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miércoles, 23 de enero de 2008

Desaceleración, injusticia social y pánico bursátil, de Roberto Centeno en El Mundo

El fuerte incremento de la inflación en 2007, el peor dato en 12 años, y la subida del paro en más de 100.000 personas, que aumenta ya por encima de la creación de empleo, junto a la fuerte caída de los indicadores de clima económico, que ponen de manifiesto un proceso de desaceleración económica muy superior al esperado, delinean la que sin duda va a ser la mayor recesión de la economía española en muchas décadas. Y como las penas nunca vienen solas, lo que se pensaba sería un mal año bursátil, ha roto todas las previsiones y se ha convertido en autentico pánico vendedor, en un ajuste brutal del sobredimensionamiento del sector financiero respecto a la economía real, y tan ciego que ya no distingue entre buenos y malos.

Esta situación va a tener consecuencias dramáticas para una mayoría de familias, para quienes, a pesar del fuerte crecimiento absoluto, el reparto prácticamente medieval de la renta y la riqueza creado en la España de Zapatero ha producido ya una enorme pérdida de renta para un 60% de las familias, como cuantifica Julio Alcaide nuestro mejor estadístico y uno de los grandes de Europa, a lo que se añade, según los últimos datos de Eurostat, una pérdida de seis puntos de poder adquisitivo de los salarios respecto a la media europea. Y si esto ha sucedido en la época de vacas gordas, ¿qué no va a suceder ahora que han llegado las vacas flacas?

Pero antes de analizar estos hechos, parece necesario explicar qué sucede hoy. Y es claro, la confluencia de factores externos, perfectamente previsibles algunos, con unas políticas económica, energética y presupuestaria disparatadas que van en sentido contrario a lo que se necesitaba y la negativa rotunda de Zapatero a reconocer los problemas por motivos electorales y, en consecuencia a adoptar medida alguna, han creado una situación explosiva en nuestra economía que la crisis bursátil convierte en algo de consecuencias imprevisibles.

Y en este punto, como desgraciadamente en todos lo demás, las mentiras del vicepresidente Solbes y del Gobierno, afirmando que no son necesarias medidas porque «no existen problemas de fondo» en nuestra economía constituye una irresponsabilidad sin precedentes y un engaño masivo a los ciudadanos cara a las elecciones. Para empezar, es inaceptable que Solbes culpe de la inflación a factores exógenos cuando no ha realizado ni una sola de las reformas estructurales pendientes, lo que lleva a un encarecimiento desproporcionado de los productos básicos en su camino desde el productor al consumidor. O que Zapatero culpe al petróleo y al gas de todos nuestros males, cuando ha desarrollado una política energética demencial que ha prometido intensificar desmantelando todo el parque nuclear si gana las elecciones, lo que elevaría el recibo de la luz en un 40%, y que ha llevado nuestra dependencia exterior al máximo de todos los tiempos y al doble de la media europea, reduciendo nuestra eficiencia energética al 70% de la media de la UE-15.

Igual que resulta una tomadura de pelo el afirmar que no se puede hacer nada a corto plazo, cuando el exceso de gasto público es causa fundamental de las tensiones inflacionistas, y en lugar de unos presupuestos restrictivos, propone otros electoralistas y tan expansivos que ponen en peligro la estabilidad presupuestaria futura. Esta indignidad adquiere categoría de miseria moral cuando culpa de la inflación a la escasez de alimentos, por la sencilla razón de que, como comisario Económico en Bruselas, ha sido el primer responsable de la drástica reducción de la producción europea de alimentos. Solbes carece de autoridad moral para culpar a nada ni a nadie y, si no tiene la hombría de reconocer sus graves errores, al menos debería tener la dignidad de callarse.

Pero la realidad es todavía mucho peor por varias razones. La primera, porque la inflación empeorará por la enorme cantidad de inflación embalsada y por los efectos de segunda vuelta. La segunda, y esto es esencial, porque la inflación real sobre el 50% más pobre de la población es el doble del IPC. La tercera, porque la dimensión de la crisis inmobiliaria es muy superior a la prevista. La cuarta, porque el supuesto cambio del modelo de crecimiento es otra mentira más del Gobierno, las alternativas al ladrillo, el sector industrial y los servicios; el primero, acaba de entrar en recesión y, en el segundo, el crecimiento de las ventas de grandes empresas ha caído a cero en noviembre, se ha hundido en diciembre y el turismo se ha estancado. Y la quinta porque la crisis bursátil reducirá más aún el consumo, vía efecto riqueza, aniquilará expectativas, producirá una restricción todavía mayor en todo tipo de créditos y afectará a los resultados de las sociedades, hechos que harán poco eficaces la futuras reducciones de tipos.

Para Solbes «no existen problemas de fondo en la economía». Pero vamos a ver, una inflación que supera en un 50% a la media europea y un déficit exterior que es el más elevado del mundo, del que se derivan unas necesidades anuales de financiación gigantescas, de 100.000 millones de euros, ¿no es un problema de fondo? Un endeudamiento masivo de familias y empresas, en una situación de altos tipos de interés y fuertes restricciones creditícias, ¿no es un problema de fondo? Haber dejado el gasto del Estado en un 22% del total, la mitad de un Estado Federal, lo que nos impide realizar una política fiscal contra-cíclica pues el grueso de la capacidad inversora la tienen las autonomías y los ayuntamientos -algo insólito y disparatado que no sucede en ningún lugar-, ¿no es un problema de fondo?

Y luego la mendacidad del vicepresidente alcanza cotas nunca vistas cuando afirma que «España es hoy mucho más solvente». Para Solbes una economía cuyo déficit corriente y de capital se ha multiplicado por nueve, cuya deuda exterior se ha más que doblado hasta la astronómica cifra de 1,5 billones de euros, deuda que tendrá que devolverse en plena crisis, y cuya carga de intereses crece al 42% anual y supone ya el 3% del PIB, que ha perdido el 70% de sus reservas de oro y divisas -la persecución a la Iglesia católica y la pérdida del oro del Banco de España, como seña de identidad socialista, no ha cambiado en 70 años-, cuya productividad relativa a la media de la UE-15 ha retrocedido 40 años al nivel relativo de 1969, y que desde 2006 ha dejado de converger por primera vez en 11 años con la UE, resulta que es una economía mucho más solvente. ¿Qué pretende el señor Solbes con ese esperpento? Lo que no alcanzo a comprender es cómo la oposición no se lo ha comido con patatas.

Pero en el aspecto verdaderamente crucial, la distribución de la renta y la riqueza creadas que, como nos recuerdan los textos de economía, «es el resultado final y más importante de toda la actividad económica», la situación ha sido un desastre sin paliativos. La parte del trabajo en el PIB ha descendido dos puntos y medio a lo largo de la Legislatura -la cifra más baja de nuestra Historia y la más baja de toda Europa-, la presión fiscal ha subido a su máximo de todos los tiempos y el brutal incremento de presión tributaria -30.000 millones de euros/año- ha recaído en un 80% sobre la clase media y los pensionistas. El gasto social que ha crecido en términos absolutos, como no podía ser de otra manera, ha disminuido como esfuerzo social o porcentaje del PIB y brutalmente en términos per cápita donde ocupamos el último lugar de Europa.

Más específicamente, el último estudio de Julio Alcaide, que aunque al utilizar lógicamente cifras oficiales de inflación y población infravalora la realidad, aporta cifras sobrecogedoras. Mientras el 20% más pobre de la población recibe el 6,8% de la renta total, el 20% más rico recibe nada menos que el 44,2% del total, y dividiendo estas dos cifras se obtiene lo que los estadísticos denominan ratio de desigualdad, que se ha incrementado un 10% desde 2003, situándose en 6,5 en 2005 frente a una media de 5,5 para la UE-25 y de 4,2 para los países centrales. La estimación para 2007 es de 7,2, una ratio casi tercermundista.

El profesor Alcaide cuantifica también el índice de Gini, otra medida de la concentración de riqueza, su valor está entre cero y uno, y la desigualdad es mayor cuanto mayor es su valor. El índice de Gini ha alcanzado en la España de Zapatero su valor más alto desde que empezó a medirse hace 30 años -0,398 en 2005, un 4% peor que en 2003 y un 22% peor que la media europea- y en cuanto se conozca el de 2007 con la inflación creciendo un 60% por encima de los salarios, la cifra será espectacular.

Cara a 2008, hay dos escenarios posibles: el aterrizaje suave, un crecimiento del PIB entre el 2% y el 2,5%, y el aterrizaje brusco, un crecimiento del PIB entre el 1,5% y el 2%. En cualquiera de ellos, el mercado de trabajo va a sufrir el mayor ajuste en 35 años, las cuentas públicas entrarán en déficit, y será imprescindible una reestructuración presupuestaria; las suspensiones de pagos en el sector inmobiliario se multiplicarán y el sector financiero entrará en una fase de gran incertidumbre. Y esto era antes del pánico bursátil; ahora todo es peor y con un añadido, que nuestra economía es la más vulnerable de Europa, tanto por el nivel de endeudamiento exterior como por el fin del ciclo inmobiliario. Además, la caída de las cotizaciones obliga a varias de nuestras grandes empresas que han realizado compras masivas de participaciones totalmente a crédito -y garantizadas por el valor de estas participaciones- a poner cientos de millones de euros en nuevas garantías o en efectivo, algo que puede poner a alguna en serias dificultades.

Esta es la realidad económica de la España de Zapatero y, aunque ahora están presionando despiadadamente a todas las instituciones para que tengan el patriotismo de suavizar las cifras reales de paro -¿cómo es posible que las prestaciones por desempleo crezcan un 50% más que el paro registrado?- inflación y crecimiento, y así engañar a los ciudadanos, eso no cambiará la realidad. En esta situación, la designación de Manuel Pizarro como responsable del tema económico es a la vez una muestra de buen sentido y de esperanza para los españoles. Pizarro es un profesional de valía demostrada, capaz de abordar la crisis con rigor y eficacia, y un defensor a ultranza del interés común y del Estado de Derecho, es decir, la antítesis de Solbes, incapaz de tomar una iniciativa e incapaz de de sostener sus convicciones.

Es un auténtico dislate que con una economía en plena desaceleración, lo único que preocupa al Gobierno es el finiquito de Pizarro, cuando lo que debería preocuparle es el finiquito de los millones de familias que ya no llegan a fin de mes. Es además una burla que le ataquen por haber cobrado 2.500 millones de pesetas de indemnización, un 0,07% del dinero que hizo ganar a los accionistas de Endesa respecto a lo que pretendían pagarnos los amigos de Zapatero.

En definitiva, el pánico de ayer empeora notablemente la expectativas y, aunque Ben Bernanke, con su agresiva bajada de tipos, ha cambiado de momento el signo, las incertidumbres que se han despertado harán mucho más restrictivo el crédito y reducirán la inversión y el consumo en cualquier caso. A mi juicio, en España lo más efectivo a día de hoy sería una fuerte bajada de la fiscalidad a las familias para compensar la enorme pérdida de renta disponible originada por la inflación.

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM

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