gobiernos de izquierda. En cuanto a los nacionalistas catalanes, se pusieron, en sus propias palabras, "en pie de guerra" al conocer los resultados de dichas elecciones. El resto de la izquierda apoyó el movimiento por motivos diversos, ninguno democrático. He expuesto con bastante detalle el proceso en Los orígenes de la guerra civil,que no ha sido rebatido en ningún aspecto importante, y aquí no me extenderé.


La posición de la derecha fue la contraria: una minoría, fundamentalmente monárquica, quería derrocar a la república, mientras que la vasta mayoría optó por acomodarse en ella y reformarla por las vías legales. La oportunidad de hacerlo después de la derrota de la rebelión izquierdista fue echada a perder fundamentalmente por Alcalá-Zamora, y el resultado fueron las elecciones de febrero de 1936, no democráticas (aparte otros muchos datos, debe señalarse que las votaciones reales nunca fueron publicadas), las cuales llevaron al poder a las izquierdas agrupadas en el Frente Popular y otras asimiladas. A partir de ese momento, la legalidad republicana fue echada abajo sistemáticamente, desde el gobierno y desde la calle, como también he expuesto con detalle en El derrumbe de la república (véanse también los muy esclarecedores documentos de la Primavera Trágica, recopilados por Ricardo de la Cierva). La derecha (y mucha gente que no era de un lado ni del otro) se encontró ante el dilema de resignarse mansamente a la tiranía revolucionaria o de rebelarse, y una parte de ella, seguida después por el resto, decidió rebelarse.

Esta diferencia entre las dos rebeliones, absolutamente fundamental, es casi siempre ignorada por la historiografía de derecha y tergiversada radicalmente por la de izquierda, según la cual la del 36 se produjo contra "un gobierno y un régimen legítimos". La realidad es que la sublevación del 34 sí se produjo contra un gobierno plenamente legítimo, respaldado por una clara mayoría de votos, y que no alteraba ni pretendía alterar la legalidad, ni amparó ni protagonizó algo parecido a la oleada de asesinatos, incendios y violencias diversas que siguió a las elecciones del Frente Popular. En cambio, el gobierno de 1936 destruyó, en combinación con movilizaciones callejeras, la legalidad republicana, es decir, la república, y acabó con las reglas del juego más o menos democráticas de esta: tal era su legitimidad (para los revolucionarios, la legitimidad consiste en el triunfo de la revolución, por las buenas o por las malas). Así, en julio de 1936 ya no existía un régimen legítimo, sino un proceso revolucionario abierto amparado por un gobierno a su vez ilegítimo, por esa misma razón. Sí fue legítima, por contra, la rebelión contra semejante sistema. Sin la legitimidad de la rebelión contra las tiranías, jamás habrían existido otra cosa que estas.

Como es sabido, el golpe inicial de Mola era republicano; pero la lógica misma de la lucha y la experiencia caótica de la república orientó a los nacionales a intentar un régimen nuevo, una democracia orgánica, de hecho una dictadura autoritaria y evolutiva. Paradójicamente, los partidos del Frente Popular, que se habían alzado contra la república en 1934 y la habían demolido después de las elecciones del 36, adoptaron el título, perfectamente fraudulento, de republicanos con el fin de reclamar una legitimidad inexistente y ganarse el apoyo de las democracias (las cuales no cayeron en el lazo). Y la historiografía, de izquierdas y de derechas, sigue llamándolos así muy mayoritariamente, en un ejercicio, generalmente inconsciente, de perversión del lenguaje.

Las guerras del 34 y el 36 son esencialmente la misma. En el primer caso, las izquierdas asaltaron el poder y fracasaron; en el segundo, destruyeron la república desde arriba y desde abajo, provocando la reacción, un tanto a la desesperada, de quienes "no se resignaban a morir", en palabras de Gil-Robles.


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Veloz progreso hacia el pasado, por Félix de Azúa, El País



 Uno de los muchos vizcaínos huidos de la represión política vascongada y que vive en Cataluña desde hace 30 años me contaba la semana pasada lo siguiente. Tiene él un amigo, excelente profesional y persona bien situada, que adolece de un profundo sentimiento nacional y es separatista desde sus años universitarios. Ello no ha impedido en ningún momento que se lleve bien con el vasco, persona más bien escaldada en ese terreno y poco dada a la expansión patriótica. Sin embargo, según me dijo, el tono de las conversaciones ha ido variando a lo largo de este año que ahora termina. En su último encuentro, el educado ciudadano catalán le había dicho con gesto ufano que la independencia sería inevitable en un plazo de seis años y que tal era el cálculo de los partidos nacionalistas, no sólo los fanáticos y el de la derecha católica, sino también buena parte de los socialistas catalanes acomodados. Mi amigo tragó saliva y le preguntó si había planes, también, para ellos. "¿Para quiénes?", preguntó el separatista. "Para los españoles que vivimos en Cataluña". "¡Oh, por supuesto! Tendréis 20 años para elegir". Mi amigo insistió, con una sonrisa, sobre qué era lo que tendría que elegir. Su colega dejó escapar una alegre carcajada, le dio unas palmaditas en el hombro y se fue hacia otra mesa.

Hay en Cataluña una masa significativa, quizás en este momento en torno al 20% de la población, que piensa muy seriamente como el caballero separatista y ocupa lugares estratégicos del sistema económico, mediático y político catalán. La cifra se ha multiplicado durante el Gobierno de Zapatero, precisamente por lo comprensivo que ha sido con las exigencias separatistas. Como saben bien quienes han conocido las peores etapas vascas, las concesiones sólo sirven para estimular las exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. La consigna nacionalista dice que fue la intransigencia de Aznar lo que multiplicó a los separatistas, pero lo cierto es que ha sido Zapatero quien ha construido a Montilla y con Montilla llegaron los referéndums soberanistas. ¿Que no son vinculantes y que no llevan a ningún sitio? ¡Menuda simpleza! La política pública (otra cosa son los negocios subterráneos) es exclusivamente mediática y para los medios nacionalistas (que aquí son (casi) todos) Cataluña ya se ha volcado en la secesión.

Lo peligroso de la independencia no es el hecho en sí. ¿A quién le importa que de la noche a la mañana aparezcan en el mapa Macedonia, Croacia o Kosovo? Lo inquietante es el tipo de poder que se instala en esos reductos. Las "nacionalidades" de nueva creación son productos etiquetados con el sueño de una idealización, y el peso de su publicidad (en ausencia de guerra, las naciones se venden como mercancías)descansa sobre mitos o sobre sucesos que tuvieron lugar hace siglos. Como no puede ser de otro modo, los nacionalismos son muy conservadores, están anclados en el pasado y tienen una sólida base burguesa. Cada paso hacia la independencia trae consigo colosales negocios locales. Así es el nacionalismo franquista, el lepenismo francés, el de la Liga Norte o el de los xenófobos septentrionales. Nadie ha conocido jamás un nacionalismo obrero. Frente a esta evidencia, los separatistas suelen aducir el nacionalismo de las viejas colonias como Cuba o Argelia y sus derivados tipo Chávez. Me parece más prudente no pisar ese charco de sangre.

El neonacionalismo actual, como el catalán o el vasco, pertenece al conjunto de presiones derechistas que quieren acabar con los restos cívicos de la Transición. Es un regreso a la sociedad pre-democrática controlada por los poderes feudales regionales mediante la secular alianza del campesinado con la oligarquía. De ahí la importancia que tiene entre los separatistas la palabra "pueblo" y la escasa atención que dan al término de "ciudadano". De ahí también la constante animización mágica del catastro, "Cataluña exige, Cataluña ha dicho, Cataluña ha decidido...", o la obsesión con el folklore inventado por las élites regionalistas del romanticismo. Y no es de extrañar que el primer referéndum independentista del pasado domingo se celebrara en un pueblo de 120 habitantes. Su independencia es ontológica, o sea, no tiene remedio. Es el símbolo supremo de la nación añorada: agraria, montañesa, minúscula, la puede gestionar un párroco.

Ahora bien, la independencia real, lo que suele denotarse con el término "soberanía" que tanto usan los nacionalistas catalanes, significa asumir la plena capacidad legal para declarar el estado de excepción, según la clásica definición de Carl Schmitt. Son muy recomendables las reflexiones de Giorgio Agamben comentando a Walter Benjamin sobre este punto en el recién traducido El poder del pensamiento (Anagrama). Suspender la legalidad vigente de modo legítimo es lo propio del soberano, sea éste una persona o una institución. De hecho, los nacionalistas de Montilla ya están legalizando a toda prisa un Tribunal Constitucional catalán para cuando suspendan la Constitución española. No sabemos, de todos modos, si estos soberanistas están dispuestos a plantear el estado de excepción prescindiendo de un Ejército de respaldo y contando tan sólo con la presión mediática y económica. Se han dado escisiones pacíficas, como la de la nación llamada Eslovaquia, y es posible que un proceso semejante pueda aplicarse en el futuro a Chipre para separar a turcos de helenos, pero creo dudoso que sirva para España, aunque sólo sea porque en otras regiones hay un nacionalismo español tan radical como el catalán o el vasco y de similar ideología. Es cierto que está permanentemente controlado y apenas representa peligro alguno, pero dudo de que se quede sentado mirando la tele cuando se le arranque una cuarta parte de lo que él considera que es su nación.

En cambio, el caso vasco lleva camino de emprender otro derrotero mediático a partir de la expulsión del PNV de los resortes económicos del Gobierno autonómico, aunque no de todos. Allí, los socialistas han tomado una posición coherente con la tradición de la izquierda europea y, de momento, mucha gente respira aliviada por primera vez desde hace medio siglo. La peculiaridad del caso catalán es que el partido socialista (que escribe su logo con esta grafía: psC para subrayar que son más catalanes que socialistas) era el órgano que debía corregir la deriva conservadora, constituida en verdad como un movimiento nacional en consonancia con la herencia rural y oligárquica del nacionalismo catalán. Sin embargo, y contra toda la herencia ilustrada, progresista o revolucionaria del partido, los socialistas catalanes (en realidad, tan sólo su acomodada cúpula dirigente) han asumido en los últimos cinco años los mitos del nacionalismo conservador y rural, su lenguaje se ha vuelto casi exclusivamente sentimental y apenas se distingue del de sus socios separatistas.

Este giro derechista del socialismo catalán, no obstante, parece compartido por el Gobierno de Zapatero, cuya errática e improvisada política va deslizándose paulatinamente hacia posiciones de una irracionalidad incompatible con la experiencia del socialismo europeo. Un populismo, una obsesión por el espectáculo, una cerrazón sectaria, una frivolidad moral, que han otorgado fuerza inesperada a las oligarquías regionales sin obtener absolutamente nada a cambio. Este periodo de gobierno socialista se cerrará con tan sólo dos leyes que puedan considerarse más o menos progresistas: la que permite el aborto de las adolescentes sin permiso paterno y la que concede el matrimonio a las parejas homosexuales. Las pérdidas, como es evidente, tienen otro monto. El balance es desolador.
Quién nos iba a decir a quienes fuimos votantes del socialismo catalán que algún día sentiríamos envidia del País Vasco. Y quién nos había de decir que serían los socialistas catalanes quienes precipitarían en el descrédito al socialismo español.


Félix de Azúa es escritor.
El País

viernes, 18 de diciembre de 2009

España de fábula, Warren Graham, LD


Si intentase asemejar una fábula a España, ésta sería la de la Cigarra y la Hormiga. España sería Cigarra y los países del centro de Europa serían Hormigas.
Durante los años de esplendor, España no paraba de disfrutar y de alardear de sus bondades económicas entre fiesta y fiesta. Todo era alegría y jolgorio del exceso, sin pensar en que a lo mejor pudiera haber un futuro menos alegre.
Mientras tanto, el resto de Europa Central, y más concretamente Alemania, Francia y Holanda, lo pasaban fatal, estaban todo el día tristes y viendo con envidia como en España, además de tener mejor tiempo, el más tonto hacía relojes.
Los europeos, conscientes de su situación, pasaban las épocas flacas ahorrando y haciendo esfuerzos para poder, cuando fuese posible, disfrutar y pasarlo bien. Dada su importancia económica, el Banco Central Europeo les apoyaba con bajadas de tipos de interés para facilitarles la recuperación, con crédito más barato para las inversiones y el consumo.
Estas ayudas financieras actuaban en España como chorros de alcohol en una libertina fiesta. Los tipos de interés reales negativos (inferiores a la inflación) que existieron durante esos años no hacían más que inflar el tamaño de los problemas. Favorecían rápidamente una pésima asignación de recursos como, por ejemplo, una exuberante inversión inmobiliaria con las consecuencias por todos conocidas.
Ahora, las hormigas europeas empiezan a disfrutar de los sacrificios pasados y comienzan a vislumbrar una coyuntura más positiva. Este escenario, más pronto que tarde, será seguido de una revisión ascendente de tipos de interés en la Eurozona, movimiento restrictivo de política monetaria que tensionará la cuerda del ahorcado en la bastilla.
Cuanto más consistente sea la recuperación económica europea, más asfixia sentirá la economía española. Si ahora, que los tipos de interés están en mínimos históricos, hay muchas familias con enormes dificultades para pagar sus hipotecas y las colas del paro no hacen más que alargarse, ¿qué pasará cuando el Euribor se sitúe en niveles del doble o triple del actual?
Y si Europa no levanta cabeza, España tampoco lo hará; porque dependemos en gran medida de la demanda intracomunitaria. El futuro es incierto y poco optimista. Y la situación no tiene fácil solución. Cualquiera de los posibles escenarios son peores que los actuales.
El problema de España dentro del seno de la Comunidad Europea es que va con el pie cambiado. La subida de tipos de interés que tenemos delante va a ser como un jarro de agua fría, demoledor. Va a retrasar las posibles vías de solución a la crisis actual, si es que no la empeora.
Como el Gobierno de España no puede actuar sobre la política económica europea, no le queda más remedio que jugar con el presupuesto. Es razonable que los gobiernos actúen de manera contracíclica en las épocas de recesión económica. Pero el dinero no sale de la nada, hay que pedirlo prestado y devolverlo, además con intereses.
Puede ser discutible cómo los gobiernos asignan esos recursos, como el hecho de destinarlos a hacer zanjas o al desarrollo de proyectos empresariales privados. En cualquier caso, el Gobierno tendrá que devolver lo que ha tomado prestado más los intereses. ¿Qué pasará a la economía española cuando los tipos suban? ¿Será el país capaz de repagar y mantener el enorme gasto social consecuencia de los años de deterioro económico?
España está viviendo unos momentos amargos que pueden sin mucha dificultad verse empeorados. Dejemos de vivir como en los cuentos y empecemos cuanto antes a hacer los deberes. Queda mucho por hacer.
Libertad Digital

Un gobierno ilegítimo, por Pío Moa



(En Época)

Este aniversario de la Constitución no ha sido el de su ruina –la cual viene de varios años atrás, concretamente de la colaboración gobierno-ETA y de la imposición del estatuto de Cataluña--, pero sí el de la oficialización de su ruina mediante hechos consumados. La mayoría de la gente apenas entiende lo que significa ese estatuto, como no la tiene de las implicaciones de la ley de memoria histórica o del proceso de colaboración del PSOE con el terrorismo, y de ahí que oigamos tantos comentarios de especialistas faltos de todo análisis, no mejores que lo que puede oírse en la barra de una tasca.


  El estatuto de Cataluña, después de la farsa  del rechazo a la propuesta de Ibarreche en las Cortes,  cumplía exactamente los requisitos de convertir a estas regiones en “estados libres asociados” o algo así; o, como acertó a decir Maragall,  se trataba de dejar en “residual” al estado español, es decir, la unidad de España. Y constituía, justamente, del núcleo de la colaboración del gobierno con la ETA, el premio a esta por sus centenares de asesinatos, y la liquidación del estado de derecho. Exactamente eso. Solo por ello el “proceso de paz” (qué bien saben bautizar sus miserias) era más que anticonstitucional: era el triunfo de la más absoluta inmoralidad política, del ataque más artero a la democracia y a España misma.


La inconstitucionalidad de dicho estatuto no está solo en su espíritu y su delincuencial fin pro etarra, sino en su misma letra, por más que esta gente suele tener habilidad para disimular el fondo de sus objetivos con hojarasca palabrera: define a Cataluña como nación, es decir, como entidad ajena a España y a sus leyes, ya que la nación es la depositaria de la soberanía. No hace falta recurrir al Tribunal Constitucional, cualquier persona con el más elemental sentido común lo percibe. No extraña que los nacional socialistas catalanes, situándose fuera de la ley y ejerciendo chantaje, amenacen  por si el dictamen del tribunal saliera en algo molesto para ellos… Molestia no imposible, pero sí muy improbable teniendo en cuenta la insignificante autoridad de dicho tribunal desde el momento en que está presidido por una señora con afinidades políticas con el separatismo vasco: a tal nivel ha llegado el (no) poder judicial tras la corrosión ejercida sobre él por los enterradores de Montesquieu, es decir, por el gobierno. Podría decirse sin exagerar que este el Tribunal Constitucional es él mismo anticonstitucional.


   Las consecuencias de la fechoría son incalculables: se ha dado un golpe de estado por la vía de los hechos consumados, lo que significa que el gobierno y la mayor parte de la clase política se ha puesto en posición de radical ilegitimidad. ¿Cómo ha podido ser así?  En una democracia, la oposición está no solo para intentar copar despachos y coches oficiales, sino, ante todo, para impedir la natural tendencia del poder a extralimitarse. Pero en España no existe esa oposición, el actual PP la ha liquidado, porque para él lo esencial son esos despachos, y lo demás le importa muy poco. Baste observar su actitud con respecto al estatuto: engañó doblemente a sus propios electores, primero mediante una recogida de firmas (cuatro millones nada menos), de la que a continuación se desentendió; y, mucho más grave aún, en varias de sus comunidades, la valenciana y la balear, de momento, ha imitado la “residualización” del estado, a veces entre hipócritas loas de España. Y ha contribuido a inventarse otra “realidad nacional” en Andalucía, donde ya antes había aceptado o propuesto, no recuerdo bien, el título de “padre de la patria andaluza” para el majadero Blas Infante. Esa es la oposición.






 Mírese como se mire, hoy tenemos un gobierno ilegítimo, entre otras cosas y muy principalmente por el estatuto ilegal y por la justificación y legalización del asesinato como método de hacer política. Esto es lo que hay.

Blog P. Moa

jueves, 17 de diciembre de 2009

La independencia de Cataluña, por Mikel Buesa (blog)

La independencia de Cataluña

16 Diciembre 2009


Acaba de celebrarse un referéndum informal —por no calificarlo de ilegal— en 166 municipios acerca de la independencia de Cataluña, con una muy mediocre participación y un resultado evidentemente adulterado por la admisión al voto de los menores de edad y los inmigrantes extranjeros. Ello hace que ni siquiera la cuarta parte de la población censada en esos municipios —seleccionados por los organizadores de la consulta por ser los más nacionalistas de la región— se haya manifestado favorablemente a esa independencia. La valoración política que ello merece es que el nacionalismo ha fracasado en su intento de generar un problema institucional, pues no ha logrado el resultado abrumador que esperaba. No obstante, de ello no se infiere que las fuerzas independentistas no vayan a persistir en sus acciones propagandísticas destinadas a desestabilizar la democracia en España y, por esa vía, abrir la oportunidad de ejercer la secesión.
En estas circunstancias, tal vez merezca la pena adentrarse en la economía de la secesión catalana para efectuar una estimación de los efectos que una eventual independencia de Cataluña con respecto a España podría producir para dicha región. La economía de la secesión ya la he estudiado para el caso del País Vasco, por lo que me ceñiré ahora a las pautas metodológicas que se establecieron en ese trabajo. Y, de entre todos los temas posibles, he escogido para este texto el de los efectos de la independencia sobre el comercio exterior catalán.
Uno de los aspectos en los que los nacionalistas insisten cuando plantean sus proyectos secesionistas es el de la estabilidad institucional de las relaciones económicas, como si la cuestión de la independencia fuera sólo un asunto político carente de conexión con la economía. Ello se traduce en la idea de permanencia dentro de la Unión Europea, de manera que, en lo que atañe a las relaciones comerciales, no habría ningún cambio institucional con la secesión. Más en concreto, en el referéndum recién celebrado la pregunta planteada contiene esa premisa sin ningún eufemismo, tal como se desprende de su texto: «¿Quiere que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».
Sin embrago, esa estabilidad institucional no es obvia debido a que:
  • En primer lugar, la Unión Europea la forman Estados de manera que las regiones que forman parte de éstos se integran en el espacio europeo a través de ellos.
  • Los tratados constitutivos de la Unión Europea no han previsto en ningún caso la posibilidad de la secesión de algún territorio, por lo que, de producirse ésta, la región que formara un nuevo Estado quedaría fuera de la Unión. El precedente establecido por Argelia —que formaba parte de Francia como un Departamento más cuando, en 1962, accedió a la independencia— lo señala con total nitidez; y así lo han declarado expresamente en el Parlamento Europeo tanto la Comisión como su Presidente.
  • En consecuencia, la secesión de un territorio y la formación de un nuevo Estado implicaría para éste, si quisiera formar parte de la Unión Europea, la necesidad de proceder a la negociación de su adhesión. Tal negociación, en el caso más favorable —es decir, en el caso de que no hubiera ningún veto por parte de los Estados miembros de la Unión— requeriría un plazo no inferior a cinco años. Si además se planteara la entrada en la Unión Monetaria Europea —cuyos requisitos en cuanto a la estabilidad monetaria, el equilibrio de las cuentas públicas, la ausencia de devaluaciones y el mantenimiento de bajas tasas de inflación, establecidos en el Tratado de Maastricht, son muy estrictos— ese plazo podría fácilmente duplicarse.
En resumen, al menos durante una década el Estado independiente de Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Y, en tal circunstancia, quedaría establecida una frontera económica, además de política, entre esa región y España, así como con respecto a los demás países de la Unión Europea. Y las fronteras económicas implican costes para las transacciones comerciales. Unos costes que afectan a la competitividad de las exportaciones y, por tanto, al nivel de éstas, lo que, a su vez se refleja en el Producto Interior Bruto (PIB).

Veamos esos costes no sin antes aclarar algunas de las cifras fundamentales de la economía catalana y sus relaciones comerciales exteriores:
  • El PIB de Cataluña en 2008, según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), fue de 216.923 millones de €.
  • Cataluña exportó al resto de España 84.682 millones de € e importó 62.908 millones de € —cifras éstas que no proporciona el IDESCAT y que he estimado a partir de la Tabla input output de Cataluña correspondiente a 2001, proyectando las cifras hasta 2008 con la restricción de que el saldo correspondiente fuera el mismo que figura en la Contabilidad Regional publicada por dicho organismo—. El saldo es, por tanto, positivo e igual a 21.774 millones de €.
  • Las exportaciones catalanas al resto del mundo fueron de 65.368 millones de € —de los que 35.911 correspondieron a los países de la Unión Europea— y las importaciones de 80.438 millones de € —correspondiendo 45.168 a la UE—, con lo que el saldo de estas operaciones fue negativo por un valor de –15.070 millones de €.
  • Por consiguiente, el saldo comercial externo de la economía catalana —es decir, la suma de los saldos con el resto de España y con el resto del mundo— fue positivo por un valor de 6.704 millones de €.

Pues bien, a partir de estas cifras se puede hacer un ejercicio de simulación acerca de lo que ocurriría en Cataluña si, como fruto de la independencia, aparece una frontera económica con España y la Unión Europea. Los supuestos de los que parte ese ejercicio son los siguientes:
  • La frontera económica se traduce en la aplicación a las exportaciones catalanas a España y los demás países de la Unión de un arancel equivalente a la actual protección media de la economía española con respecto a las importaciones procedentes del territorio exterior a la UE. Esa protección fue, en 2008, del 1,07 %.
  • Asimismo, la frontera implica la aparición de unos costes de transacción derivados de los trámites aduaneros, inspección de mercancías, tramitación de licencias, riesgo del tipo de cambio —dado que Cataluña estaría fuera del área del euro y su moneda dejaría de ser la divisa europea— y otros elementos habituales en las operaciones exteriores, equivalentes al 13 % ad valorem, cifra ésta que ha sido estimada por la OCDE para los países desarrollados.
  • La elasticidad–precio —es decir, la relación entre la variación de las cantidades comerciadas y la variación en los precios de las mercancías y servicios— de las exportaciones e importaciones catalanas es la misma que el Banco de España ha estimado para las españolas. O sea, –1,3 en el caso de la exportación y –0,6 en el de la importación.
  • El efecto frontera —concepto éste que alude a la intensidad de las relaciones comerciales de una región con todas las demás de España por comparación con cualquier otro país del mundo en condiciones de equivalencia de tamaño de las respectivas economías y distancia en kilómetros— se reduciría a la mitad, tal y como ocurrió en los casos de las viejas repúblicas soviéticas cuando se disolvió la URSS o en las repúblicas balcánicas cuando se deshizo Yugoslavia tras la muerte del mariscal Tito. Es decir, si actualmente Cataluña comercia con las demás regiones de España con una intensidad que es 22 veces mayor que con cualquier otro país del mundo a igualdad de tamaño y distancia, esa intensidad pasaría a ser de sólo 11 veces. Ello es equivalente a una reducción de la protección de esas relaciones internas a España con respecto a las exteriores desde el 53 % ad valorem hasta el 27 %. O lo que es lo mismo, la reducción del efecto frontera sería equivalente a la imposición de un arancel entre la Cataluña independiente y España del 26 % ad valorem.
  • Finalmente, como es habitual se parte del supuesto de reciprocidad, de manera que el Gobierno de Cataluña respondería a la aparición de la frontera económica imponiendo a las importaciones procedentes de España y los países de la UE un arancel igual al vigente en estas naciones.

Pues bien, con estos supuestos y haciendo las operaciones pertinentes cuyo detalle le ahorro al lector, se llega a los siguientes resultados en la simulación:
  • Las exportaciones de Cataluña hacia España, como derivación de la reducción del efecto frontera, la protección arancelaria y los costes de transacción, experimentarán un aumento de precios del 40,07 %. Y, como consecuencia de tal aumento de precios su volumen acabará reduciéndose en 44.112 millones de €, trasladándose esta caída a la producción, de manera que el PIB se minorará en un 20,3 %.
  • Las exportaciones catalanas hacia los demás países de la Unión Europea, en virtud del arancel y los costes de transacción, se encarecerán en un 14,07 %, con lo que también acabarán reduciéndose hasta una cifra de 6.568 millones de €. La traslación de este efecto negativo al PIB será equivalente al 3,1 % de su nivel actual.
  • Por tanto, el PIB de Cataluña experimentará con la independencia una caída de 50.580 millones de € o, lo que es lo mismo, del 23,4 %. En términos por habitante, la Cataluña independiente registrará una reducción desde los 29.457 € per capita actuales a sólo 22.575 €. O sea, de ser una región más rica que la media española —que es de 24.020 € por habitante— pasará a ser una nación más pobre que esa media. O también se puede decir que los catalanes, salvo que una buena parte de ellos abandonen su nación, se empobrecerán hasta llegar a un nivel equivalente al que actualmente gozan los ciudadanos de Ceuta.
  • Si aplicamos los supuestos antes señalados a las importaciones de Cataluña se llega al resultado de una reducción de las procedentes de España de 15.124 millones de €; y de las originarias de los otros países de la UE, de 3.183 millones de €. O sea, esas importaciones se verán disminuidas en una cifra equivalente al 8,8 % del PIB actual de la región.
  • Y trasladadas todas esta cifras al cálculo de los saldos exteriores, se llega a este resultado: por una parte, el saldo con España pasará a ser deficitario por un valor de –7.124 millones de € —recuérdese que actualmente hay un superávit tres veces superior a esa cifra—; y, por otra, el saldo negativo con el resto del mundo aumentará su tamaño hasta alcanzar una cifra de –18.455 millones de €. En conjunto, el déficit exterior de la Cataluña independiente alcanzará los –25.669 millones de €, una cifra ésta que será equivalente al 15,4 % del PIB de la nación catalana.

En otras palabras, la Cataluña independiente será la nación más deficitaria del mundo. Claro que, para llegar a ese déficit tendrá que encontrar a algún país que se lo financie, lo que, dado lo abultado de la cifra, seguramente será imposible. Y entonces, una crisis aún más profunda que la que las cifras anteriores describen se cernirá sobre la economía catalana empobreciendo aún más a sus habitantes. Serán éstos los que, en esa situación, descubrirán que el negocio que les propusieron los nacionalistas con su referéndum no era el de la felicidad sin límite, sino el de una espiral de pobreza, y que, por tanto, no merecía la pena.
Este es el mensaje que, desde la economía de la secesión, puede transmitirse a los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, soy consciente de que un mensaje así nadie quiere recibirlo y que, como señaló Gabriel García Márquez en un pasaje de sus memorias alusivo al declive de Aracataca, «o nadie lo creía o nadie se atrevió a pensar en sus estragos». Fue el mismo García Márquez el que describió esos estragos señalando que la decadencia se llevó todo: «El dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el tiempo de las tres de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Sólo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de cinc oxidado con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos».

La burricie de la Memoria Histórica contada por Santiago González.

Soldiers Without Frontiers


Contaba ayer el diario LA RAZÓN que el subdirector general de Patrimonio Histórico Artístico de Defensa, Álvaro Martínez-Novillo, ordenó al Museo del Ejército de Toledo que quitara las referencias a Franco de los textos que acompañan las exposiciones, citando especialmente el desembarco de Alhucemas. Escribe nuestro héroe:
«El art. 15.1 de la Ley 52/2007 –conocida como de la Memoria Histórica– es muy terminante en cuanto a las “menciones conmemorativas, de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Represión de la Dictadura” (...) no se pueden ni deben citar en textos murales como ejemplo a soldados que, por las razones que fueran, vulneraron el ordenamiento constitucional vigente en su momento. Por ello, si se quiere citar el desembarco de Alhucemas, se citará sin referencia expresa al dictador. Y esto no es censura, sino respeto y acatamiento al marco legal vigente mientras no se demuestre lo contrario».
La aplicación de la Ley de Memoria histórica había proporcionado lances chuscos. En octubre de 2007, la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Cáceres quitó el nombre "Héroes de Baler" a una calle de la ciudad, por franquista. los héroes de Baler fueron los últimos de Filipinas, que en 1899 defendieron una iglesia durante once meses, sin saber que había terminado la guerra (de Filipinas). La cosa en esta ocasión ha subido de grado, porque es un alto cargo de Carme Chacón el autor de la burricie.
El desembarco de Alhucemas, la primera operación militar de su género en la historia, tuvo lugar el 8 de septiembre de 1925, cuando el futuro dictador era todavía coronel. Su papel en este lance le valió el generalato cuando faltaban once años para que encabezara la insurrección militar contra la Segunda República que se convirtió en la Guerra Civil Española y dio paso a la dictadura encarnada en él.
¿Qué tiene que ver su papel en Alhucemas con la memoria histórica? Es más, centrémonos en la sublevación militar y la guerra civil, objeto de la ley. ¿Debe eliminarse del Museo del Ejército toda referencia al dictador, al Dragón Rapide, a la Junta de Burgos, se debe tratar la guerra civil con el tratamiento del olvido?
Se trata de que la guerra civil termine de una vez como es debido, con un parte de guerra ajustado a lo que debió pasar:

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército faccioso, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos civiles. La guerra ha terminado. El presidente: Manuel Azaña Díaz, Valencia, 1 de abril de 1939.”
"Todo nacionalista* acaricia la idea de que se puede cambiar el pasado", escribió Orwell en "Notas sobre el nacionalismo". Antes de existir este blog, su titular escribió en 'Diario de Navarra' que el objeto de la Memoria histórica era ganar la guerra civil con efecto retroactivo y que el oxímoron 'memoria histórica' es como llaman al Alzheimer.

* Orwell define como nacionalismo el hábito de suponer que los seres humanos pueden ser clasificados y etiquetados como buenos y malos, el hábito de identid¡ficarse con una única nación o cualquier otra entidad. En definitiva, lo que subsume al yo dentro del nosotros.
 

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Totalitarismo. Comunistas contra el diccionario, por José García Domínguez

Según célebre sentencia de Chesterton, el periodismo consiste básicamente en decir "Lord Jones ha muerto" a gente que no sabía que Lord Jones estuviera vivo. Y algo de eso hay. Sin ir más lejos, gracias a que la Academia se ha propuesto bautizar totalitario al comunismo con sólo ciento cincuenta años de retraso, uno acaba de descubrir que aún existe el PCE. Y es que un tal Ginés Fernández, que dice ser su secretario general, ha montado en cólera al saber del asunto.
Postula ese Ginés, un tipo que debe confundir la Komintern con la Unicef, que el comunismo tendría que ser catalogado "como una propuesta que lucha por la libertad, la igualdad y la democracia". Bendito Ginés, si Lenin llega a ser testigo de semejante claudicación retórica ante el enemigo de clase, lo hubiera corrido a gorrazos. Por exabruptos mucho más leves que ése, Stalin envió al Gulag a decenas de revisionistas de su misma ralea. El propio Marx, sin duda, habría escupido a su paso con desprecio.
Pero Ginés no puede evitarlo, también él, pese a sí mismo, es hijo de su tiempo, el reino del pensamiento débil, las cosmovisiones eclécticas y el radicalismo flácido. De ahí que salte airado cuando se le llama totalitario, imputación que nunca habría ofendido a un verdadero comunista, de los de antes. Al cabo, los feligreses de la última gran religión que alumbró la Humanidad abrazaron aquella fe precisamente porque era totalitaria, no a pesar de ello.
Quien alguna vez viviera la mística revolucionaria sabe cuánta sed de catecismo, de Verdad revelada, de explicaciones únicas e indiscutibles, cuánta nostalgia de Dios había tras todo aquel materialismo aparente. Por lo demás, les había sido legada la clave que descifra las leyes que gobiernan la Historia, ¿para qué, entonces, la democracia? ¿Para que unos cuantos alienados trataran de oponerse a lo que por fuerza había de acontecer?
Desde Isaiah Berlin conocemos que en el zoo de las ideas conviven dos especies: los erizos y las zorras. Frente a las pétreas certezas del erizo, la zorra asume la inmensa, inabarcable complejidad del universo. Así, detrás de todas las utopías que en el mundo han sido siempre hubo algún erizo, un creador de esos grandes sistemas que liberan de pensar. Por eso, cada erizo esconde un fanático; y cada zorra, un escéptico. ¿Pero cómo hacérselo entender al pobre Ginés?
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El fino estilete del mejor polemista Pío Moa se hunde en la imaginativa prensa argentina



 España y Argentina: Periodistas e historiadores de izquierda, Pío Moa, LD




Me hacen llegar, por aviso de Horacio Vázquez-Rial, un reportaje de la revista del diario Clarín de Buenos Aires sobre la "memoria histórica", en una sucesión de frases que no tienen desperdicio, y analizar todas las cuales llevaría demasiado espacio. Incluye una entrevista con "un historiador que investigó las apropiaciones de niños bajo el franquismo, dramático antecedente de lo ocurrido en Argentina". Sigue: "El silencio auspiciado como garantía de reconciliación, tras casi 40 años de franquismo, parece haber quedado definitivamente atrás", y se refiere a películas, novelas y libros diversos que vienen apareciendo aquí y allá referidos a la guerra civil o al franquismo; y habla de un "pacto de olvido" para cimentar la democracia. Se refiere a mí como "un periodista, ex miembro de los GRAPO (...) que abjuró de la izquierda y se pasó a los contrarios con fervor de converso". Según "investigadores tan prestigiosos como Javier Tusell, Ricard Vinyes, Santos Juliá y Nigel Townson" [la selección de nombres no es, desde luego muy buena], yo "no habría pisado un archivo en mi vida", ni "contrastado con documentos" lo que afirmo, haciendo "ensayismo neofranquista más que historia".
Stanley Payne también es citado en mi apoyo, pero él y yo habríamos sido rebatidos en El mundo por diez historiadores que denunciaron que "los vencedores dispusieron durante 40 años de todos los medios para construir una versión de la guerra civil, con censura", mientras que los vencidos "jamás tuvieron una sola versión". Insiste mucho en la "política de amnesia", sobre la que no cesa de repetir tópicos. O suelta que "toda familia española tiene cicatrices de la guerra civil", o que "incluso los más jóvenes escuchan de sus abuelos historias de trincheras" a la que atribuye "medio millón de muertos" y cita como autoridad a Preston "que habla de un holocausto español". La "Ley de memoria histórica (...) es la prueba definitiva que debe dar España para convertirse plenamente en lo que siempre quiso ser: Europa".
La periodista, evidentemente, no sabe de qué habla, cosa por lo demás muy común en el periodismo degradado (periodismo basura suele llamársele) hoy mayoritariamente cultivado en Europa y América. Por eso es tan importante la crítica a este tipo de manipulación, pues sirve para aclarar las cosas por lo menos a alguna gente. Señalaré aquí algunos errores de actitud y de hecho en el reportaje. Para empezar, un periodista medianamente serio tiene que preguntarse cómo es que durante casi setenta años a nadie se le había ocurrido lo de la "apropiación de niños" por el franquismo, ni siquiera bastantes años después de que tal cosa ocurriera en Argentina. Evidentemente, a alguien se le encendió una luz tardía al respecto: "¿por qué no acusar al franquismo de apropiaciones como las de Argentina? El asunto es muy emocional, y la gente traga con todo, si se orquesta el asunto debidamente". Pues la "memoria histórica" tiene también su importante faceta de negocio: mucha gente vive hoy de ella, generosamente subvencionada, y por otra parte no hay como ofrecer "compensaciones" crematísticas para que mucha gente recuerde todo lo que haga falta. Esta obviedad escapa, sorprendentemente, a la perspicacia de la reportera.
Un periodista con un mínimo de honestidad profesional tampoco puede referirse a mí, hablando de estos temas, como "ex miembro de los GRAPO, y que se pasó a los contrarios con el fervor del converso". Esto no tiene nada que ver con el asunto, pero si la reportera cree que este tipo de datos arroja alguna luz, tendría que hacer lo mismo con los demás. Así, por ejemplo, debiera haber señalado que Javier Tusell fue funcionario del franquismo, en cuya universidad hizo una buena carrera sin que el régimen se sintiera nunca molesto con él, y que ya muy, muy tardíamente entró en esa clase de oposición suavísima a la que no importaba pactar con el partido de Sabino Arana, o entrar en "diálogos" con los comunistas, siempre modelos de democracia. O que Santos Juliá fue sacerdote franquista. O que algún otro fue comunista hasta muchos años después de la transición, etc. Y de todos ellos podría decir que han cambiado "con el fervor del converso", ¿por qué no? Por cierto, que esa aparente aversión a los conversos suena muy inquisitorial, quizá por ello sólo lo aplique nuestra honesta periodista cuando cree que le conviene. Podría señalar ella además, y este sí es un detalle significativo intelectualmente, que casi ninguno de esos historiadores, intelectuales y políticos ha explicado sus cambios y conversiones, mientras que yo sí lo he hecho muy por extenso.
En cuanto a los errores de hecho, he aquí algunos:
  1. Nunca hubo un pacto de amnesia, de silencio o de olvido sobre la guerra civil. Desde muy pronto en la misma transición, se publicaron cientos o miles de libros, artículos, además de películas y novelas, falsificando el pasado en su mayoría. A ellos respondieron cumplidamente historiadores como los hermanos Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva y otros, pero, aunque claramente rebatidas las falsedades en muchos aspectos esenciales, las izquierdas persistieron en su al parecer invencible afición a la mentira. Y desde la llegada de Rodríguez al poder, después de la no aclarada matanza del 11-M, la oleada de distorsiones ha alcanzado nuevos niveles.
  2. Cualquier que haya simplemente hojeado mi trilogía sobre la república y la guerra civil y otros libros relacionados, se da cuenta de que he visitado muchos archivos (que al parecer nunca han visto mis contradictores). Está claro que la periodista no se ha molestado en echar esa mínima ojeada a mis libros, ni se ha dado cuenta, por tanto, de que sus "prestigiosos" historiadores mienten en esto, como en tantas otras cosas.
  3. Nunca hemos sido rebatidos por diez ni por cien historiadores ni Stanley Payne ni yo, a no ser que por "rebatir" se entienda mentir como acabamos de ver, descalificar, insultar o negar el derecho de réplica.
  4. Siempre he procurado que mis libros tengan que ver con la verdad, y no con cualquier ideología. Pero para esos historiadores la verdad simplemente carece de interés, de ahí que lo primero que se les ocurre es llamar "franquista" a quien no les gusta; vieja táctica comunista, por cierto.
  5. No es cierto que "los vencedores" hubieran estado 40 años imponiendo su versión de los hechos. Ya antes de la muerte de Franco circulaban profusa y legalmente en la universidad y en las librerías las interpretaciones stalinistas de Tuñón de Lara y otras por el estilo. Sí es verdad que entre los vencidos no hay una sola interpretación de la guerra: entre ellos mismos se tratan abundantemente de asesinos, ladrones y otras lindezas.
  6. No todas las familias españolas tienen cicatrices de la guerra civil, ni los abuelos cuentan historias de trincheras ni nada por el estilo. La periodista nos está informando de cosas de otro mundo. Tampoco murió medio millón de personas sino algo menos de 300.000 entre los frentes y la represión de retaguardia, pues fue una guerra de intensidad media-baja comparada con otras del siglo XX (sólo en Leningrado murieron alrededor del triple de personas en un período de tiempo comparable, y en la guerra civil de USA en el siglo XIX murieron más del doble para una población poco mayor). Por tanto, la mayoría de las familias no tuvieron ningún muerto ni cicatrices de ese tipo (aunque muchas familias tuvieron varios muertos).
  7. España nunca quiso ser Europa, salvo durante la Reconquista. Ha estado en Europa y dentro de la cultura europea, con mayor o menor nivel, toda su historia desde Covadonga. Pretender que la "prueba" de nuestra "entrada" en Europa sería una "ley de memoria histórica" que, entre otras muchas cosas, coloca a las víctimas inocentes al nivel de los asesinos y ladrones de las chekas, indica una capacidad de valoración ética e histórica realmente peculiar. Pero eso es lo que hay en la nuestra desdichada izquierda y, por lo que se ve, también en la argentina.

martes, 15 de diciembre de 2009

De victoria en victoria, por Juan Carlos Girauta, El Semanal Digital

Hasta un independentista reconocido como López Tena ha denunciado los chanchullos de la consulta soberanista, manipulada por intereses personales más que políticos.


La máxima responsable del simulacro de referéndum celebrado el pasado domingo en 167 municipios catalanes se había marcado un objetivo: el 40 % de participación. El portavoz de la llamada "coordinadora nacional" de las consultas rebajó algo el porcentaje: consideró que se podría hablar de éxito si se lograba que participaran más de la tercera parte de las 700.000 personas convocadas. En centenares de "mesas electorales", y bajo la atenta mirada de "observadores internacionales", se dejó votar a inmigrantes y a mayores de dieciséis años. Terminado el "plebiscito", los impulsores se desdijeron de lo afirmado días u horas antes: hoy consideran un gran éxito que participara el 27 % de los convocados.

Dejando aparte la repercusión propagandística, éste es el triunfo del independentismo catalán, en sus propios términos: lo apoya un 94 % del 27 % de los residentes mayores de dieciséis años de 167 municipios de mayoría nacionalista. Ser independentista no debería estar reñido con la capacidad de autocrítica. Por eso el único que ha cumplido sus objetivos, el ex vocal del Consejo General de Poder Judicial Alfons López Tena, coordinador de la consulta en la comarca del Osona (cuya capital, Vic, es la única que presenta una participación por encima del 40 %) ha denunciado la falta de rigor de la "coordinadora nacional", su mala organización y su "sectarismo", por haber tomado partido por el "sí" en vez de limitarse a fomentar la participación, añadiendo que "no podemos tirar adelante un proceso democrático y participativo sobre la base de la falsedad y de la confusión".

Los organizadores que más se han enseñado en los medios son el alcalde de Arenys de Munt Carles Móra (quien acaba de anunciar que instará un imposible referéndum vinculante para el próximo 25 de abril) y Uriel Bertrán, cabeza de una corriente crítica con la dirección de ERC. Tras el falso referéndum, han reconocido que se disponen a formar un nuevo partido político. López Tena los ha acusado de trabajar en su propio interés.

El independentismo, apoyado aproximadamente por el 20 % de los catalanes en todos los sondeos oficiales que organiza la Generalitat desde hace años, tendrá así otras siglas a las que votar. Siglas que se suman a la ya abiertamente "soberanista" CDC fundada por Jordi Pujol, a la tradicional ERC, que pierde su vieja hegemonía separatista, y a la formación Reagrupament de Joan Carretero, cuya entrada en el Parlament tras las próximas elecciones catalanas se da por segura. Todo ello sin contar las pequeñas formaciones sin posibilidad de representación parlamentaria, ni un eventual partido de Joan Laporta. Es decir, el 20 % independentista se está fragmentando a ojos vista. Otro triunfo colosal, supongo. De victoria en victoria hasta la derrota final. 


El Semanal Digital

lunes, 14 de diciembre de 2009

Consulta. La resaca del Butifarrendum, por José García Domínguez, en LD

Prueba de que Cataluña constituye el último baluarte de la España cejijunta es que, fiel a la muy canónica tradición de la barbarie peninsular, ha condenado al exilio a otro de sus –muy contados– talentos, Albert Boadella. Ya se lo advirtió Pla, que conocía al ganado local mejor que nadie: "Vigile, Boadella, sobre todo vigile mucho, que Cataluña es un país de cobardes". Pero él desoyó el consejo del maestro al violar la constitución no escrita que rige la vida civil en este páramo. Ésa cuyo artículo primero reza: "A los apóstatas que abjurasen de la santa religión identitaria se les respetarán honor, empleo y hacienda siempre y cuando permanezcan mudos con expresa renuncia a ejercer la condición jurídica de ciudadano".
De ahí que haya sido en el destierro donde acaba de concebir una asociación cívica que bien pudiera llamarse "Que se larguen de una puta vez". Iniciativa loable, sobre todo por el cargante soniquete perdonavidas que subyace tras charlotadas como ésa del Butifarrendum secesionista. Y es que a muchos agnósticos locales nos resulta indiferente que Cataluña se declare república de Ikea, cantón, confederación de masías o sultanato islamista. Consumada de facto la secesión sentimental de España, la letra pequeña de la ruptura material nos trae sin cuidado.
No obstante, el problema nunca lo ha representado el independentismo, sino el catalanismo. Y ello por una razón simple, a saber, la genuina esencia de esa religión civil no es política –construir un estadito nacional–, sino metafísica: recuperar la pureza primigenia de una identidad tribal contaminada por el estigma español. Razón última de su obsesivo cerco a los no creyentes en tantas parcelas de la vida cotidiana. A esos efectos paranoicos, resulta accesoria la división entre independentistas, confederales, soberanistas, federalistas o simples regionalistas, si los hubiera.
Igual da porque el catalanismo que a todos impregna no es un argumento político, sino una forma de argumentar políticamente: la que se presenta a sí misma como si fuese una realidad objetiva de la Naturaleza, una verdad tan indiscutible e inobjetable como la montaña del Tibidabo o el teorema de Arquímedes. Ese cerril dogma hegemónico, y no la minoría independentista, es quien ha condenado al ostracismo tanto a los catalanes que viven en el exilio exterior como en el interior. Lo otro, que se marchen o no, ¿a quién le importa?