Blogoteca: noviembre 2008

domingo, 30 de noviembre de 2008

Al borde de un ataque de nervios. Ignacio de la Rica, Expansión

Zapatero es un caso perdido. Siento ponerme tan radical, pero no le veo remedio. Nos va a traer la ruina. Ya no se puede decir que no hace nada; al revés, ahora hay que pedirle por favor que no haga nada más.
Sé que parece una locura, sé que suena a catastrófico, sé lo que significa de parón y de gasto, pero lo único que ya me parece sensato es pedir elecciones; tener la posibilidad de elegir a una persona que sepa, quiera y tenga el mandato de enfrentarse a esta crisis. Con Zapatero no salimos de este agujero ni con cien planes ni con mil medidas.
Zapatero es hoy como un niño a punto de un estallido de histeria. Estaba entretenido con un gran castillo de arena que le habían construido sus mayores; pero ha venido una ola y se lo ha llevado entero. Su cara lo dice todo: se debate entre romper a reír o ponerse a llorar. Está más que desconcertado. Está al borde de un ataque de nervios.
Zapatero tiene dos problemas sin solución. Uno es personal y otro es político. El personal es que no es capaz de analizar correctamente ninguna realidad porque padece del síndrome del optimismo natural desorbitado. Hace unos días, le escuché en directo –en la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo del El Mundo– mostrarse plenamente satisfecho con el nivel alcanzado por la democracia española.
Tan orgulloso está con nuestro torpe, anquilosado y endogámico sistema político que lo equiparó con el americano, ese mismo que acaba de demostrar que es capaz de crear en menos de quince meses un líder que une a todo un país frente a la crisis. Su optimismo no le dejó ver como a los doscientos presentes se nos ponían los pelos de punta, pero es que los optimistas patológicos lo saben todo, no necesitan mirar ni escuchar.
Ese mismo optimismo le impide atisbar la profundidad de la crisis económica; no le deja aceptar que esta situación tiene causas que revelan nuestras vergüenzas y que requiere un esfuerzo descomunal y doloroso para todos, también para los más desfavorecidos.
Su optimismo no le deja entender que no tiene –porque no existe– una fórmula mágica para sacar indemnes de esta crisis a las personas que a él –y a todos– nos gustaría que se libraran del daño. No comprende que no se trata de dejarse los pulmones inflando un globo pinchado sino de parchear los agujeros y, por encima de todo, cambiar de globo.
Siempre dudo si su optimismo proviene de un idealismo cósmico inasequible al desaliento o es una manifestación más del mismo resentimiento enquistado que tiene con esa media España a la que descalifica como conservadora. Pero estando donde estamos, ya da igual: el problema es su enfermizo optimismo, no la causa. Y lo peor es que ese optimismo nunca le dejará ver la imposibilidad metafísica de que una persona como él pueda liderar una pelea como esta.
El segundo problema es político. Zapatero no tiene, no se ha ganado, la autoridad para ser el presidente que haga frente a la crisis. Ganó las elecciones con la bandera de la “no crisis”. Nunca me atrevo a interpretar las razones de ningún votante, pero es evidente que él negó la crisis hasta mucho después de ganar las elecciones. Nadie que le creyera pudo votarle para que gestionara la crisis. No era una opción pues con él no había crisis.
Pero además a lo largo de su presidencia ha perdido cualquier posibilidad de liderar este esfuerzo colectivo. Nunca ha pretendido ser el presidente de todos los españoles. Al contrario, siempre ha dado la impresión de disfrutar pisoteando conceptos y sentimientos sagrados para muchos españoles, ya fuera aprobando leyes para hurgar en recuerdos históricos que esa gente pretende olvidar, ya fuera cuando se empecinó en llamar matrimonio a la unión de dos homosexuales o dispuso revisar la ley del aborto sin más necesidad que distraer la atención política.
Sin autoridad ni liderazgo, si España fuera una democracia sana, Zapatero daría por cerrada esta legislatura mal parida y daría la oportunidad a los españoles de elegir a quien crean más adecuado para liderar la lucha contra la crisis. Y cuanto antes, menos daño causará.
Las cuentas del Gran Capitán
Mientras tanto lo que hay es otro plan anticrisis que se incorporará a los presupuestos del 2009. Siempre me ha intrigado cómo esta gente hacen sus estimaciones y sus cuentas y siempre me ha sorprendido que se acepten sin rechistar. Según el plan, 8.000 millones de euros invertidos en mejorar emplazamientos municipales crearán 200.000 empleos, que, comparados con los que se están perdiendo, no son gran cosa. Aún así, me encantaría saber cómo concluyen que serán 200.000 y no el doble o la mitad.
Pero si queremos avanzar no tenemos más remedio que dar por buena la cifra estimada. Así, cada uno de estos empleos requiere 40.000 euros pero, por otro lado, el plan destina 3.000 millones a cuestiones diversas que asegura que crearán 100.000 empleos. Éstos salen a 30.000 euros cada uno. La pregunta es obvia: ¿por qué no dedicar los 11.000 millones a esas cuestiones diversas que crean un empleo con 10.000 euros menos que las obras municipales nuevas? Al mismo precio, se conseguirían 66.667 empleos más.
Supongo yo que el Gobierno pretende con este plan matar dos o tres pájaros de un tiro. Por un lado, aprovecha compromisos presupuestarios previos con la administración local y aunque ni siquiera intenta arreglar la precaria situación financiera de muchos municipios, insuflando dinero por esta vía pretende crear una ilusión de sanidad financiera municipal.
Pero los datos son los que son: el 31 de diciembre de 2007 las corporaciones locales debían 44.793 millones de euros, de los que 18.066 millones eran deuda con proveedores (cifras del Banco de España). Meter ahora 8.000 millones para contratar “obra de nueva planificación y ejecución inmediata” no deja de ser un sarcasmo para los acreedores eternos de los ayuntamientos.
Sería oportuno que alguien calculara –aunque sea con la misma frivolidad– las empresas que quiebran y los empleos que se pierden por la mala costumbre municipal de pagar muy tarde y muy mal a sus proveedores.
La decisión del Gobierno es que 8,3 de cada 10 euros del nuevo plan se destinan a nueva obra pública municipal. Hagamos como hacen los profesores en la Universidad. Supongamos que los 8,3 euros no van a tapar los profundos agujeros presentes; supongamos que no acabarán en las cloacas de los partidos políticos; supongamos que no se convertirán en blindaje de ‘audis’, ni se zamparán en mariscadas “por razones de trabajo” ni se soplarán en fiestas particulares de concejales corruptos; supongamos que serán repartidos con criterios objetivos sin ánimo de facilitar la vida a los alcaldes socialistas; supongamos que se destinan a inversiones nuevas e inmediatas; supongamos que los ayuntamientos pagan en plazos razonables; y supongamos que crean, mientras duran las obras, los numerosos empleos temporales que el plan se propone crear. Suponemos todo eso, y después qué queda.
Quedarán unos equipamientos municipales renovados que, seguramente, no podrán mantenerse en condiciones porque la empresa que lo hacía habrá quebrado por no cobrar. Después también habremos gastado 8.000 millones de euros en prender un gran fósforo con la mecha mojada y habremos aumentado nuestro déficit público en 8.000 millones de euros que -no conviene olvidar- habrá que pagar. Una tarde en el Congreso que nos costará casi el 1 por ciento del PIB.
Amplitud de miras
Al mismo tiempo que Zapatero nos presenta este bodrio municipal, lo que se discute en Europa es cómo utilizar la política fiscal para reactivar la economía. Echada al mar la llave de la política monetaria, a los gobiernos les queda manejar los ingresos y los gastos públicos para controlar la cantidad de dinero en manos de particulares y empresas. O sea, la política fiscal. Y, sobre todo, les queda la capacidad normativa para fijar los grandes objetivos estratégicos y configurar estructuras y mercados en los que la competencia saque el máximo provecho de los recursos disponibles.
Los ingleses han optando por bajar el IVA para incentivar el consumo, dejar que los particulares tengan más dinero para gastar. Pero en el continente son escépticos porque piensan que, en este momento, un euro extra en manos de cualquier particular se destinará a reducir deuda o a ahorrar, comportamientos ambos muy racionales pero que no reactivan la economía. Según esta opinión, no es el momento de bajar los impuestos. Bastante ha descendido la recaudación con la caída de la actividad.
En política fiscal queda aumentar el gasto público, pero hay que hacerlo también de manera racional, buscando encender mechas secas que provoquen la creación de empresas que siempre ha sido, es y será la manera más eficaz de crear empleo sostenido en el tiempo. No se trata de levantar autopistas de ocho carriles entre Soria y Palencia ni de que el Ayuntamiento de Madrid renueve otra vez las dependencias del Palacio de Comunicaciones.
Desde mi punto de vista es el momento de utilizar la política fiscal pero ampliando el horizonte temporal. Hay que entender que esta crisis no es “un mal de las vacas locas” que nos han contagiado desde América; sino un crack del modelo de crecimiento que requiere una revisión profunda de los cimientos, las estructuras y los mercados.
Hay que encender mechas secas que reactiven la economía pero con objetivos ambiciosos, que sustituyan al mercado inmobiliario y al turismo barato como motores del crecimiento económico. Además, estoy convencido de que actuando con visión a medio plazo resolveremos los problemas inmediatos.
La concreción de todo esto está encima de todas las mesas, pero no acabamos de tener una clase política que coja el toro por los cuernos. Por ejemplo, ni Gobierno ni Oposición tienen un plan para acabar con nuestra dependencia energética, que es posible y que crearía toda una nueva economía.
No debería preocuparnos quien se quede con Repsol porque deberíamos estar ya subidos a vehículos eléctricos, deberíamos estar tejiendo la “internet” eléctrica, esa inmensa red en la que cada casa familiar, cada comunidad de vecinos, cada oficina y cada farola se autoabastecen de energía y vuelcan en la red la que les sobra.
No tenemos petróleo, que produce una energía sucia que se agota, pero tenemos sol, viento, el mar y toneladas de basura. Tenemos las materias primas de las energías renovables y limpias. Este objetivo requiere mucho investigar, mucho invertir y mucho trabajo; pero con 11.000 millones de euros sobra para empezar.

viernes, 21 de noviembre de 2008

La Ley de Amnistía y la memoria histórica, de Álvaro Redondo Hermida en El Mundo

En octubre de 1977, las Cortes Constituyentes elegidas democráticamente el 15 de junio del mismo año decidieron adoptar una norma trascendental en la historia jurídica de España, la Ley de Amnistía. Unos meses más tarde, la Constitución aprobada por esas mismas Cortes asumió como objetivos garantizar la convivencia democrática y consolidar un Estado de Derecho. La legitimidad parlamentaria en que se apoya la Ley de Amnistía es por tanto la misma que apuntala la validez de nuestra Carta Magna.«Amnistía» es palabra de origen griego que significa «perdón». Es uno de los modos históricos de extinguir la responsabilidad penal de una persona en nuestro Derecho, responsabilidad derivada de los delitos de intencionalidad política que hubiera podido cometer. La amnistía fue suprimida en el nuevo código penal de 1995.
Esta forma de extinción se adelanta no sólo al enjuiciamiento, sino incluso a la apertura del procedimiento penal, con lo que se diferencia del indulto, que es el perdón de la pena por un delito ya sancionado. También se diferencia la amnistía de otro modo de extinguirse la responsabilidad penal, la prescripción, por cuanto ésta se fundamenta en la realidad social, la cual demuestra que el transcurso de excesivo tiempo convierte en inadecuada la sanción de los delitos. La prescripción no es un perdón, sino la renuncia por razones pragmáticas al ejercicio de la represión, la resignación del poder público ante la inoperatividad de la respuesta penal por causa del tiempo transcurrido.
Hay momentos en la historia de los pueblos en los que se inaugura una nueva época, suceso que los sociólogos llaman «cambio de paradigma», una renovación de estructuras políticas, sociales, culturales. En la España de 1977 se produjo una situación que, a criterio de las Cortes Constituyentes, aconsejó la adopción de una norma integradora. Esa norma, la Ley de Amnistía, se dictó, según su texto, para extinguir la responsabilidad penal por los delitos de intencionalidad política, cualquiera que hubiera sido su resultado, cometidos en España hasta el 15 de diciembre de 1976. La Ley amnistió además las infracciones administrativas, laborales y sindicales de intencionalidad política, y las sanciones impuestas a los trabajadores por razones políticas. Además reintegró en sus derechos a los funcionarios sancionados, con reconocimiento de su antigüedad. La Ley de Amnistía no implica en modo alguno el olvido de las víctimas de los delitos cometidos, las cuales tienen el más absoluto derecho a la reparación íntegra del inmenso daño sufrido y cuyo dolor y testimonio jamás pueden ser olvidados.
Nuestro comentario doctrinal está, no obstante, limitado a indagar la posición del Tribunal Supremo sobre la validez y alcance penales de dicha norma, posición que debe tener siempre en cuenta el intérprete, al ser dicho órgano judicial el más alto en todos los órdenes, y también, por tanto, faro orientador máximo en el ámbito penal. En la Sentencia de veinte de Enero de mil novecientos ochenta y seis, el Tribunal Supremo sostiene:
«…El propósito que alentó tan importante disposición (la Ley de Amnistía) fue el de culminar el proceso de medidas de gracia y olvido… (Dichas medidas estaban)…encaminadas a promover la pacificación de los espíritus, la reconciliación y la concordia…»
Gracia y reconciliación. En la doctrina del Tribunal Supremo, los Constituyentes actuaron desde la prudencia, para obtener la reconciliación y concordia, para obtener la paz. La Ley de Amnistía fue pues, en la doctrina del más alto Tribunal de España, una medida parlamentaria destinada a extinguir la posible responsabilidad penal de cuantos hubieran cometido delitos con intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado, norma adoptada en aras de la reconciliación y la concordia de los españoles. Una ley de esas características no es extraña a un sistema jurídico como el español, basado en una ética humanista, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de veintiséis de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.
No obstante la claridad del texto comentado, podemos preguntarnos si la Ley se adoptó también para extinguir la posible responsabilidad por delitos muy graves, con resultado de muerte. En este sentido, la doctrina de nuestra Corte tampoco es equívoca. En la Sentencia de treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta, el Tribunal Supremo sostiene:
«…(La Ley de Amnistía) abarca, como dignos de gracia, toda clase de delitos políticos, puros o complejos, objetivos o subjetivos, de intención política inmediata, próxima o remota, inspirados en nobles ideales o en otros menos comprensibles para la generalidad, pacíficos o de violencia inaudita, e incluso los conexos a todos los mencionados…» Un perdón de tan vasto alcance, representativo de una renuncia tan inmensa, sólo puede entenderse en relación con un objetivo asimismo muy grande: el de sentar las bases de una convivencia en paz y para siempre. Con gran rigor expresa dicha idea el Decreto Foral de Navarra de dieciséis de Octubre de dos mil, cuando afirma:
«…El régimen de libertades que en Navarra y en el conjunto de España disfrutamos constituye un logro histórico, alcanzado por la decisión firme y conjunta de los ciudadanos, que ha hecho olvidar las diferencias y conflictos de tiempos pasados, propugnando la concordia y la convivencia a través de la democracia y del Estado de Derecho…»
Nuestro Tribunal Supremo coincide plenamente con la posición del Parlamento navarro, al afirmar en su reciente Sentencia de dieciocho de Mayo de dos mil seis (Sala Tercera):
«…El principio fundamental que ha presidido todo el proceso de nuestra transición a la democracia… no es otro que el de la reconciliación de los españoles, superando los viejos conflictos que en su día originaron el enfrentamiento civil…»
Según las leyes y según la jurisprudencia comentada, la eficacia del perdón concedido por la Ley de Amnistía es, por tanto, única e irrepetible en la transición a la democracia. Su Majestad el Rey, en el discurso de apertura de las Cortes Constituyentes, el 22 de julio de 1977, pronunció estas palabras:
«…Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español…Hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz…Hemos de procurar eliminar para siempre las causas históricas de nuestros enfrentamientos… No podemos fracasar en esta tarea de crear y mantener la democracia, como han fracasado otros intentos históricos, pues sabremos interpretar adecuadamente lo que más convenga al servicio del pueblo español…»
Teniendo en cuenta tales ideas, y siguiendo estrictamente el mandato del pueblo español, los parlamentarios aprobaron una Constitución que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Una Carta Magna basada en la dignidad de la persona, a la que proclama fundamento del orden político y de la paz social. Una norma básica que destierra la pena de muerte, la cadena perpetua, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura y la violencia de género. Una ley máxima que es heredera de los maestros del humanismo, doctrina que alcanzó en España las cotas más altas.
Con el aval de la legitimidad constitucional de las Cortes Constituyentes, España asumió más tarde el noble e ineludible compromiso de perseguir los delitos contra la humanidad, propósito contenido implícitamente en Tratados internacionales. La alta legitimación con que Su Majestad firmó dichos Tratados emana de nuestro Estado de Derecho, uno de cuyos fundamentos histórico-constitucionales descansa en el acto de prudencia parlamentaria de nuestras Cortes Constituyentes que se tradujo en la Ley de Amnistía.
Al aprobar dicha Ley, los Constituyentes quisieron entregarse recíprocamente fraternidad y generosa renuncia, para convertirse así en constructores de la paz.
Alvaro Redondo Hermida es Fiscal del Tribunal Supremo.

jueves, 20 de noviembre de 2008

El origen de la guerra civil. Un disparate de Fusi, Pío Moa

En una entrevista, algo antigua, preguntaban a Juan Pablo Fusi: “Algún historiador (léase, Pío Moa) ha puesto en circulación la tesis de que la izquierda fue la responsable en 1934 de la posterior sublevación de Franco”.
Yo nunca he sostenido tal cosa. ¿Cómo iba Franco a sublevarse en 1936 porque la izquierda lo hubiera hecho en el 34? Lo que dijo Madariaga, tesis que sólo comparto a medias, es que la insurrección del 34 le había quitado a la izquierda todo derecho para condenar la derechista del 36. Fusi cae en la trampa y contesta:
“Otro disparate, y por cierto, ésa era la tesis oficial del franquismo, que siempre sostuvo que la revolución de octubre de 1934 había deslegitimado a la República, lo que no es cierto. La revolución fue un error de los partidos y sindicatos de la izquierda, no un fracaso de la democracia republicana como sistema. La responsabilidad de la guerra corresponde a los sublevados: a una parte del Ejército con más apoyo popular del que se dice; sobre todo aquí, en Navarra y Álava, que intentó un golpe de Estado para impedir el retorno de la izquierda republicano-socialista al poder tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, en una situación –primavera del 36– de desorden público preocupante. La división del Ejército y de las fuerzas de orden público hizo que el golpe fracasara y derivara en una guerra civil; el levantamiento militar provocó, además, un verdadero proceso revolucionario de la clase obrera en la zona republicana”.
Que yo sepa, el franquismo no sostuvo que la revolución del 34 hubiera deslegitimado a la República: ¡si fue el mismo Franco y la derecha quienes entonces defendieron la República y vencieron a los revolucionarios! ¿Y se puede llamar “un error” a la planificación de una guerra civil y al intento de llevarla a cabo con la máxima amplitud, como hicieron el PSOE y la Esquerra? Por supuesto, aquello fue un fracaso de la democracia republicana, porque ninguna democracia puede sostenerse si algunos de sus principales partido resuelven echarla abajo, como pasó entonces con el PSOE y los nacionalistas catalanes, apoyados por casi todo el resto de las izquierdas. Fue, desde luego, un enorme fracaso. Pero no necesariamente un fracaso definitivo.
La situación habría podido enderezarse si aquellas izquierdas hubieran corregido a fondo las ideas y posiciones que les habían llevado a rebelarse contra la República. Sin embargo, el estudio de su trayectoria posterior revela que no hubo ninguna corrección. Todas ellas, empezando por Azaña, justificaron y aplaudieron aquel comienzo de guerra civil, realizaron maniobras desestabilizadoras y desataron una campaña masiva de falsedades que envenenó de odio a gran parte de la población. Por estas razones, cuando la izquierda, unida en el Frente Popular, volvió al poder en febrero de 1936, tras unas elecciones que ya no cabe calificar de democráticas, lo que se produjo fue un doble proceso destructivo de la República: desde el poder, la demolición de la legalidad republicana con el fin de implantar un régimen parecido al del PRI mejicano e impedir la vuelta de la derecha al poder; y desde la calle y los campos, un violento proceso revolucionario (mucho, muchísimo más que “un desorden público preocupante”). Contra ese doble proceso, y con la convicción de que en España la democracia había llegado a ser inviable, se levantaron Franco y las derechas.
Por eso la insurrección de octubre del 34, que pudo quedarse como un suceso aislado, un fracaso superable, fue en realidad, como bien lo vio Brenan, “la primera batalla de la guerra civil”. Guerra que en 1936 se reanudó cuando quienes habían defendido y mantenido la República y la democracia en 1934, se vieron muy cerca de un completo aplastamiento. La República y la democracia empezaron a derrumbarse en febrero del 36. Por eso la guerra civil, sólo interrumpida en un octubre, se reanudó en un julio: hay un lazo de hierro entre ambas.
Tampoco tiene base, por tanto, la tesis de que la rebelión de julio del 36 “provocó un verdadero proceso revolucionario”. El proceso venía de bastante atrás y en aquel momento sólo perdió los últimos frenos. Y quien rompió esos frenos fue, en todo caso, el Gobierno del Frente Popular al armar a los sindicatos.
Libertad Digital

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Franco ha muerto, editorial de LD

Tras declarar extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento de Franco, Mola, Serrano Suñer, Cabanellas, Queipo de Llano, Muñoz Grandes y casi una treintena de altos cargos del llamado “bando nacional”, a los que acusaba nada menos que de delitos asimilables al genocidio, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido en un auto de más de 150 folios inhibirse de la citada causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas comunes que mandó abrir cuando se autodeclaró competente para instruir este delirante procedimiento el pasado 16 de octubre.
Algunos dirán que con esta resolución, Garzón no hace más que adelantarse a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía, entre otros motivos, por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde supuestamente se cometieron los crímenes.
La resolución, sin embargo, no deja por ello de ser menos esperpéntica y criticable. La supuesta responsabilidad penal de los acusados no sólo estaba extinguida por sus fallecimientos, acreditados desde muchos años antes del inicio de la causa, sino porque todo el sumario, de cabo a rabo, vulneraba y vulnera de forma flagrante la Ley de Amnistía, aprobada en 1977, y los plazos de prescripción de los delitos que establece el Código Penal.
Si no fuera por las heridas que ha reabierto con su maniquea pretensión de enjuiciar penalmente sólo los crímenes perpetrados por uno de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, por el dinero que ha costado a los contribuyentes, por el desprecio que ha manifestado a la legalidad vigente, y por el tiempo que ha dejado de dedicar a los asuntos pendientes y urgentes que aguardan en su juzgado, la esperpéntica actuación de Garzón hasta podría resultar cómica.
No hay que extrañarse, en este sentido, del hecho de que las principales asociaciones de jueces, sea cual sea su adscripción ideológica, hayan dirigido criticas a la actuación del juez, no sólo por el absurdo de remover Roma con Santiago para declarar muerto a Franco, sino también por endosar la situación que él ha creado a sus colegas de los juzgados territoriales.
Aunque hemos de suponer que todos los responsables de los juzgados territoriales tienen ya constancia del fallecimiento de Franco, tanto como de la Ley de Amnistía y de los plazos de prescripción de nuestro Código Penal, no hay que descartar que algunos de ellos quieran seguir los esperpénticos pasos de Garzón. Eso nos llevaría a un nuevo espectáculo como sería el de ver fallos judiciales contradictorios entorno a una misma causa. Y es que Franco habrá muerto, pero la truculenta “garzonada” puede seguir viva.
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