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domingo, 11 de noviembre de 2007

Memoria histórica con parné (y el PSC a salvo del Euribor), de Carlos Segovia en Nueva Economía de El Mundo

DINERO FRESCO

Mañana aprobará la Comisión Constitucional la nueva ley de restitución a los partidos de los bienes incautados por Franco. Se enviará zumbando al Senado, porque las fuerzas políticas necesitan dinero. Y eso que, por ejemplo, el PSC paga a La Caixa un tipo fijo del 3% anual hasta 2020, y el PP recibe 7.000 euros diarios anónimos.

Cuando hay prisa, se nota. El pasado martes, Ramón Jáuregui y el resto de diputados del PSOE metidos en el asunto pactaron la última enmienda con el PNV y enfilan ya la Comisión Constitucional de mañana con todos los apoyos parlamentarios, salvo el del PP. El objetivo es enviar de inmediato la nueva ley al Senado, para que éste la devuelva a tiempo al Congreso de los Diputados y que el caso se cierre en esta legislatura en algún pleno escoba navideño final.

¿Alguna iniciativa legal urgente ansiada por millones de ciudadanos? No, se trata de la modificación de la llamada Ley de restitución o compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939. O sea, más memoria histórica, perocontante y sonante. Nada de retirada de símbolos o de rehabilitación moral de los represaliados por el franquismo. En este texto legal se trata también de parné, de dinerito extra para la financiación del PSOE y el grueso de sus socios parlamentarios.

Ya en 1998, el Gobierno en minoría de José María Aznar, accedió a aprobar una ley de este tipo, pero, ya con mayoría absoluta, la desarrolló en un reglamento en la que, según los partidos afectados, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pedía pruebas de bienes incautados imposibles de reunir tras la destructiva Guerra Civil. No obstante, Montoro repartió 27,8 millones de euros, sobre todo a PNV (10 millones) y al PSOE (otros 10). Pero ni Xabier Arzalluz arrancó a Montoro una compensación por la sede del Gobierno vasco en París (actual sede del Instituto Cervantes) ni el socialista José Blanco logró hacer la caja esperada con el abanico de casas del pueblo repartidas por España por Pablo Iglesias y eso que sontan de UGT como del PSOE, según él.

La Ley de 1998 ajustaba cuentas con la vomitiva Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, en la que el autoproclamado jefe del Estado y presidente del Gobierno, Francisco Franco, declaraba desde Burgos «fuera de la Ley a todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el sólo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional».

Todos ellos «sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes», agregó. La sede y la imprenta de El Socialista en Madrid, una extensa finca en torno a la ex Torre Windsor en Madrid o los casi 1.000 millones de pesetas de la época que tenía en cuentas bancarias el Partido Comunista de España fueron algunos de los bienes incautados.

Los partidos afectados no se consideran suficientemente resarcidos y esperan ahora una segunda ronda para poder sufragar los cada vez más elevados gastos electorales. Los 150 millones que Caldera le ha soltado a UGT -los sindicatos han gozado de una ley más generosa- han desatado envidia.

Así que el PSOE patrocina un nuevo texto que contempla indemnizar también por bienes fuera de España -guiño al PNV-, compensar por cuentas y alquileres con hasta 4 millones de euros por partido y valorar los inmuebles con menos cicatería que Montoro. Además, no harán falta tantas pruebas documentales, bastará incluso con testimonios para acreditar propiedades.

El diputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, se quedó solo el martes en contra de modificar la ley y pidió, al menos, que sólo se indemnizara a los bienes que los partidos poseyeran «a justo título», no vaya a ser, según la argumentación del diputado popular, que el PCE hubiera amasado dinero en 1936 de manera no lícita. No tuvo eco. El texto será aprobado mañana en la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra y, más allá del legítimo derecho a resarcirse del atropello franquista, resultará otro ejemplo de cómo los partidos legislan de otra manera cuando les afecta directamente. Hay que ver con qué discreción, con qué rapidez repentina, con qué discrecionalidad, se pueden tramitar leyes.

El PSOE logró aprobar también el pasado junio la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, donde casi hasta consigue el voto a favor del PP llevando la negociación con especial sigilo.

Con esa ley se ha obligado a Pedro Solbes a aumentar un 20% las subvenciones de 2008 a los partidos políticos -casi tres veces la media general del aumento del gasto del Presupuesto-. También se legitiman -sin límite- las «ayudas» que tengan a bien repartir a los partidos las autonomías y los ayuntamientos que ellos controlan.

Suprimen, eso sí, las donaciones anónimas, y limitan a 100.000 euros las identificadas, salvo que sean en forma de condonaciones, porque, en ese caso, no hay techo. Por cierto, que el pasado miércoles, se jactaba José Montilla en el Foro de la Nueva Economía de aumentar en un 32% el presupuesto de la Generalitat para vivienda en 2008. Muy loable respuesta al avance del Euribor. Pero hace ya tres años que al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) le trae al pairo cualquier subida de tipos de interés, porque su acuerdo con La Caixa consistió en el perdón de 7,15 millones de euros de intereses a cambio de devolver los 7,8 millones restantes a un cómodo tipo fijo anual del 3%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, esquivó como pudo el mes pasado en el Senado la pregunta de si eso es un acuerdo normal de mercado. Tampoco quiso opinar sobre los apaños de la nueva Ley de Financiación.

El PP, que recibe 7.000 euros de donación anónima al día -CiU casi otro tanto-, tampoco es quien para tirar la primera piedra. Cada uno se busca la vida, porque los 200 millones de subvención que todos los partidos se reparten cada año oficialmente no son suficientes. Sólo el PSOE y PP ingresan cada uno 60 millones, pero eso no les da y Unió, que preside Duran Lleida, ha tenido que pedir árnica a La Caixa, por dos millones impagados.

No han vuelto a trascender filesas, pero hay que poner orden definitivo y transparente para que quienes deben dar ejemplo cívico no tengan que exprimir la memoria histórica o recurrir a triquiñuelas o a privilegios.

carlos.segovia@elmundo.es

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