Blogoteca: Los riesgos de la Agencia Tributaria, por Gregorio Izquierdo (El Mundo)

lunes, 16 de julio de 2007

Los riesgos de la Agencia Tributaria, por Gregorio Izquierdo (El Mundo)

LAS BALANZAS FISCALES AUTONOMICAS

El autor advierte de las intenciones recaudatorias que persigue la Generalitat con la creación del nuevo organismo tributario. Considera que, no sólo pretende operar sobre sus ingresos, sino sobre los del resto del Estado recaudados en la región

El parlamento catalán acaba de aprobar la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. De esta forma, el desarrollo legal del Estatuto ha comenzado con uno de los temas más controvertidos, sobre el que han coincidido diversas cuestiones de inconstitucionalidad. No voy a entrar en el detalle jurídico de los recursos, sobre los que voces más autorizadas se han pronunciado a favor, pero sí me gustaría advertir que la urgencia con que se está implementando este punto del Estatuto no parece prudente. Se multiplican así las sospechas de que se quiera condicionar, por la vía cada vez más irreversible de los hechos consumados, aún más de lo que ya está, el sentido de la posible resolución del Tribunal Constitucional. Y es qué difícilmente podrá dejar de pesar sobre el Alto Tribunal, la circunstancia de que, si finalmente declara inconstitucional la nueva Agencia, podrían estar viciados de nulidad muchos de sus actos administrativos que no fueran todavía firmes.

La mayoría de los ciudadanos, probablemente pensarán que es intrascendente el hecho de que la Agencia Tributaria sea única o no a nivel nacional, lo que es del todo equivocado, ya que esta reforma, aparentemente técnica y de carácter administrativo, tiene importantes implicaciones financieras y operativas que, a la postre, inciden en el bienestar ciudadano.

Se ha intentando confundir a la opinión pública con el argumento de que ya existen órganos autonómicos parecidos a estas Agencias. Pero no resulta igual, el modelo actual, previsto en muchos Estatutos, en el que las autonomías, bajo un esquema de coordinación y colaboración administrativa, pueden gestionar e inspeccionar sus tributos propios o en su caso cedidos totalmente, que el que se avizora a futuro en Cataluña.

La principal diferencia es que su nueva agencia tributaria pretende operar no sólo sobre sus ingresos, sino también, por la vía futura de la delegación estatal, sobre los del resto del Estado recaudados en la región, incluso en tributos como el de Sociedades sobre el que se carece de competencias.

Aunque el proceso se inicie con una agencia consorciada, en el que la AEAT todavía participa junto con la agencia autonómica de nueva creación, el objetivo último, es que la nueva agencia autonómica sustituya a la estatal, quedando como única representante del poder coactivo del Estado en la región. Se abre así el camino de lo que podría ser un modelo futuro implícito de concierto, en el que sólo se compensaría a la Administración Central por sus gastos comunes, y en el que previsiblemente se ahorraría la mayor parte de su aportación directa e indirecta a la solidaridad con el resto del Estado, ya que al mantener la espita de la recaudación aumentarían las opciones políticas autonomistas para decidir sobre el destino último de sus recursos. Sería el triunfo de la opinión sembrada por las tesis victimistas de las «balanzas fiscales autonómicas», bajo un discurso político que resulta muy discutible técnicamente, tanto por el problema de la incidencia impositiva como el hecho de la equidad ha de interpretarse en función de las personas y no por medio del territorio donde éstas residan.

Bajo la perspectiva operativa, la fragmentación de la agencia tributaria, tampoco está exenta de disfunciones. A buen seguro, se multiplicarían los conflictos tributarios. En espacios tan interconectados como las economías nacionales, en los que funciona la unidad de mercado, la mayor parte de los hechos imponibles se generan en más de una jurisdicción fiscal, y todas ellas intentarán establecer criterios de sujeción o puntos de conexión tributaria lo más amplios posibles. Aumentaran así los casos de sobreimposición o solapamiento fiscal, ya que las posibilidades de coordinación de diversas agencias siempre serán inferiores a la situación actual de Administración única estatal. Desde el punto de vista de la eficacia en la gestión, lo más probable es que también aumentara el fraude fiscal, ante el surgimiento de nuevos espacios de posible impunidad fiscal, por el inevitable aumento de los problemas para intercambiar y compartir información tributaria. No son sólo las dificultades técnicas, sino las diferencias de incentivos que pueden surgir en una jurisdicción para maximizar su recaudación propia, a costa del resto.

En última instancia, la competencia fiscal, que ha traído tantos beneficios asignativos y de mejora de las preferencias ciudadanas a través del ejercicio de la capacidad normativa autonómica, se podría ver altamente distorsionada. La causa no sería otra que la desnivelación del campo de juego, recientemente denunciada por el presidente de CEOE, por los posibles agravios que puede haber entre regiones derivados de las diferencias de criterio y trato de los órganos de inspección y tutela judicial. Estos temores no son abstractos, ya que la experiencia parece avalar, que una Administración tributaria dispersa, tiene más riesgo de ser politizada y corrompida, con la consiguiente multiplicación de desigualdades de trato, que deslegitiman la acción pública en su conjunto..

Gregorio Izquierdo es profesor titular de Economía Aplicada de la UNED y director del Servicio de Estudios del IEE.

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